Los pilares de la nueva seguridad pública

El primer año de actividades de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados cinceló un legado: nuevas leyes y reformas que configuran un paradigma inédito en materia de seguridad pública donde la inteligencia es clave en el combate al crimen organizado y así responder a la principal demanda ciudadana, vivir en paz.

Pilares del nuevo paradigma son las leyes reglamentarias derivadas de la reforma al artículo 21 constitucional, que fortalece y otorga dos facultades sustantivas a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC): inteligencia e investigación en delitos; la coordinación interinstitucional de los tres órdenes de gobierno y de las fiscalías locales.

En el nuevo marco jurídico para combatir la delincuencia y la impunidad son fundamentales las leyes del Sistema Nacional de Seguridad Pública; de la Guardia Nacional; y del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, entre otras.
Por otra parte, desde el inicio del primer periodo ordinario de sesiones del Segundo Año Legislativo, que comienza el próximo 1º de septiembre, la Cámara de Diputados está previsto aprobar otras reformas contra la delincuencia, ahora en materia de extorsión. El objetivo: robustecer el marco jurídico para hacer frente al delito.

De esta forma, un marco jurídico fuerte en materia de seguridad pública abre la puerta a una nueva era de paz y seguridad para las y los mexicanos.

Combate a la extorsión

En el primer periodo ordinario de sesiones del Segundo Año Legislativo, la Cámara de Diputados validará reformas encaminadas a enfrentar el delito de extorsión.

Esta conducta antisocial aumenta. En 2018 se registró un promedio diario de 18.89 extorsiones, mientras que en enero de 2025 fue de 29.77, un incremento del 57.62 por ciento en solo seis años.

Los estados de México, Guanajuato, Veracruz y Nuevo León concentran el 61.8 por ciento de las víctimas. Sólo el Estado de México acumula el 33.1 por ciento de estos delitos.

Hasta el momento no existe una política criminal unificada sobre la gravedad y la justa punibilidad del delito de extorsión a nivel nacional, a pesar de ser de las conductas delictivas de mayor incidencia y gravedad.

Por lo anterior, y para establecer estrategias en la prevención, sanción o disminución de la incidencia, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ya envió a la Cámara de Diputados la iniciativa que reforma el inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política, en materia de extorsión.

La propuesta busca dar al Congreso de la Unión las facultades constitucionales para expedir una legislación general que establezca la homogeneización del tipo penal y de sus penas, porque este delito es de alto impacto debido a las repercusiones que representa a las víctimas y al Estado.

Establecerá mecanismos de colaboración entre las instituciones de seguridad pública donde se privilegie el uso de tecnologías, sistemas e inteligencia informática para la investigación de este delito y disponer mecanismos de coordinación efectivos entre las instituciones del gabinete de seguridad, a través de la definición de atribuciones comunes en la prevención, investigación, persecución y sanción de la extorsión.

Una problemática para el combate eficaz de este delito a nivel nacional es la falta de homologación de las penas.

Actualmente, los códigos penales federal y locales establecen un promedio de pena mínima de 4 años con 6 meses y 12 años de pena máxima, rango que evidencia una discrepancia aritmética notable entre las penas previstas en los diferentes códigos sustantivos, disparidad que debe ser corregida.

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Complementa las atribuciones otorgadas a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; fortalece la coordinación institucional, toda vez que los registros nacionales deberán alimentarse diariamente con información confiable, lo que originará respuestas rápidas y eficaces; se articula directamente con el Sistema Nacional de Inteligencia y de Investigación.

El Consejo Nacional de Seguridad Pública y las Conferencias Nacionales podrán sesionar de forma virtual o conjunta, adaptándose a los retos de cada momento y fortaleciendo el diálogo interinstitucional.

El Consejo Nacional de Seguridad Pública no solo articula la política de seguridad, cuidará que las entidades federativas y municipios cumplan las tareas que les corresponden. Se le faculta a suspender la entrega de las aportaciones federales cuando éstos no cumplan con los acuerdos que favorecen a la ciudadanía.

Ley de la Guardia Nacional

Es una fuerza de seguridad pública integrada por personal militar, dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional. Regirá su actuación respetando los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

Su objeto es realizar la función de seguridad pública a cargo de la Federación y, en su caso, conforme a los convenios que para tal efecto se celebren, colaborar temporalmente en las tareas de seguridad pública que corresponden a las entidades federativas o municipios, con la finalidad de preservar la paz social y proteger los derechos de la población.

Tiene la facultad de recabar información en lugares públicos para evitar el fenómeno delictivo, mediante el uso de medios e instrumentos y cualquier herramienta que resulten necesarios en la generación de inteligencia preventiva.

En el ejercicio de esta atribución se deberá respetar el derecho a la vida privada y los derechos humanos de las personas. Los datos obtenidos con afectación a los derechos humanos carecerán de todo valor probatorio.

Asimismo, realizar investigación e inteligencia para la prevención de los delitos, en coordinación con el Consejo Nacional de Inteligencia en Seguridad Pública, y efectuar tareas de verificación, en el ámbito de su competencia, para la prevención de infracciones administrativas, en apego a la normativa aplicable y respeto a los derechos humanos.

Realizará, bajo el mando y conducción del Ministerio Público, la investigación que resulte de esas operaciones en términos de las disposiciones aplicables, también las investigaciones de los delitos cometidos, así como las actuaciones que les instruya aquel o la autoridad jurisdiccional federal, conforme a las normas aplicables.

Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública

En el nuevo paradigma en materia de seguridad pública es piedra angular para la prevención e investigación del delito.

Propuesta innovadora y moderna. Crea un sistema integral de inteligencia y datos digitalizados que contribuyen y fortalecen el trabajo de la seguridad pública, a fin de enfrentar los desafíos de seguridad.

El Sistema Nacional de Información (SNI) se vinculará con el Sistema Nacional de Inteligencia en Materia de Seguridad Pública y estarán obligados a compartir y actualizar diariamente la información que generen en el ámbito de su competencia.

Se clasificará como reservada la información contenida en las bases de datos del SNI, así como en los registros nacionales y la información contenida en ellos, en materia de detenciones, información criminal, seguridad pública personal y equipo de los servicios de seguridad privada.

Además, armamento, vehículos, huellas dactilares, teléfonos celulares, medidas u órdenes de protección para las mujeres, adolescentes, niñas y niños, medidas cautelares, soluciones alternas y formas de terminación anticipada del proceso penal, personas sentenciadas y las demás necesarias en la operación del Sistema Nacional de Información.

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