Luz María Mondragón
En México hay más de 30 millones de jóvenes de entre 15 y 29 años. Representan el 30% de la población. En 2020 se les reconoció como grupo poblacional constitucionalmente relevante. Sus retos: empleo formal digno, vivienda, educación, seguridad social. Y falta concretar dos documentos fundamentales para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos: la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes y la Ley General en Materia de Personas Jóvenes.
Durante la LXIV Legislatura se lograron reformas constitucionales que establecieron que las personas jóvenes son sujetos de derechos. Especialmente la reforma a los artículos 4º y 73 de la Constitución, en materia de juventud (DOF, 24 de diciembre de 2020). El primero establece que el Estado promoverá el desarrollo integral de las personas jóvenes, a través de políticas públicas que propicien su inclusión en el ámbito político, social, económico y cultural del país.
Sin embargo, por otra parte, se requieren nuevos avances a favor de las juventudes. Los prioritarios, ratificar la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, y el Pacto Iberoamericano de Juventud, así como expedir la Ley General en Materia de Personas Jóvenes.
En la Cámara de Diputados la causa juvenil es parte de la agenda legislativa. Se promueve la inclusión de legisladores jóvenes. Todos los Grupos Parlamentarios están comprometidos con ellos. Por ejemplo, se fomenta su participación en el Poder Legislativo, a través del programa “Jóvenes legislando 2025”.
Retos de la juventud
Uno de los principales problemas es el difícil acceso a la educación, sobre todo para las y los jóvenes de comunidades indígenas, de los pueblos originarios,
de las zonas rurales, porque lograr mejores niveles educativos significa salir de los lugares donde nacieron.
Políticas públicas como la “Beca universal para estudiantes de educación media superior Benito Juárez”, sin duda es un apoyo a fin de que las personas jóvenes sigan estudiando.
Quienes no logran ingresar a universidades públicas tienen que estudiar en instituciones privadas. Por tanto, no les alcanza para satisfacer sus necesidades de alimentación, hospedaje, transporte, libros, renta, etcétera. La consecuencia es que no concluyen su formación universitaria, se quedan sin título académico y sin oportunidades de empleo formal.
Otra problemática es que, al finalizar la universidad, hay jóvenes que sí desean regresar a sus comunidades de origen, pero en ellas no encuentran oportunidades de empleo formal.
Tratados internacionales
La firma de tratados internacionales y la expedición de la ley en materia de personas jóvenes tienen la finalidad de reconocerlas como grupo vulnerable, por lo que deberán ser incorporadas a oportunidades de empleo pleno, productivo e igualdad salarial entre hombres y mujeres.
Hasta ahora el gobierno de México no ha ratificado la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes.
Quizás debido al tema del servicio militar. Probablemente habría un debate: si las y los jóvenes, principalmente los hombres, deben cumplir obligatoriamente con el servicio militar o no. No se les podría obligar.
¿Por qué es fundamental ratificar esta Convención?
La Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes (CIDJ) es el único tratado internacional centrado en los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de esta población. Es de cumplimiento obligatorio para los Estados que la han ratificado. Salvaguarda de la vulnerabilidad a las juventudes.
Sin embargo, después de varios años de haberla firmado, el gobierno mexicano no ha ratificado este documento internacional.
El Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, debe concretar el proceso de ratificación de la Convención, así como su Protocolo Adicional (denominado Pacto Iberoamericano de Juventud) con el fin de ampliar el marco jurídico nacional de protección a sus derechos y establecer obligaciones concretas.
La Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes entró en vigor en 2008. Sucedió que cuando este tratado fue suscrito, el representante de México estampó a un lado de la firma la leyenda "ad referendum". Conforme a lo dispuesto por el artículo 12, párrafo segundo, de la Convención de Viena de 1969, Sobre el Derecho de los Tratados, significa que la firma requiere de la confirmación posterior del Estado parte.
Luego, el Pacto Iberoamericano de Juventud fue aprobado durante la XXV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno (octubre de 2016, en Cartagena de Indias, Colombia).
Ratificar la Convención significaría la aceptación del Estado mexicano de la necesidad de generar las condiciones adecuadas para el desarrollo de la juventud. También el reconocimiento de ciertos derechos.
Por mencionar: el derecho al trabajo (artículo 26), especialmente la dignidad del primer empleo; y el derecho a ser objetores de conciencia frente al servicio militar obligatorio (Derecho de objeción de conciencia, artículo 12).
Una de las principales causas que vulneran a la población joven es la problemática del primer empleo, con el salario suficiente para todas sus necesidades.
La CIDJ no sólo reconoce derechos. También crea un instrumento que supervisa el cumplimiento de las políticas públicas del Estado mexicano en materia de juventudes.