Se amplía la democracia y crece la expectativa por una justicia sin corrupción

Después de un Plan B que no cuajó, un Plan C que se buscó frenar con cientos de amparos, controversias constitucionales, ataques de la prensa y medios electrónicos que recurrieron a la opinión “experta” de intelectuales orgánicos para descalificar la Reforma al Poder Judicial, se lograron sortear batallas legales, desactivar las movilizaciones de la burocracia judicial y la virtual insurrección de la mayoría de ministros que ha controlado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y, finalmente, después de 200 años de su creación, habrá una nueva Corte, con ministras y ministros, magistrados y jueces electos por votación popular, en un proceso electoral inédito en México y el mundo. Las expectativas para acceder a una justicia que no se ejerza desde la corrupción son muy altas y la responsabilidad del Poder Judicial, lo es más.

La participación ciudadana fue de alrededor de 12.72 por ciento, pero estuvo ensombrecida por una alta cantidad de votos nulos (10.2 millones) y recuadros en blanco en las boletas; las magistraturas de tribunal de circuito fueron validadas por sólo 67.7 por ciento de los sufragios, atribuible quizá a la confusión de los electores debido a la diversidad de colores, las múltiples boletas, los tamaños distintos, la letra pequeña, legible solo para las visiones 20/20, pese a que la mayoría hizo su “acordeón” apoyados en personas que conocían o sabían de la honorabilidad y trayectoria de los candidatos. El uso de estas guías de votación fueron la causa de que el INE diera entrada a 29 denuncias, si se toma en cuenta la cantidad de candidaturas y los cargos a los que cada uno aspiraba.

Recordemos que cada poder del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) propuso a sus candidatos, evaluados después por un comité en cada una de estas tres áreas. A pesar de estos filtros, se les “colaron” 18 candidatos impugnados en el Congreso por haber detectado un abogado de personas vinculadas con el crimen organizado o tener carpetas de investigación por abuso sexual y otros delitos; incluso hubo un candidato con orden de aprehensión vigente. 

 En total se votaron 2 mil 700 cargos de ministros y ministras, juezas y jueces distritales federales y estatales, mediante una decena de boletas y la emisión de varios sufragios en cada una de ellas.

La búsqueda de información sobre la trayectoria, formación y experiencia, pero básicamente del desarrollo de su actividad bajo parámetros éticos reconocidos, implicó un ejercicio político de construir comunidad, aunque sea temporal, alrededor de la elaboración del listado de opciones. 

Mucho tuvieron que ver los líderes de opinión confiables que transmiten en redes, quienes difundieron sus propias listas. Cómo si no, se podría conocer la trayectoria y honorabilidad de los aspirantes. El grueso de la población sabía más o menos quién era Lenia Batres, la “ministra del pueblo” o Yasmín Esquivel, la del supuesto plagio de su tesis, pero nada de los cientos de candidatos a los diversos cargos. Mucho sirvieron las entrevistas de algunos personajes, más allá de la propaganda pobre, carente de propuestas o de plano deleznable de algunos de ellos. 

Con todo, este histórico ejercicio electoral dio certezas a los votantes y la seguridad y confianza de estar construyendo algo nuevo que rompía el dique de la democracia, que se eliminaba de tajo un grupo de poder en la Corte que actuó en contra de los intereses de la nación, causantes en última instancia de daños millonarios al erario, y especialmente que la impartición de justicia cambie sus formas y contenidos por el bien de la ciudadanía. 

Hugo Aguilar Ortiz será el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al haber obtenido el mayor número de votos. Luego de recibir la constancia que lo acredita como nuevo ministro, rendirá protesta ante el Senado el 1 de septiembre y ese mismo día asumirá por dos años la presidencia del Pleno de la Corte; al final de ese periodo transferirá el cargo a Lenia Batres, segundo lugar en la votación y así sucesivamente de manera rotativa. Aguilar Ortiz ganará menos que la Presidenta de la República. 

No es ocioso recordar porqué era urgente reformar este poder del Estado. Ejercía un poder metaconstitucional, pretendiendo someter a los otros poderes del Estado mediante resolutivos arbitrarios e ilegales, usurpando incluso facultades legislativas del Congreso. Jueces y ministros se negaron a respetar disposiciones constitucionales de austeridad, por el contrario, ejercieron el cargo en un marco de privilegios empezando por el sueldo autoasignado de casi 700 mil pesos mensuales.  

Una investigación de Proceso refiere que “desde el 1 de enero de 2024 hasta el 9 de enero de 2025 fueron presentadas mil 672 demandas de amparo contra la reforma judicial; 234 se promovieron antes de que el expresidente Andrés Manuel López Obrador promulgara el decreto de reforma al Poder Judicial el 15 de septiembre de 2024 con la que jueces, magistrados y ministros serían electos por voto popular y mil 438 una vez que la reforma ya era un hecho. Solamente uno consiguió la protección de la justicia, no obstante, ninguna autoridad ha acatado la orden. 

La reforma judicial impulsada por López Obrador implica la sustitución de ministras y ministros por una nueva Corte elegida por voto popular, la eliminación del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), la creación del Órgano de Administración Judicial (OAJ) y el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), la extinción de los fideicomisos de dicho poder y ajusta los salarios de sus funcionarios a fin de que no ganen más que el titular del Ejecutivo federal.

