Harumi Moreno Flores
El 17 de octubre de 1953 se consolidó una de las mayores conquistas sociales de México: el reconocimiento del voto femenino. Este logro fue posible gracias a pioneras como Elvia Carrillo Puerto, primera mujer electa diputada en el país y símbolo del movimiento sufragista, cuya lucha abrió el camino para que las mexicanas pudieran ejercer plenamente sus derechos políticos.
Elvia Carrillo Puerto, conocida como “La Monja Roja del Mayab”, es recordada como una de las figuras más importantes en la lucha por los derechos de las mujeres en México. Originaria de Yucatán, fue la primera mujer diputada electa en nuestro país, cargo que asumió gracias a su incansable labor en favor de la igualdad y la justicia social. Durante su trayectoria política, impulsó reformas a favor de la educación femenina, la salud y el bienestar social. Creó las bases para que la participación de las mujeres fuera una realidad tangible.
Durante décadas, Hermila Galindo, Elvia Carrillo Puerto, Margarita Robles, María Ríos Cárdenas y Esther Chapa, exigieron el derecho al voto a través de manifestaciones, huelgas de hambre y mítines políticos. Fueron pioneras al postularse como candidatas para ocupar cargos públicos.
Elvia Carrillo Puerto se convirtió en diputada local por Yucatán en 1923, una de las primeras mujeres en ejercer un cargo legislativo en México, mientras que otras líderes participaron en candidaturas locales y municipales, promoviendo la participación de las mujeres. Su ejemplo y compromiso inspiró a miles de mexicanas a involucrarse activamente en la vida pública del país.
El 17 de octubre de 1953 se publicó la reforma constitucional que permitió a las mujeres mexicanas votar y ser electas a cargos públicos. Este cambio representó una transformación profunda, ya que hasta ese momento la ciudadanía femenina estaba limitada y las decisiones políticas quedaban únicamente en manos de los hombres.
La reforma no solo fue un logro legal, sino el reconocimiento de la importancia de la igualdad de género. Se trató de un paso decisivo hacia la inclusión y la justicia, que sentó las bases para futuras reformas en materia de participación política, derechos laborales y representación equitativa en todos los niveles de gobierno. La publicación de esta reforma se celebra cada año como un recordatorio de la valentía de aquellas mujeres que no se conformaron con los límites impuestos en la sociedad de su época.
La aplicación de la reforma se materializó el 3 de julio de 1955, cuando más de 3 millones de mexicanas acudieron por primera vez a las urnas en una elección federal. Este momento histórico no solo representó la oportunidad de ejercer un derecho recién adquirido, sino la posibilidad de influir directamente en el rumbo del país.
En esas elecciones se demostró la fuerza del voto femenino y su impacto en la vida democrática de México. Desde aquel entonces, la ciudadanía femenina ha sido un pilar fundamental en la consolidación de instituciones y decisiones que buscan el bienestar común, marcando un antes y un después en la historia electoral.
Ese mismo año, Aurora Jiménez de Palacios se convirtió en la primera diputada federal de México. Su elección significó un paso histórico hacia la participación femenina, confirmando que la reforma constitucional no solo otorgaba derechos, sino que también significaba oportunidades reales de representación.
La presencia de Aurora en la Cámara de Diputados envió un mensaje claro: las mujeres podían ocupar espacios de poder y tomar decisiones que impactaran a toda la nación. Su ejemplo sirvió de inspiración para generaciones posteriores, consolidando la idea de que la igualdad de género es un objetivo alcanzable y necesario.
México es uno de los pocos países del mundo con paridad constitucional, lo que garantiza que la mitad de los cargos públicos sean ocupados por mujeres. Esta conquista histórica no habría sido posible sin el esfuerzo colectivo de figuras como Elvia Carrillo Puerto y Aurora Jiménez de Palacios, quienes desafiaron las normas de su tiempo y promovieron un cambio profundo en la estructura política del país.
La paridad de género en México es un ejemplo de cómo las reformas legales, acompañadas de la participación activa de la ciudadanía, pueden transformar la sociedad y asegurar que los derechos de todas las personas sean respetados. Además, sirve como recordatorio de que la igualdad no es solo un derecho, sino un deber compartido que requiere vigilancia y compromiso constante.