Juventina Bahena
La libertad de expresión, garantizada por el artículo 6° constitucional, era una prerrogativa de periodistas, reporteros, articulistas y parecía que se extendía plenamente a la población con la aparición de las redes sociales como Facebook, Instagram, X y TikTok, a través de las cuales la gente podría expresar libremente ideas, opiniones e información.
Pero en realidad se convirtieron, en buena parte, en el negocio de la posverdad para aquellas empresas que tienen tecnología de punta para ofrecer granjas de bots a personajes con poder político y económico a fin de destruir o construir artificialmente la honorabilidad o el renombre de personajes públicos.
A los comunicadores se les exigía un manejo ético de la información, prohibiéndoles expresiones que inciten a la discriminación, la violencia o la hostilidad contra grupos vulnerables, la difusión de información falsa o que dañe la reputación o la intimidad de terceros, la difusión de material obsceno o pornográfico, especialmente si afecta a menores, entre otras exigencias.
En un segundo nivel, el mundo entero se vanaglorió por la “democratización” de la información, porque podría llegar a los rincones más apartados con acceso a internet.Con las redes sociales las personas ya no necesitaban estar frente al televisor, ahora podían recibir contenidos multimedia en sus dispositivos móviles, tabletas, computadoras, televisores, sin tener que descargarlos y almacenarlos en sus equipos.
Pero comenzó a darse un extraño fenómeno al inundarse las plataformas con la publicación de mensajes tendenciosos multiplicados con inteligencia artificial, herramienta digital que crea miles de perfiles falsos en las distintas redes sociales para distorsionar o difundir mentiras e intentar manipular la conciencia de quienes los leen o visualizan.
El uso de perfiles apócrifos (bots) que suplantan la personalidad de alguien permite crear campañas negativas y de odio en contra de algún personaje. No son, pues, los ciudadanos los que inundan con información falsa las redes y definitivamente no es libertad de expresión como la conceptualizamos, sino instrumentos para atacar, denostar, acosar y difamar para dividir, desinformar y polarizar a la población. Para este nuevo escenario no estábamos preparados ni vacunados.
En un principio, el uso de internet ensanchaba las posibilidades de tener mayor libertad de expresión, la participación política y la democracia, pero en ese mismo escenario la libertad de expresión encontró su némesis al convertirse en arma de doble filo.
En efecto hay más posibilidades de informarse, comentar u opinar sobre un tema mediante la interacción digital, por otro lado se tiene la imposición de temas artificiosos con el propósito de manipular y generar tendencias favorables a su interés mediante el uso de la inteligencia artificial y los fenómenos de las fake news y la desinformación que generan.
Hay otro aspecto igual de negativo y peligroso. En este sentido, Mauricio Augusto Calcaneo Monts hace énfasis en “la extracción y uso de información personal de los usuarios con fines predictivos y persuasivos, la utilización de técnicas de manipulación y desinformación en línea por gobiernos y particulares, y el creciente poder de las empresas de redes sociales con respecto a un conjunto de temas en los que cotidiana y unilateralmente norman lo que se dice en internet, que incluye acciones como eliminar y bloquear cuentas, restringir mensajes, videos, sin rendir cuentas a nadie y en la más completa opacidad”.
Regular las plataformas digitales
La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Congreso una reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión con el objetivo de regular las plataformas digitales y evitar que gobiernos extranjeros transmitan propaganda en México, más aún si se trata de mensajes discriminatorios y que violan derechos humanos.
La propuesta incluye regulaciones para plataformas digitales, con la posibilidad de que el gobierno bloquee contenido o plataformas en ciertos casos; sin embargo, la oposición criticó la iniciativa argumentando que podría conducir a la censura y restringir la libertad de expresión.
La iniciativa despertó polémica al plantear que, a petición de “las autoridades competentes”, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones podrá “bloquear temporalmente” una plataforma digital en los casos en que sea procedente por incumplimiento a disposiciones u obligaciones previstas en las respectivas normativas que les sean aplicables”.
La propuesta surge luego de que Televisa emitió en los programas de mayor audiencia spots de la campaña antiinmigrante de Donald Trump. La presidenta negó que se trate de censurar, pero consideró la posibilidad de modificar o eliminar ese artículo en particular. Pronto habrá una determinación legislativa al respecto.
Lo cierto es que hay excesos en la libertad de expresión. Recientemente se dio el caso de un grupo musical que por ahora ya enfrenta un proceso judicial en Jalisco por presunta apología del delito. La Fiscalía de Jalisco los acusa de interpretar un corrido que exalta al líder del CJNG y de proyectar imágenes de ese personaje durante sus conciertos.
Ellos argumentan que lo que cantan “es lo mismo que los noticieros publican”. La agrupación señaló que “La historia que contamos son historias de la vida cotidiana, lo que está pasando en el país, únicamente nosotros le estamos poniendo música. Es lo mismo que platican, que publican y que escriben en revistas, en televisión, las noticias, los periódicos, videos, redes sociales, es lo mismo, únicamente nosotros lo estamos haciendo con música”.
En su opinión, ellos solamente ejercen su libertad de expresión. Pero no es lo mismo que un reportero exponga la vida por informar este tipo de hechos delictivos, que cantar loas a un líder criminal y proyectar imágenes de esa persona.