Democracia: Entre el interés legítimo y el procedimiento legal

Hay una idea generalizada de que democracia es la suma de voluntades, que las decisiones pequeñas o grandes las toma la mayoría, generalmente la mitad más uno, aun cuando no los mueva un interés legítimo, pero se cumpla con el procedimiento legal. Tampoco es democracia cuando las decisiones se toman bajo el influjo de la manipulación, el cohecho, la irracionalidad, pero se cumple con el factor numérico de contabilizar resultados.

El germano británico Lord Ralf Dahrendorf, citado por León E. Bieber, en su texto Democracia: apreciaciones sobre un concepto multifacético, habla de una severa crisis de la democracia, bajo el argumento de que la actual invención dominante de su significado en el ámbito intelectual es una versión liberal, minimalista y procedimental, que se trataría de “un discurso de la ‘democracia’ profundamente ideologizado y por tanto de desconocimiento, de encubrimiento de realidades políticas de dominación”.

Si el término democracia, que significa el gobierno del pueblo, es una connotación que nos remite al siglo VI a.C., y aunque se considera la base y esencia de cualquier sistema democrático actual, las condiciones económicas, sociales y, sobre todo, tecnológicas, nos alejan de esa concepción primaria, porque pese a que se opone a formas absolutistas de poder, las ideologías dominantes de los sistemas políticos hegemónicos implican formas más sutiles de dominación, eso sí, con el señuelo de la democracia.

Desde 2018, líderes ubicados a la izquierda del espectro político llegaron a la presidencia de México, Argentina, Bolivia, Perú, Honduras, Chile y Colombia. En octubre habrá elecciones en Brasil, donde el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva tiene amplia ventaja en las encuestas de intención de voto, cuyo eventual triunfo dejaría a las siete naciones más pobladas de Latinoamérica y sus seis mayores economías en manos de la izquierda.

¿Los gobiernos de izquierda son democráticos? Digamos que velan más por el bienestar de sus representados y esto solamente es posible en una democracia que va más allá de la perspectiva electoral, en regímenes que promueven y permiten el respeto irrestricto de los derechos y libertades de las personas, la creación de oportunidades iguales para todos, la vigencia del Estado de derecho, la formación de valores de igualdad, tolerancia y respeto mutuo a las diferencias, que son fundamento básico de las relaciones sociales pacíficas. En esas condiciones, la toma de decisiones se hace mediante ejercicios de democracia semidirecta, con gobiernos representativos.

Pero poco a poco se fortalecen los mecanismos de participación ciudadana que se ejercen para opinar y solucionar problemas en asuntos que competen al Estado. Estas figuras son el plebiscito, el referéndum, la consulta ciudadana, la consulta popular y la iniciativa popular.

En México, el último ejercicio de participación ciudadana se realizó el 10 de abril de 2022 para que, mediante referéndum, los mexicanos eligieran remover o no al presidente de sus funciones. De acuerdo con los resultados, del 90.3 por ciento de votación emitida, el 91.9 de electores apoyó la continuidad de Andrés Manuel López Obrador en la Presidencia.

No obstante, hubo baja participación; solamente 17 por ciento del padrón acudió a votar; tampoco resultó vinculante, porque se requería 40 por ciento del padrón para serlo.

El ejercicio se puso en práctica a partir de la aprobación de la Ley Federal de Revocación de Mandato, publicada el 14 de septiembre de 2021. Incluso, el propio presidente impulsó tanto la ley como su ejercicio.

En realidad, se trató de una práctica porque las iniciativas de este tipo deben surgir de los ciudadanos dado que lo sometido a juicio es el desempeño de un presidente y en este caso no fue así, sino que el mandatario mismo puso el cargo en las manos de los ciudadanos.

La baja participación, sin embargo, significa dos cosas, que la ciudadanía no está acostumbrada a que se le pregunte, se le considere, o no se tomaron en serio la revocación debido a la alta aceptación de su gestión al frente del Ejecutivo.

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