Aída Espinosa Torres
Según la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una reforma constitucional es un proceso mediante el cual se realizan modificaciones a la Carta Magna. Este proceso está regulado en el artículo 135 constitucional, que establece los requisitos y procedimientos necesarios para emprender tales cambios.
La legislación establece que las reformas o adiciones a la Constitución deben ser aprobadas por el Congreso de la Unión, con el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes en ambas cámaras (Diputados y Senadores).
Además, estas reformas tienen que ser ratificadas por la mayoría de las legislaturas de los estados. Este procedimiento asegura que cualquier cambio a la Constitución tenga amplio consenso entre los legisladores federales y estatales, garantizando la estabilidad y continuidad del marco legal fundamental del país.
Se vuelven fundamentales porque son herramientas clave para construir una sociedad más justa, equitativa y adecuada a las realidades contemporáneas.
De acuerdo con especialistas en la materia, en la medida que la sociedad evoluciona también lo hacen sus necesidades y valores. Así entonces, las reformas permiten que la Constitución refleje tales cambios y se mantenga relevante.
Por otro lado, las reformas pueden ampliar o fortalecer la protección de los derechos humanos y civiles. Esto es esencial a fin de garantizar que la ciudadanía disfrute de las libertades y derechos para una vida digna.
Actualizar la Constitución mejora la eficiencia y transparencia del gobierno, al optimizar procesos administrativos y judiciales.
Una Constitución que evoluciona con el tiempo ayuda a mantener la estabilidad social y política porque asegura que las leyes sean justas y equitativas.
Las reformas pueden abordar desigualdades históricas y estructurales promoviendo mayor equidad en la sociedad. 1
Ejemplo de ello es la Reforma Constitucional de Derechos Humanos de 2011. De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, incidió en crear una nueva cultura de derechos humanos y colocó en el centro la dignidad de las personas. Representa el avance jurídico más importante que ha tenido México para optimizar el goce y ejercicio de los derechos humanos.