Camino por recorrer: paridad y violencia política en razón de género

A pesar de los avances en el tema de la paridad de género, a nivel municipal es el principal reto en las elecciones locales del 2022. De acuerdo con la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y no Discriminación del Instituto Nacional Electoral, Norma De la Cruz, actualmente 26 por ciento de las presidencias municipales son dirigidas por mujeres.

Durante el foro Paridad, elecciones incluyentes y prevención de la violencia política contra las mujeres en razón de género, se informó que Durango implementa acciones afirmativas para garantizar la paridad a nivel municipal. Norma De la Cruz, consejera del INE, alertó del retroceso que se presentó durante los comicios del año pasado a nivel municipal.

En este contexto, es necesario que en las elecciones locales se articulen distintas sinergias para alcanzar el pleno ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres, así como de grupos históricamente discriminados.

La consejera Adriana Favela destacó la importancia de que, a la par de impulsar la participación política de las mujeres, haya herramientas suficientes para protegerlas y defenderlas ante la violencia política en razón de género.

La consejera local, Norma Beatriz Pulido, mencionó que se buscará ampliar el acompañamiento que ya se da a las mujeres candidatas que sufren violencia política de género a quienes ya ejercen el cargo, lo que se lograría a través de la Red de Mujeres Electas, ante la evidencia de que este fenómeno trasciende la contienda electoral.

Ni un paso atrás contra la violencia política

En Aguascalientes, donde se elegirá gobernador o gobernadora y se anticipa que la contienda será exclusiva entre mujeres, “el reto es grande, ya que la afectación de los derechos político-electorales de las mujeres y la violencia política en razón de género se sostiene y alimenta de una cultura patriarcal donde la violencia contra la mujer se encuentra normalizada y, por tanto, invisibilizada y aceptada”, aseguró el consejero del Instituto Nacional Electoral, Martín Faz. 

De cara a los seis procesos electorales locales, la consejera Norma De La Cruz recordó que en los comicios del 2021 se tuvo, por primera vez, la anulación de dos votaciones municipales por violencia política en razón de género, lo cual calificó como un mensaje contundente de que no se dará ni un paso atrás contra este fenómeno. Por ello, es necesario avanzar para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia desde una mirada interseccional e intercultural.

Cambio inevitable en Hidalgo

En Hidalgo, según la Secretaría del Bienestar, hay dos millones 192 mil 569 personas en el padrón electoral en condiciones de emitir su voto. Los municipios con mayor población son: Pachuca de Soto, con 314 mil 331 habitantes; Mineral de Reforma, con 202 mil 749 habitantes y Tulancingo de Bravo, con 168 mil 369 habitantes.

Ha sido un estado gobernado por el Partido Revolucionario Institucional, desde 1929. Este 5 de  junio se elegirá gobernadora o gobernador. La elección de este año significa un cambio histórico para el estado, porque sería la primera vez que una mujer podría gobernar; si esto no sucediera, entonces sería la primera vez que Hidalgo tuviera un gobierno de oposición.

En las mesas de trabajo sobre participación política de las mujeres en Hidalgo, los participantes coincidieron que los partidos políticos deben de trabajar para erradicar esta violencia, que se convierta en una realidad y no en una simulación. Deberán trabajar para dar resultados en la atención en casos de violencia política en razón de género, coincidieron las autoridades electorales.

Se mencionó que en Hidalgo se adoptó la regla Tres de Tres, pero se debe evitar que en los cargos de elección popular se encuentren personas que hayan sido sancionadas por violencias desde el ámbito doméstico, sexual o deudores  alimentarios.

Oaxaca

La especialista en Derecho Constitucional y Amparo, Elizabeth Bautista Velasco, recordó que los pendientes que se tienen en el tema de paridad es impulsar la iniciativa de incrementar el presupuesto en materia de capacitación política de mujeres y perspectiva de género. Se presentó una iniciativa en febrero, se aprobó en la Cámara de Diputados con 480 votos, fue al Senado y el cambio radica en que se destine entre el tres y el 10 por ciento del financiamiento público para la capacitación, promoción y liderazgo político de las mujeres, aclaró.

Por otro lado, está el perfeccionar la Tres de Tres contra la violencia, hacerla obligatoria para que los partidos políticos deban analizar si alguna de las personas postuladas a un cargo de elección popular incurre en cualquiera de estos supuestos: violencia familiar, violencia sexual, o son deudoras alimentarias morosas, y además llevarla más allá, no solamente para quienes aspiren a un cargo, es decir, no sólo al nivel de aspirantes, precandidatas, precandidatos, candidatas y candidatos, sino también para las personas que ya ejercen un cargo púbico.

También se necesita analizar los casos de violencia política en razón de género; otro punto es incrementar el porcentaje del tiempo en radio y televisión con lineamientos del INE. Se estableció el 40 por ciento, “yo creo que podemos como medida progresiva aumentarla y que, al menos, sea el 50 por ciento”, aseguró la académica.

Por último, hay que ir trabajando y afinando mecanismos para llevar a cabo acciones afirmativas, el Principio de Igualdad Sustantiva y no Discriminación es claramente el sustento constitucional y convencional de medidas de ajuste a favor de personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad. En el pasado proceso electoral el INE acordó distintas acciones afirmativas para personas indígenas, afromexicanas, con discapacidad, de la diversidad sexual, migrantes y residentes en el extranjero.

“Con estas postulaciones logramos que a nuestra Cámara de diputados y diputadas llegaran 65 personas electas por las acciones afirmativas que implementamos, 37 indígenas, ocho con alguna discapacidad, seis afromexicanas, cuatro personas de la diversidad sexual y 10 de personas migrantes y residentes en el extranjero”.

Tamaulipas

Para Mayra Gisela Lugo Rodríguez, consejera Electoral del Instituto Electoral de Tamaulipas, hablar de paridad y participación en el proceso electoral 2021-2022 es responsabilidad de las autoridades electorales; está más allá de garantizar la participación de las mujeres en las boletas, “al menos en tres de las seis entidades federativas donde ser renovará la titularidad del poder ejecutivo local”.

Si bien el principio de paridad cada vez es más palpable en los órganos de representación popular, no podemos dejar de lado que todavía la participación política de las mujeres se ve mermada, debido a limitantes de la cultura política. En este ámbito es donde observamos un preocupante incremento de acoso y violencia en razón de género que sufren las mujeres que se desempeñan en el ámbito público o político. Éste es el principal obstáculo para alcanzar la paridad sustantiva, aclaró.

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