Población Económicamente Activa, al segundo trimestre de este año, era de 61.1 millones de personas; de este total, 8.9 millones que perciben salario mínimo se verán beneficiadas con el aumento de 20 por ciento a partir de enero de 2024, al pasar a 375 pesos diarios en la frontera norte y 248.93 en el resto del país.
En el primer año de esta administración este salario se ubicaba en 88.15 pesos; se fue incrementando año con año hasta alcanzar el 18.2 por ciento, incluso entre adversidades como la pandemia por Covid, el boquete en las finanzas públicas debido a la baja en los precios del petróleo, pero principalmente por la inflación galopante, que este año ya se ubica en 4.3 por ciento.
Este incremento tendrá otros impactos previsibles como en la revisión de los salarios contractuales para 2024. Algunos especialistas en derecho laboral aseguran que los salarios mínimos generales en el país no impactan en la inflación y este aumento “no repercutirá en las finanzas de las pequeñas empresas”.
Fuentes del gobierno refieren que hubo una decisión unánime entre el sector patronal, empresarios y gobierno. El secretario de Trabajo, Marath Bolaños López, calcula que 8.9 millones de trabajadores formales en el país en empresas adscritas al Seguro Social se verán beneficiados directamente con este incremento a partir del 1 de enero de 2024, al percibir un salario mensual de 7 mil 467.90 pesos, equivalente a 428.6 dólares. Este salario, sin embargo, no consigue cerrar el rezago en comparación con países como Uruguay, donde el mínimo es igual a 550 dólares, Chile 500 dólares y Ecuador, 450 dólares al mes, aun cuando en México casi se ha triplicado (283 %).
Si bien el incremento mejora las condiciones labores, el sector empresarial considera que representa un reto para las pequeñas y medianas empresas, porque no solo aumenta el salario, sino las cuotas obrero patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social y las primas vacacionales, y ya adelantan presiones inflacionarias.
Elizabeth Meza Rodríguez, de El Economista, refiere un estudio del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), donde señala que “desde el 2018, cuando el salario mínimo inició con los incrementos de dos dígitos, el costo de la mano de obra ha crecido cerca del 60 por ciento por el alza en la referencia salarial, al considerar sus efectos en el pago de la prima vacacional y contribuciones a la seguridad social. Los expertos les recomiendan “optimizar los procesos internos, identificar y eliminar gastos no esenciales y fomentar una cultura de mejora continua. Al reducir gastos superfluos y mejorar la eficiencia en la cadena de valor, las empresas pueden contrarrestar el impacto del incremento salarial, preservando su rentabilidad y competitividad en el mercado sin comprometer la calidad de sus productos o servicios.”