El artículo 4o constitucional establece: toda persona tiene derecho a la protección de la salud... es obligación del Estado definir un sistema de salud para el bienes- tar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) señalan que, para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la salud, los países deben destinar, al menos, 6% del Producto Interno Bruto (PIB) a este gasto público.
Sin embargo, México apenas oscila entre 2.1 y 2.9% del gasto del PIB en salud.
Es de los presupuestos más pobres entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE). En 2022, el ranking de Global Health Service Monitor nos ubicó como el cuarto país con el peor sistema de salud del mundo, sólo por debajo de Polonia, Perú y Chile.
En México, 71.7 millones de personas (57.3% del total de la población) no tienen acceso a la seguridad social. Datos del Con- sejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) revelan que, en 2020, específicamente la carencia por acceso a los servicios de salud aumentó 28.2% (37.5 millones de personas), afectando a los grupos más vulnerables.
Por ello, las y los mexicanos sin seguridad social destinan más del 30% de su capacidad de pago o ingreso a gastos sanitarios.
Entre las naciones de la OCDE, México, junto a Letonia, tiene el más alto “gasto de bolsillo” (pago directo por los servicios de salud, cuyo costo sale de los ingresos o ahorros primarios del hogar).
El 50% de las niñas, niños y adolescentes están en situación de pobreza. Las carencias más reportadas son: acceso a la segu- ridad social, 58%; a los servicios de salud, 27.5% y la de acceso a la alimentación nutritiva y de ca- lidad, 26.3%.
Asimismo, 46.1% de la pobla- ción de 12 a 29 años también está en situación de pobreza. La carencia con mayor incidencia para las y los jóvenes fue el acce- so a la seguridad social, 59.3%, y el acceso a los servicios de salud aumentó de 19.6% a 32.1%.
Principales causas de muerte: enfermedades del corazón, covid-19, diabetes, tumores malignos, neumonía e influenza, enfermedades del hígado, problemas cerebrovasculares, agresiones (homicidios), accidentes. Por otra parte, El deterioro en servicios de salud pública contribuyó a la caída de la esperanza de vida de las y los mexicanos. En promedio era de 75.1 años. Disminuyó a 70.2 años. Es el más bajo entre las naciones que integran la OCDE.
• La construcción de un sistema que considere, tanto en el diseño como en la operación, la universalidad, inclusión, equidad, calidad y perspectiva de género. Mecanismos de coordinación entre las diferentes instituciones de salud que contribuya a unificar los criterios de atención y prestaciones. Tener expedientes clínicos electrónicos con criterios estandarizados para facilitar el rastreo de antecedentes médicos y de tratamiento entre los distintos subsistemas de salud.
• Reducir brechas de financiamiento entre subsistemas, a fin de asegurar el acceso universal efectivo a un sistema de calidad.
• Incentivar la atención primaria y preventiva, con énfasis en nutrición, enfermedades prevenibles y servicios de salud sexual y reproductiva. Garantizar el acceso a los servicios de salud (preventiva y mental) a niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
• Transparencia. Crear un sistema de monitoreo y garantía de la calidad bajo un esquema transversal que considere los distintos tipos de financiamiento y servicios, que sea independiente de las instituciones de salud.
• Asegurar presupuestos y factibilidad financiera, considerando tipos de servicios que requiere la población sin seguridad social, las transiciones demográficas y epidemiológicas del país, así como los fondos transferidos a los estados. Fortalecer la atención médica de alta especialidad, con metas de cobertura de mediano y largo plazo, para gestionar los recursos necesarios. Implementar estrategias enfocadas a reducir el “gasto de bolsillo” y el “gasto catastrófico” en salud.
• Atender las brechas de financiamiento entre subsistemas para asegurar el acceso universal efectivo a un sistema de salud de calidad. Monitorear y fortalecer la calidad de las instituciones.
Solucionar: rezagos en vacunación; falta de personal médico; desabasto de medicamentos; largos tiempos de espera; saturación de los servicios; disponibilidad de consultas y el otorgamiento oportuno de tratamientos.