Hacia la inclusión laboral de personas con discapacidad

El 3 de diciembre es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Así fue declarado en 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, este sector de la población enfrenta barreras que limitan su participación en la sociedad y les impiden la igualdad de oportunidades.

Por lo anterior, se hace necesario iniciar acciones que deriven en el empoderamiento de este grupo de personas, de sus familias y el de las organizaciones que las representan.

El Presupuesto de Egresos 2023 plantea destinar para el próximo año 871 mil 569 millones de pesos, que incluyen las reasignaciones al gasto que hizo la Cámara de Diputados, que le sumó 6 mil 342 millones de pesos, lo que representa un aumento de 19.7 por ciento en términos reales, en comparación con lo aprobado para 2022.

De acuerdo con un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), los programas que recibieron mayor aumento son la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, con 36.6 por ciento; Sembrando Vida, 20.3 por ciento y Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, 16.4 por ciento.

El Congreso también trabaja en reformas para resguardar los derechos de las personas con discapacidad, entre ellas, la última modificación a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en materia de derecho al trabajo digno. Ésta se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 27 de octubre de 2022 y establece que entrará en vigor el día siguiente al de su publicación.

En este sentido, se reformó el primer párrafo y las fracciones I, II, III y IV del artículo 11 de la ley, para quedar como sigue:

Artículo 11. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social promoverá el derecho de las personas con discapacidad al trabajo digno y al empleo, en igualdad de oportunidades y equidad, de manera que se les otorgue certeza en su desarrollo personal, social y laboral. Para tal efecto, realizará las siguientes acciones:

Prohibir cualquier tipo de discriminación por motivo de discapacidad en la selección, contratación, remuneración, tipo de empleo, reinserción, continuidad, capacitación, liquidación laboral y promoción profesional; asegurando condiciones de trabajo accesibles, seguras y saludables.

Diseñar, ejecutar, evaluar y promover políticas públicas para la inclusión laboral de las personas con discapacidad atendiendo a sus competencias laborales, tanto en el sector público como en el privado, de modo que se proteja la capacitación, el empleo digno, la contratación y los derechos laborales, en su caso, de las personas con discapacidad.

Elaborar e instrumentar el programa nacional de trabajo y empleo para las personas con discapacidad, que comprenda la capacitación, creación de agencias de inclusión laboral, acceso a bolsas de trabajo públicas o privadas, centros de trabajo con infraestructura, así como inserción laboral de las personas con discapacidad en la administración pública de los tres órdenes de gobierno, a través de convenios con los sectores público, social y privado.

Proporcionar asistencia técnica y legal a los sectores productivos que así lo soliciten, tanto sociales como privados, en materia de derechos e inclusión laboral para personas con discapacidad.

Contexto

Las modificaciones y reformas son pertinentes, sobre todo al considerar que el Informe Mundial sobre la Discapacidad de 2011, publicado por la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial, reveló que alrededor del 15% de la población en el planeta está constituida por personas con discapacidad y que este número seguirá creciendo, debido al incremento en la esperanza de vida, así como en los problemas crónicos de salud que agravan el riesgo de adquirir una discapacidad.

Es decir, se puede desarrollar una discapacidad derivada en el caso de la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y los trastornos mentales ocasionados por el estrés, la violencia y otros factores que afectan la estructura psicológica de las y los mexicanos.

En México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014 (ENADID), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el número de personas con discapacidad en el país equivale al 6% de la población, lo que representa alrededor de 7.2 millones. Las encuestas consideran esta condición como una realidad que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones que el resto de la población.

Según el INEGI, en 2014 la mitad de la población con discapacidad del país se concentraba en siete entidades federativas: Estado de México (14.6%), Jalisco (8.1%), Veracruz (7.5%), Ciudad de México (5.8%), Guanajuato (4.6%), Puebla (4.5%) y Michoacán (4.4%). Respecto de la distribución porcentual de la población con discapacidad por grupo de edad, la mayoría son personas mayores.

