El escudo contra la extorsión, un delito en aumento

En materia de seguridad pública el principal reclamo de la sociedad es acabar con el delito de extorsión que padece la ciudadanía y crece en todo el país.  70% de esta actividad criminal se concentra en ocho entidades, entre ellas, Veracruz, Estado de México y Nuevo León. 96% de estos delitos no son denunciados y destacan dos modalidades: la estafa telefónica y el cobro por derecho de piso.

La extorsión es un cáncer criminal que afecta a empresas, empleos, inversiones extranjeras y nacionales, así como el crecimiento. En los últimos diez años aumentó 87 por ciento. 96 de cada 100 de estos delitos no son denunciados y pasan a ser parte de la cifra negra.

En septiembre el Congreso de la Unión (la Cámara de Diputados y el Senado de la República) aprobó la iniciativa presidencial (presentada el 10 de julio) que reforma el inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política, a fin de expedir la Ley General contra la Extorsión, en la que se establezcan los tipos penales y las sanciones, entre otros puntos.

Las disposiciones legales de la federación y de las entidades federativas en materia de extorsión continuarán vigentes hasta en tanto el Congreso de la Unión emita la ley general.

En el Código Penal Federal se tipificó esta conducta, pero en 1984. Actualmente, la extorsión ha evolucionado a la par de las nuevas tecnologías y en estrecha relación con las actividades de la delincuencia organizada. En ese sentido, el modus operandi supera contundentemente la norma. Por otro lado, puesto que cada estado codificó su tipo penal y su propia sanción, se complicó la atención de este flagelo.

La ley contra la extorsión, combate certero

• Unificará el tipo penal; homologará las sanciones. Actualmente, por ejemplo, mientras en Oaxaca o Yucatán las penas mínimas para este delito son de 1 a 3 años, en Chihuahua las penalidades llegan hasta 30 años de cárcel.
• Se perseguirá de oficio.
• Agravantes: cuando los agresores sean servidores públicos y policías; que el delito se cometa en contra de mujeres, de personas adultas mayores y de la niñez.
• Igual que el secuestro, la extorsión se castigará con sentencias sin beneficios preliberacionales o de buena conducta, para garantizar que los delincuentes cumplan su condena completa.
• Sancionará también la tentativa.  
• Revisará lo penal y lo procedimental.
• Robustecerá la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030.
• Fortalecerá la concurrencia, la coordinación de la federación y las entidades federativas, en los tres niveles de gobierno, para tener mayor capacidad de respuesta ante este delito de alto impacto, a fin de prevenir, investigar y sancionar la extorsión bajo un mismo modelo nacional.
• Cimenta las bases hacia un México más seguro.
• Atención efectiva a las personas víctimas, ofendidas y testigos.

Así, la próxima nueva ley general contra la extorsión unificará criterios y cerrará vacíos legales. 
La extorsión no es un delito menor, la padece todo México (estados, municipios, las personas y las comunidades). Es una sombra letal que se expande, sacrifica vidas, acaba con familias, invade hogares, negocios y poblaciones.

La extorsión crece. Se adapta a las nuevas tecnologías. Se ejerce con alto grado de impunidad porque las víctimas, en la mayoría de los casos no denuncian por temor a represalias de la delincuencia y desconfianza hacia las autoridades.

De acuerdo a cifras oficiales, en los últimos seis años la extorsión aumentó 57 por ciento, aunque la mayoría de estos delitos no son denunciados.

Datos del Inegi establecen:  en 2023 la extorsión fue el delito más frecuente contra las unidades económicas con un costo superior a 124 mil millones de pesos, equivalentes al 0.51 del Producto Interno Bruto.

Representan a familias, trabajadoras, pequeños empresarios o pequeños comerciantes que viven constantemente bajo esta amenaza, con miedo y el temor de la pérdida patrimonial, amén de otro tipo de acechos contra su integridad física y la de sus familiares.

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