Suprema Corte de Justicia de la Nación ministras y ministras que integrarán la Corte a partir del 1 de septiembre

Lenia Batres Guadarrama (en funciones). Es licenciada en Derecho, con maestrías en Derecho Penal, Gestión Pública para la Buena Administración, y en Estudios de la Ciudad; candidata a doctora en Estudios de la Ciudad. Diputada federal en la LVII Legislatura. Fue Consejera Adjunta en Legislación y Estudios Normativos de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y ocupó diversos cargos en la administración local. Como diputada federal propuso, en 1998, modificar el artículo 18 constitucional para crear un Sistema de Justicia Penal para Menores, el cual fue aprobado en 2005 como Sistema de Justicia Penal para Adolescentes. En la Delegación Cuauhtémoc encabezó un equipo jurídico que realizó la más amplia revisión de giros negros en esa demarcación. Ese mismo equipo, en 2001, alcanzó el récord de 100% de juicios de amparo ganados en favor del gobierno local.

 Yasmín Esquivel Mossa (en funciones). Licenciada en Derecho, maestra en Administración de Instituciones Educativas y doctora en Derecho. Cuenta con más de 38 años de trayectoria como servidora pública en los tres niveles de gobierno. En los últimos 23 años se ha desempeñado en el ámbito jurisdiccional. En 2021, fue nombrada presidenta de la Segunda Sala de la SCJN para el periodo 2021–2022 y, al mismo tiempo, designada como representante de este órgano jurisdiccional ante el Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación, hasta junio del 2023.

Loretta Ortiz Ahlf (en funciones): Es maestra en Derechos Humanos y doctora en Derechos Humanos y Derecho Comunitario Europeo. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel III. Fue directora y docente del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana. Ha impartido cátedra en universidades de la Ciudad de México. A nivel internacional ha sido docente de la Academia de Derecho Internacional de La Haya, Holanda. Se desempeñó en diversos cargos de la administración pública y fue integrante del Grupo Redactor de la Constitución de la Ciudad de México; también fue consejera de la Judicatura Federal.

María Estela Ríos González. Es licenciada en Derecho con maestrías en Ciencias Políticas y Sociales, y Derecho Laboral. Fue directora del Registro Civil en la administración de Cuauhtémoc Cárdenas. Posteriormente, durante el gobierno de López Obrador como Jefe de Gobierno fue procuradora de la Defensa del Trabajo y más tarde titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales. En 2021 fue nombrada consejera Jurídica de la Presidencia. Desde ese cargo coordinó reformas como la de revocación de mandato, la creación de la Guardia Nacional, la eliminación del horario de verano y la reforma judicial que modificó el proceso de designación de integrantes del Poder Judicial. Su último cargo fue como directora general de Derecho Parlamentario Comparado y Sistematización Jurídica, en el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República.

Sara Irene Herrerías Guerra. Es licenciada en Derecho, con maestrías en Derecho y Criminología, y candidata a doctora en Ciencias Penales y Política Penal. Entre otros cargos, se ha desempeñado como titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación; procuradora Social para la Atención a las Víctimas de Delitos; Fiscal Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas de la Procuraduría General de la República (PGR); directora general del Programa de igualdad entre mujeres y hombres de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Su último cargo: fiscal especializada en Materia de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República. 

Hugo Aguilar Ortiz. Licenciado en Derecho. Se incorporó como asesor en la Academia de Derechos Indios de la Asamblea Mixe y meses después al grupo asesor del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Participó en la redacción de las propuestas de reformas constitucionales que presentó el grupo rebelde a la Comisión de Concordia y Pacificación, que derivó en la reforma al artículo 2 constitucional de 2001. Entre 2007 y 2008 fungió como consultor de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en temas de derechos agrarios y sistemas normativos indígenas. Desde 2018 y hasta hace unas semanas se desempeñó como Coordinador General de Derechos Indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).

Giovanni Azael Figueroa Mejía. Es licenciado en Derecho, maestro y doctor en Derecho Constitucional. Cuenta con una trayectoria jurídica que combina lo jurisdiccional, lo académico y el trabajo institucional. Actualmente es profesor de tiempo completo en la Universidad Iberoamericana, donde coordina el doctorado en derechos humanos y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha ocupado cargos en el Tribunal 

Electoral, el Consejo de la Judicatura Federal y el Poder Judicial de Nayarit. En 2011 fue director de la Escuela Judicial del Poder Judicial del estado y titular de la Secretaría de la Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura local. 

Irving Espinosa Betanzo. Licenciado en Derecho con dos maestrías: una en Derecho y otra en Gestión Pública para la Buena Administración. Además, cursó un doctorado en Administración Pública (titulación en trámite). Actualmente es magistrado de Sala Superior Sección Especializada del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México; fue subprocurador Jurídico de planeación, Coordinación Interinstitucional y de Derechos Humanos en la Procuraduría General de la Ciudad de México. 

Arístides Rodrigo Guerrero García. Es maestro y doctor en Derecho; máster en Derecho Parlamentario, Estudios Legislativos y Elecciones. Fue el comisionado presidente e integrante del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. También fue titular de la Unidad Especializada de Procedimientos Sancionadores en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México.

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