Tipos de discapacidad

En el mismo año, el INEGI también reveló que del total de la población con discapacidad, el 64.1% presentó dificultad para caminar, subir o bajar usando sus piernas; el 58.4% reportó grave o severa dificultad para ver; el 38.8% tenía dificultad para aprender, recordar o concentrarse; el 33.5% una deficiencia para escuchar; el 33% para moverse o usar sus brazos o manos; el 23.7% tenía dificultad para bañarse, vestirse o comer; el 19.6% tenía problemas emocionales o mentales, y el 18% lo conformaban las personas con dificultades para hablar o comunicarse. Se observó que una persona puede tener más de un tipo de dificultad, por ello, la cantidad de los diversos obstáculos registrados es mayor que el número de personas con discapacidad.

Discriminación

La Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, realizada en el 2010 por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, reportó que, del total de las personas encuestadas, el 12.5% no estaría dispuesta a vivir con personas con discapacidad; el 34.6% estaba en desacuerdo en dar trabajo a una persona con discapacidad y el 34% creía que no se respetan los derechos de ese sector de la población. Por su parte, el 90% de las personas con discapacidad dijeron haber sido discriminadas y más de la mitad considera que sus derechos no son respetados.

La Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2014 reveló que en materia de educación sólo el 46.5% de la población con discapacidad de 3 a 29 años asiste a la escuela, teniendo una mayor presencia en el nivel primario, mientras que, en materia laboral, la tasa de participación económica de la población mayor de 15 años en esta condición es del 39.1%, 25.6 puntos porcentuales por debajo de la participación correspondiente a la población sin discapacidad. Dichas circunstancias se agravan en el caso de la población con discapacidad perteneciente a los pueblos originarios, que de acuerdo con el INEGI es del 7.1 %.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) considera que las personas con discapacidad frecuentemente han sido excluidas de una participación activa en la sociedad, y a la fecha carecen del reconocimiento pleno de sus derechos humanos, ya que se considera, equivocadamente, que no pueden llevar a cabo las mismas actividades, en igualdad de condiciones que el resto de las personas.

Culturalmente se han construido ideas que colocan a ese sector en condiciones de mayor vulnerabilidad, al enfrentarse a barreras físicas, institucionales, de información, de actitud y de comunicación, impuestas por la sociedad.

Por otro lado, las políticas públicas relativas a la atención de las personas con discapacidad en México, no sólo son insuficientes, también carecen de una perspectiva de inclusión que genera rezagos sociales e impide el pleno desarrollo de las personas con discapacidad, así como su participación efectiva y equitativa en la sociedad, lo cual, se traduce en la vulneración de sus derechos humanos.

La materialización de las responsabilidades del Estado para garantizar el respeto y ejercicio de los derechos humanos de las personas con discapacidad implica el desafío de diversos retos, tales como la efectiva armonización del sistema jurídico mexicano con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a fin de que este grupo poblacional tenga apoyo especializado para la toma de decisiones; la creación de mecanismos de acceso a la justicia que tutelen la igualdad material; el diseño de mecanismos de sanción y reparación del daño para garantizar efectivamente los derechos de las personas con discapacidad.

Asimismo, es necesario la implementación de mecanismos que aseguren su inclusión educativa y laboral mediante un sistema de apoyos y de ajustes razonables; concretar acciones afirmativas y medidas de nivelación para que las personas con discapacidad habitantes de comunidades rurales e indígenas accedan sin discriminación al ejercicio y disfrute de sus derechos; lograr que la accesibilidad sea un principio fundamental en la hechura de políticas públicas; adopción de mecanismos para difundir entre las personas con discapacidad información sobre salud sexual y reproductiva, además de la elaboración de programas que les garanticen el acceso a las tecnologías, a la información y las comunicaciones en formatos accesibles.

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