Para muchas familias del mundo, la epidemia de Covid significó padecer la enfermedad y sus secuelas, la tragedia de perder uno o más familiares, desempleo, reducción del poder adquisitivo; en cuanto a los gobiernos, endeudamiento e inflación, y para una minoría, muy pocos en realidad, representó aumentar sus riquezas de manera escandalosa con una tendencia al alza, lo que generó el incremento simultáneo de ricos y pobres extremos.
Derivado de lo anterior, el uno por ciento de la población más acaudalada acapara casi dos terceras partes de la riqueza generada en los años que lleva la pandemia, mientras 820 millones de personas, aproximadamente 10 por ciento de la población del planeta, pasan hambre.
Éstas son las cifras de la desigualdad presentadas por Oxfam, una confederación internacional integrada por 19 organizaciones no gubernamentales que realizan labores humanitarias en 90 países, al inicio del Foro Económico Mundial, en Davos.
Revela que esta situación tiene su origen en los beneficios que han obtenido de la crisis las personas más acaudaladas del mundo y a las décadas de reducción de impuestos y de beneficios exclusivos. Si una microempresa debe entregar 30 por ciento por Impuesto Sobre la Renta, los grandes capitales lo hacen en una cantidad mínima que puede alcanzar solamente el 3 por ciento.
En México hay unas 10 mil empresas que conforman el grupo de los grandes contribuyentes que pagan una “tasa efectiva” de impuestos de apenas 1.3 por ciento, aunque protestan de que el ISR se calcula sobre ventas, no sobre utilidades. A eso hay que sumarle la evasión y la elusión fiscal, que configuran un esquema de baja recaudación. De acuerdo con el Sistema de Administración Tributaria, la evasión de impuestos alcanza los 700 mil millones anuales.
Sin embargo, de acuerdo con la firma de asesoría Fixat, al primer trimestre de 2021 la evasión fiscal en México alcanzó 1.4 billones de pesos, lo que equivale al 6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.
En este escenario, la entidad fiscalizadora emprendió un plan de recuperación de créditos fiscales, de tal suerte que en el primer trimestre de 2021 la recaudación aumentó 10 por ciento al obtenerse 17 mil 752 millones de pesos, contra los 16 mil 106 millones de pesos recuperados en 2020.
El SAT alcanzó, en 2022, una recaudación récord en las auditorías de grandes contribuyentes, es decir, aquellos que declaran ingresos por arriba de los mil 500 millones de pesos anuales. La recaudación del año pasado fue 139 mil 285 millones de pesos más que lo que se contabilizó en 2018, equivalente a un aumento real de 103.1 por ciento.
En efecto, el SAT ha enfrentado con éxito la elusión y la evasión de impuestos; no obstante, cuando los contribuyentes se pongan al corriente del pago de sus tributaciones, la recaudación se va a frenar y no se vislumbran otras acciones gubernamentales que incrementen el erario para hacer frente a un gasto social sostenible y una inversión pública que estimulen la economía, como condición básica para reducir la brecha entre riqueza y pobreza extremas.
En este sentido, Oxfam es una de las organizaciones empeñadas en que se apliquen impuestos solidarios temporales sobre la riqueza. En su informe “La ley del más rico”, plantea que, con un gravamen de 5 por ciento sobre la riqueza a Carlos Slim, dueño de América Móvil, se lograrían captar 4 mil 100 millones de dólares, monto suficiente para contratar a 250 mil profesores.
Slim es uno de los 10 más ricos del mundo; su fortuna creció 42 por ciento (25 mil 500 millones de dólares) desde el inicio de la pandemia, 787 millones al mes, o 26 millones por día, en un país con 8.5 por ciento de su población en pobreza extrema.
También el capital de los 15 mexicanos más ricos aumentó en 645 mil millones de pesos; esto es, un tercio más de lo que tenían antes de la contingencia. Los bancos no se quedan atrás; entre enero y noviembre del año pasado, el conjunto de bancos que opera en el país obtuvo ganancias por 212 mil 16 millones de pesos, incremento de 30.9 por ciento respecto a los 161 mil 938 millones reportados en el mismo lapso de 2021, reveló el 23 de enero la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
El incremento responde a que estas instituciones financieras se han visto beneficiadas por el incremento de las tasas de referencia del banco central como una medida para contener los altos niveles de inflación.
España ha tomado medidas fiscales en la dirección que propone Oxfam, ya que el Senado aprobó un gravamen temporal de 4.8 por ciento que se aplicará a la banca, las energéticas y las grandes fortunas, con lo que prevé recaudar 10 mil millones de euros en los dos años que estarán en vigor a partir del 1 de enero de 2023, a fin de que su gobierno dé respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania.
Estos nuevos gravámenes son considerados prestaciones patrimoniales no tributarias aplicados a los beneficios extraordinarios que estas grandes compañías obtienen por el alza en las tasas de interés y de los precios de las materias primas energéticas.
Finalmente, se aprobó gravar los ingresos y no las ganancias. Además, “las grandes corporaciones pagan menos impuestos que un almacén de barrio [y] no contribuyen conforme a sus beneficios”, argumentaron la mayoría de los partidos representados en el Senado español, citados por el diario El País.
La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) vigilará que los impuestos no se trasladen a los consumidores, en cuyo caso se impondrán sanciones de 150 por ciento del importe repercutido.
En cuanto al impuesto a la riqueza, en la década de los 90 había 12 países europeos que aplicaban este tipo de gravamen; hoy solamente quedan cuatro: Noruega, España, Suiza, Bélgica. En América Latina, tres países cobran este impuesto: Uruguay, Argentina, Colombia.
Francia y Suecia lo derogaron porque los ricos trasladaron sus fortunas a otras naciones, a los llamados paraísos fiscales, para eludir el gravamen, escondieron activos e hicieron campañas para conseguir excepciones. En contraste, Estados Unidos tiene un sistema basado en la nacionalidad. Un estadounidense tiene que pagar impuestos en EU, sin importar dónde viva.
Muchas empresas tienen programas de apoyo comunitario; sin embargo, no lo hacen precisamente con espíritu altruista, sino para evadir impuestos. En noviembre de 2020, Raquel Buenrostro, entonces titular del SAT, informó que algunas empresas donatarias utilizan esquemas “muy parecidos a las factureras y a las empresas de lavado de dinero, pues destinan hasta 50 por ciento de lo recibido a presuntos “gastos de administración”.
En ocasiones, estos gastos suelen ser consumos suntuarios que nada tienen que ver con la misión que les da razón de ser.
Para poner freno al quebranto al erario que este esquema representaba, en la discusión de la Miscelánea Fiscal para 2022, la Cámara de Diputados aprobó modificar la Ley del ISR, para reducir el margen de deducción.
En México, el altruismo es menos que una opción para reducir la pobreza.