La Cámara de Diputados frente al periodo de sesiones y la cercana reforma político-electoral

En semanas recientes, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, la cual quedó formalmente instituida tras la publicación de su acuerdo en el Diario Oficial de la Federación el 8 de agosto del presente año.

Resulta relevante destacar que, en la construcción de las nuevas normas e instituciones que darán sustento a la reforma político-electoral, se prevé que la ciudadanía sea protagonista de los cambios, participando en foros y debates orientados a recoger las aspiraciones de transformación democrática.

Aunque no se ha definido la fecha en que el Ejecutivo federal enviará al Congreso de la Unión el proyecto elaborado por la comisión presidida por Pablo Gómez, conviene subrayar lo señalado por el coordinador de la mayoría legislativa, diputado Ricardo Monreal, quien ha exhortado a las y los 500 integrantes de la LXVI Legislatura a intervenir de manera activa en la búsqueda de consensos que respondan a las demandas sociales.

En este sentido, una vez que la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral remita su propuesta a la titular del Ejecutivo, y ésta, en ejercicio de la facultad prevista en el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la turne a la Cámara de Diputados, será en esta instancia donde, con fundamento en el artículo 72 constitucional, deberá desarrollarse un proceso deliberativo a la altura de los retos democráticos actuales, impulsando de manera plural las posturas de todas las fuerzas políticas con representación en dicha soberanía.

Históricamente, en la configuración de las reformas político-electorales, la Cámara de Diputados ha desempeñado un papel central como depositaria de la representación política ciudadana. Su relevancia se explica en la amplia deliberación que acompaña a este tipo de transformaciones, cuyo propósito integrantes, con el objetivo de garantizar la inclusión de todas las fuerzas políticas en el recinto legislativo.

Por ello, la Cámara de Diputados, fiel a los principios de representación y al equilibrio entre mayorías y minorías, debe asumir un papel activo en la próxima reforma electoral, respondiendo con responsabilidad a las exigencias del presente. Solo de esta manera se podrá reafirmar a la democracia como el cauce legítimo y pacífico para procesar y resolver los conflictos sociales.

Ahora bien, de conformidad con el artículo 65 de la Constitución Federal, este 1 de septiembre inició formalmente el primer periodo de sesiones ordinarias, en el cual se prevén cambios relevantes a diversas leyes, orientados a fortalecer el marco jurídico y alinearse con la agenda de gobierno que impulsa la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

En vísperas de dicho periodo, el Presidente de la Junta de Coordinación Política, Diputado Ricardo Monreal Ávila, ha señalado que la agenda legislativa se desarrollará en un ambiente de respeto y construcción de acuerdos. Con ello, se espera que las eventuales modificaciones a la Constitución y a las leyes secundarias cuenten con un amplio consenso político.

Respecto a las iniciativas previstas, el coordinador de la mayoría parlamentaria en diversas ruedas de prensa ha adelantado que se impulsarán reformas al artículo 73 constitucional en materia de extorsión, así como modificaciones a la Ley de Amparo, al Código Nacional de Procedimientos Penales y a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, entre otras. Todas estas medidas buscan reforzar las bases del Estado de Derecho y actualizar el marco jurídico nacional.

Asimismo, se espera que en este periodo ordinario se discuta y apruebe el paquete económico, integrado por la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación. Lo anterior, toda vez que de conformidad al artículo 74, fracción IV, de la Constitución, corresponde exclusivamente a la Cámara de Diputados el análisis y aprobación del presupuesto.

De igual forma, respecto a posibles cambios a la estructura jurídico económica del Estado Mexicano, el diputado Monreal Ávila ha descartado la posibilidad de una reforma fiscal, sin embargo, con cada uno de los temas previstos en la agenda legislativa se anticipa un periodo intenso, plural y de consensos necesarios para acompañar legislativamente a la Presidenta de la República.

La Dirección General de Asuntos Jurídicos de esta Cámara de Diputados seguirá con puntual atención cada uno de los cambios constitucionales y legales que son de relevancia histórica, política y social para nuestro país, en aras de estar a la vanguardia de las necesidades de la LXVI Legislatura federal, defendiendo los intereses de esta soberanía con estricto apego a la ley. 

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