Atención integral a las personas mayores

Buenas noticias dejó el 2023. México ratificó la Convención Interamericana Sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, el único tratado internacional que, específicamente, resguarda a esta población. ¿Por qué es relevante esta ratificación? Porque consolida la obligación del Estado mexicano para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas mayores. Mandata políticas públicas con acciones afirmativas que, realmente, atiendan las necesidades de salud, vivienda, trabajo, sistema de cuidados, seguridad social, no solamente aquellas concentradas en el apoyo económico, que es el caso de la actual ayuda de 4,800 pesos bimestrales.

La ratificación de la Convención robustece la obligación del Estado mexicano de hacerse cargo del bienestar real de esta población. Las responsabilidades oficiales son más claras y explícitas, pues este tratado establece los criterios más vanguardistas, un nuevo paradigma en la defensa de los derechos humanos de las personas mayores. Por otra parte, el documento contiene un mecanismo de seguimiento que velará el cumplimiento de los compromisos adquiridos y la efectiva implementación de lo que establece la Convención. La ratificación de este tratado internacional era una asignatura pendiente. Es respuesta a la deuda histórica con este grupo vulnerable. Representa un gran avance, a fin de abandonar políticas públicas asistencialistas, al impulsar un modelo de derechos plenos, con igualdad y justicia social para alrededor de 15 millones de personas adultas mayores.

Obligaciones

El 15 de junio de 2015, en Washington, Estados Unidos de América, se adoptó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. México la firmó. Hasta el 13 de abril de 2023 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la ratificación de nuestro país. México se compromete a salvaguardar los derechos humanos de las personas mayores, sin discriminación de ningún tipo. Adoptará medidas para prevenir, sancionar y erradicar aquellas prácticas contrarias a la Convención, tales como abandono, sujeciones físicas prolongadas, hacinamiento, la negación de nutrición, tratamientos médicos inadecuados o desproporcionados, y todas aquellas que constituyan malos tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes que atenten contra la seguridad e integridad de la persona mayor.

Establecerá las medidas afirmativas y realizará los ajustes necesarios para el ejercicio de los derechos establecidos en la Convención. Se abstendrá de adoptar cualquier medida legislativa incompatible con la Convención, para acelerar la igualdad de hecho de la persona mayor y asegurar su plena integración social, económica, educacional, política y cultural. Aprobará y fortalecerá todas las medidas legislativas, administrativas, judiciales, presupuestarias y de cualquier otra índole, incluido un adecuado acceso a la justicia, a fin de garantizar a la persona mayor un trato diferenciado y preferencial en todos los ámbitos. Adoptará las medidas necesarias hasta el máximo de los recursos disponibles con el propósito de lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales sin perjuicio de las obligaciones que sean aplicables de inmediato en virtud del derecho internacional.

Promoverá instituciones públicas especializadas en la protección y promoción de los derechos de la persona mayor y su desarrollo integral. Hasta ahora, la Convención únicamente ha sido ratificada por Uruguay (que tuvo la iniciativa), Argentina, Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, Costa Rica, El Salvador y México.º

El desafío

La Convención es un instrumento de vanguardia mundial. Incluye no solamente los derechos civiles y políticos, también los llamados DESCA (derechos económicos, sociales, culturales y ambientales). El Estado mexicano deberá poner en acción nuevas políticas públicas y el robustecimiento del marco jurídico, a fin de armonizarlas con la normativa internacional y cumplir las obligaciones asumidas. Más allá de la pensión universal en beneficio de las personas mayores, se debe consolidar la seguridad social más amplia, bajo la luz del principio de progresividad, dado que ningún derecho puede ser restringido o limitado.

Pirámide invertida

Actualmente existen alrededor de 15 millones de personas mayores de sesenta años. Se estima que en 2030 habrá casi 21 millones. Y en 2050 este grupo etario aumentará a 35 millones. En cambio, en 2050 solo serán 25.7 millones los habitantes de 15 años y menos. Por lo que se refiere a la esperanza de vida, es de 82.6 años de edad para las mujeres y de 76 en el caso de los hombres. Más información respecto de la Convención Interamericana Sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores se puede consultar en: https://bit.ly/3uDQtGU

Ley Suprema, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 133: Los tratados relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por el Estado mexicano, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden jurídico interno.

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