Juventina Bahena
La revista Forbes publicó en junio el nuevo ranking de multimillonarios de 2025. Elon Musk reedita el primer lugar como el hombre más rico del planeta con una fortuna de 342 mil millones de dólares ¿Alguien puede intentar dimensionar esa suma? A veces se busca poner del otro lado de la balanza a un número de personas a las que se podría alimentar en un año o el salario mínimo a una determinada población o dotarlos de viviendas.
En México hay 22 magnates con patrimonio superior a los mil millones de dólares, pero es Carlos Slim Helú quien encabeza el grupo con una fortuna de 82.5 mil millones de dólares; es decir, el 25% de la riqueza de Musk. A su vez, Germán Larrea Mota Velasco, el segundo potentado nacional, tiene el equivalente al 25% - 26 mil millones de dólares- de la riqueza de Slim.
Un reducido grupo de 399 mil mexicanos (0.3 por ciento de la población) registran patrimonios que superan un millón de dólares y que, combinados, suman 788 mil 571 millones de dólares, alrededor de la mitad del valor de la economía nacional, reveló un reporte del banco suizo UBS.
Mientras el PIB per cápita crece a menos del 1% anual, la fortuna de los 16 mexicanos más ricos se multiplica por cinco, incluso en periodos de crisis, como sucedió con los bancos luego de la pandemia de Covid. Pero esos son sólo números que un mexicano con carencias está imposibilitado para dimensionar; por el contrario, ha naturalizado el hecho de que esas fortunas crezcan al amparo del jefe del clan familiar que por cierto ya están a punto de transferir la fortuna a sus herederos, sin pagar impuestos.
El impuesto a las herencias es un instrumento tributario que tienen las naciones desarrolladas. “Más de la mitad de los países de la OCDE recaudan impuestos a la herencia de los más ricos. Estados Unidos tiene una tasa de hasta 40 por ciento (el denominado estate tax se originó en el siglo XVIII), mientras que Japón y Corea del Sur tienen tasas de más de 50 por ciento.
“En América Latina, Chile aplica un impuesto de hasta 25 por ciento. México, en cambio, no lo tiene, por lo que la riqueza se acumula y transmite de manera libre en forma de cuentas bancarias y suntuosas propiedades”.
La desigualdad en México se debe en gran parte a una política recaudatoria que permite alta concentración de la riqueza y poca movilidad social. Nadie puede negar que para que un país garantice el pleno disfrute de los derechos de sus ciudadanos debe contar con políticas recaudatorias equitativas y un presupuesto justo que distribuya la riqueza de manera solidaria y subsidiaria, a fin de garantizar la redistribución de la riqueza acumulada por unos cuantos, a través de gravámenes a la renta y al patrimonio, no sólo al consumo.
Debido a las tendencias demográficas, en los próximos 20 a 25 años se transferirán más de 83 billones de dólares en riqueza, de los cuales 9 billones se traspasarán intrageneracionalmente (entre cónyuges) y 74 billones pasarán de una generación a otra (de padres a hijos). Se prevé que en México se dé una transferencia de riqueza de 4.5 billones de dólares y la mayor parte será heredada a nuevas generaciones; es decir, no será fruto de una acumulación producto del trabajo. En otros países estas transferencias causan impuesto, en México, no.
La pésima distribución del ingreso también se constitucionalizó y se institucionalizó durante el periodo neoliberal mediante profundos cambios en la estructura económica del país, con la privatización de empresas estatales y la apertura a la inversión extranjera restándole rectoría al Estado en la economía.
Por ejemplo, las reformas sobre la propiedad de la tierra, la privatización de la banca, las telecomunicaciones (Telmex) y los ferrocarriles, entre otros, y la inversión extranjera directa en sectores clave de la economía mexicana.
Se constitucionalizó el despojo y la plusvalía de las fortunas aumentó al amparo del gobierno y surgieron nuevas formas de hacer negocios. Así nacieron las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) en 1997 al reformarse el sistema de pensiones, que se basa en cuentas individuales donde los trabajadores ahorran para su propio retiro, a diferencia del sistema anterior basado en la subsidiariedad.
Las Afores son entidades financieras privadas que administran las cuentas individuales de los trabajadores quienes aportan a sus cuentas a través de descuentos en su salario. Los patrones y el gobierno también realizan contribuciones. El dinero ahorrado se invierte para generar rendimientos y crecer a lo largo del tiempo, buscando asegurar un capital para la jubilación.
Las Afore son gran negocio privado con el ahorro de los trabajadores. En mayo de 2025, obtuvieron una plusvalía que alcanzó 175 mil 474 millones de pesos; en solo cuatro meses obtuvieron una ganancia neta de 4 mil 702 millones de pesos en comparación con lo registrado en el mismo periodo del año pasado.
Gravar la riqueza
También hay propuestas de gravar la riqueza para disminuir la desigualdad. Una de ellas surgió de Oxfam. Para hacer frente a la pandemia e 2020, esta organización propuso un impuesto a las grandes fortunas.
La propuesta de Oxfam era aplicar en todos los países de América Latina y el Caribe un impuesto sobre los patrimonios netos a partir de 1 millón de dólares y con la primera vivienda exenta hasta 300 mil dólares, y con carácter progresivo. De este modo, propuso aplicar los siguientes gravámenes: 2% a los patrimonios netos entre 1 y 50 millones de dólares, 3% para los patrimonios netos entre 50 y 100 millones, 3.5% a los patrimonios netos por encima de los 100 millones de dólares.
Si se aplicara en todos los países un impuesto extraordinario a las grandes fortunas con carácter progresivo, se podría recaudar hasta 14 mil 260 millones, señala Oxfam. Es obvio decir que la propuesta no ha prosperado.
Solamente España impuso un tributo a las Grandes Fortunas, oficialmente denominado Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas, como un gravamen estatal dirigido a las personas físicas cuyo patrimonio neto supera los 3 millones de euros, y comenzó a aplicarse a finales de 2022. Con este impuesto se busca garantizar una redistribución más equitativa de la riqueza.
Creado como un gravamen temporal para los ejercicios fiscales de 2022 y 2023, su aplicación se ha extendido de forma indefinida, convirtiéndose en una herramienta clave para reforzar las finanzas públicas y combatir las diferencias económicas en el país.
En el Congreso de la Ciudad de México el diputado morenista Víctor Gabriel Varela López propone el artículo 132 Bis a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para que los contribuyentes que reciban ingresos por herencia superiores a 15 millones de pesos hagan un pago provisional del impuesto anual.
El impuesto se calcularía de la siguiente manera: 10% sobre los montos de 15 a 60 millones de pesos; 20% de los 60 y hasta los 150 millones y 30% en los montos superiores.
De acuerdo con el diputado Varela “los súper ricos en México han visto crecer sus fortunas en 33% desde el inicio de la pandemia. Por cada 100 pesos de riqueza que se crearon entre 2019 y 2021, 21 pesos se fueron al 1% más rico y apenas 0.40 pesos al 50% más pobre”.
Y “solamente Carlos Slim, el hombre más rico de México y de América Latina y el Caribe, concentra más riqueza que la mitad de la población mexicana y ha visto crecer su riqueza en un 42% desde el principio de la pandemia, un monto equivalente a 1 millón de dólares por hora.”
La respuesta de la iniciativa privada, como siempre, fue amenazar con llevarse sus capitales a otro lugar.
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