En 2024 mayoría en el Congreso

El proceso electoral para elegir casi 20 mil cargos federales y locales, además de presidente de la República, ya empezó. El triunfo de cualquiera de las corcholatas está más que anunciado, aunque en política no hay nada escrito. Sin embargo, los reflectores del interés, tanto de Morena como de la oposición están en alcanzar la mayoría calificada en el Congreso, esto es, 60 por ciento o la tercera parte de la asamblea legislativa, para sacar, entre otras, la reforma al Poder Judicial y el bloque opositor, para impedirla.

Hasta ahora, el bloque conformado por el PAN, PRI y PRD han tenido como su mejor aliado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para declarar inconstitucionales una serie de reformas que fueron aprobadas en el Congreso y desde ese mismo poder fueron impugnadas, por ejemplo, la reforma electoral en su fase A, que luego de ser invalidada por la Corte, Morena pasó a un “Plan B”, que también fue desechado por los togados, así que en las próximas elecciones se aplicarán la Ley Electoral y las demás complementarias vigentes.

Hay que recordar que en 1997 se perdió la hegemonía priista y la pluralidad se instaló en el Congreso bajo un esquema de gobiernos divididos. Desde entonces, cada nueva legislación tuvo que ser negociada con la oposición. Sin embargo, en este último sexenio, como en ningún otro, se utilizó una lluvia de recursos como el amparo y las acciones de inconstitucionalidad en contra de reformas estructurales ya aprobadas en el Congreso que fueron admitidos y validados por la Corte.

Un cuarto de siglo después, el Ejecutivo y su partido buscan afanosamente construir una mayoría legislativa que avale sus propuestas.

A la contienda de 2024 Morena llegará gobernando 21 de los 32 estados más sus gobiernos aliados de Morelos y San Luis Potosí.

La Constitución Política establece reglas claras a las que deben ajustarse las y los servidores públicos en los procesos electorales, por ejemplo, la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos y no influir en la equidad de la contienda electoral; permite dar continuidad a los programas gubernamentales y actividades institucionales; pueden asistir en días inhábiles a eventos de proselitismo electoral, pero no deberán transportarse en vehículos oficiales, ni portar vestimenta o distintivos con logotipos de la dependencia o institución a la que pertenecen.

Métodos de selección de los candidatos

El Consejo Nacional de Morena determinó que será a través de cinco encuestas, cuatro externas más una que realizará Morena para designar al Coordinador de los Comités de Defensa de la 4T y contaría con su candidata o candidato para agosto. Sus figuras más fuertes son la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; el excanciller Marcelo Ebrard y el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López y el senador Ricardo Monreal; pero también se han registrado Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo, y Manuel Velasco, del Partido Verde, aliados de Morena, legisladores con licencia.

Los aspirantes no podrán realizar debates públicos o caer en descalificaciones entre ellos, para privilegiar la unidad del partido. El 16 de junio fue la fecha límite para el registro de aspirantes y el lunes 19 comenzaron los recorridos para que los aspirantes difundan los logros de la Cuarta Transformación.

Del 19 de junio al 27 de agosto, dado que aún no inician oficialmente los tiempos electorales, a sus eventos proselitistas —para los que tienen prohibido usar recursos públicos y derrochar en gastos publicitarios— le llamarán “asambleas informativas”. Los aspirantes tienen prohibido confrontarse y descalificar a los otros contendientes. Quienes queden en segundo y tercer lugar en las encuestas tienen garantizada la coordinación del partido en el Congreso o una cartera en el gabinete del sucesor presidencial. Los demás aspirantes tendrán un lugar garantizado como legisladores plurinominales.

Los gobernadores, legisladores y funcionarios federales tampoco podrán manifestar públicamente su inclinación por alguno de los aspirantes. Luego de los recorridos por el país, que terminan el 27 de agosto, a partir del día siguiente y hasta el 3 de septiembre se levantará la encuesta; del 4 al 6 se procesará la información y ese mismo día se darán a conocer los resultados.

En tanto, el bloque opositor registró a Beatriz Paredes, Jorge Luis Preciado, Gabriel Quadri, Silvano Aureoles, Santiago Creel, Enrique de la Madrid, Xóchitl Gálvez, Francisco García Cabeza de Vaca, Ignacio Loyola y Miguel Ángel Mancera, así como a los representantes de la sociedad civil Israel: Rivas Bastidas, Sergio Iván Torres Bravo y José Jaime Félix; Movimiento Ciudadano (MC) irá por su cuenta. El ganador será el responsable para la construcción del Frente Amplio por México.

El método consta de tres etapas. La primera fue la inscripción de aspirantes a la candidatura, a partir del 4 de julio, ante la comisión de registros de cualquiera de los tres partidos. Además, cada uno debería buscar el respaldo de 150 mil firmas, como mínimo.

De acuerdo con la ley, aún no inicia el proceso electoral formal, así que para evitar sanciones del Instituto Nacional Electoral (INE) se creó el Frente Amplio por México, de acuerdo con un artículo de la Ley de Partidos que permite la formación de frentes “para alcanzar objetivos políticos y sociales compartidos de índole no electoral”.

La segunda etapa, luego de haber cumplido con las firmas, consistía en un debate con los aspirantes, para proseguir con estudios de opinión pública y elegir solo a los tres personajes con las mejores calificaciones, quienes pasarán a la tercera etapa, en la que se enfrentarían en cinco debates más y nuevos estudios de opinión.

El 3 de septiembre se celebrarán elecciones primarias en las que podrían participar únicamente quienes se hubiesen registrado en la plataforma electrónica de la primera etapa.

Sin embargo, ya no fue necesario realizar ese proceso de elección luego de que Beatriz Paredes -antes lo hizo hizo Santiago Creel- declinara en favor de Xóchitl Gálvez como la responsable de construir un Frente Amplio por México.

Delitos electorales

Los delitos electorales están tipificados en la Ley General en Materia de Delitos Electorales cometidos por quienes prestan un servicio público, como son coaccionar o amenazar a sus subordinados para que participen en eventos proselitistas, para que voten o se abstengan de votar por un candidato(a), partido político o coalición; condicionar cualquier servicio público, trámite o programa gubernamental con fines electorales. Si el programa es de naturaleza social, la pena alcanza hasta 12 años de prisión. Destinar, utilizar o permitir la utilización de recursos públicos con fines electorales; solicitar a sus subordinados, por cualquier medio, aportaciones en dinero o en especie para fines proselitistas; abstenerse de entregar o negar, sin causa justificada, la información solicitada por las autoridades electorales.

La Ley establece sanciones para quienes cometan estos delitos, que van desde la destitución e inhabilitación de 2 a 6 años, hasta la multa de 200 a 400 días y prisión de 2 a 9 años.

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