REVISTA CÁMARA

Investigación / ABC Legislativo

Sep 05, 2025

Asesoría parlamentaria: entre la especialización y la multidisciplina

Juventina Bahena

Un libro elaborado por asesores y funcionarios de la Cámara de Diputados define la figura de asesor legislativo como la persona con conocimientos profesionales o experiencia en materias legislativa, jurídica, política, económica o social; redactan proyectos de ley, reformas y demás instrumentos legislativos, asegurando calidad técnica y coherencia con el marco legal existente.

Para ello, “deben realizar investigaciones sobre temas específicos y el impacto de las leyes propuestas; generalmente, los asesores parlamentarios pueden establecer contactos con expertos, grupos de interés y otras instituciones para recabar información y facilitar la participación de diferentes actores en el proceso legislativo, además de elaborar informes técnicos y objetivos a fin de fundamentar las decisiones de los legisladores”.

El texto refiere que Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política durante el primer año de la LXIV Legislatura, propuso un modelo de profesionalización que incluyera formación en Historia de México, Historia Universal, Teoría Política, Economía, Estudios de Género y Administración Pública, así como saberes específicos en áreas de técnica legislativa, oratoria, redacción de discursos y medios de comunicación.

Hasta aquí, los autores del texto han tratado de perfilar la figura de un asesor legislativo dotándolo de amplia formación académica que lo faculte para tratar casi cualquier asunto legislativo y personal del legislador o legisladora a la que presta sus servicios, poque deberá redactar sus discursos y atender asuntos de imagen y promoción personal a través de medios, particularmente redes, y una larga lista de responsabilidades.

Este perfil no sólo exige formación multidisciplinaria y vasta experiencia en diversos campos del saber, sino que esa enorme responsabilidad se deposite en una sola persona, porque veamos, la razón fundamental del Congreso es reformar, derogar leyes y códigos en todos los ámbitos de la legislación, entre otras funciones, y para dictaminar su pertinencia, factibilidad y viabilidad legislativa, cada Cámara crea grupos de trabajo que, en el caso de la de Diputados, son 51 comisiones que cubren todas las temáticas que tuvieran que estar abordando los entes facultados para presentar iniciativas de ley o de reforma.

Hay que considerar que cada Grupo Parlamentario está obligado por ley a presentar su agenda legislativa al inicio de cada periodo, que es un listado específico o enunciativo de temas que pretende legislar y aprobar; es una especie de programa, un plan de trabajo que define cuáles leyes o reformas se priorizarán en un periodo legislativo.

Es probable que cada Grupo Parlamentario cuente con profesionales que elaboren las piezas legislativas previamente pactadas o a partir de la presentación de las iniciativas recibidas y, por supuesto, de los legisladores, a título personal o de la bancada porque, aunque se ajusten a una agenda, no es una condición limitativa.

Además, están los Centros de Estudio, cuya principal función es investigar temas diversos en apoyo a la labor parlamentaria previamente al dictamen de las comisiones. Es decir, elaborar un análisis técnico sobre la factibilidad financiera de una propuesta de ley o reforma, el impacto que tendrá en un grupo social determinado, si cumple con las disposiciones sobre la perspectiva de género, y si no contraviene otras disposiciones legales y constitucionales, entre otras cosas.

Ya se tiene un Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, otro de Estudios de Derecho y uno más en el área social, que pudieran realizar sus labores de forma interdisciplinaria, esto es, “con un enfoque en el que se integran conocimientos y métodos de diferentes disciplinas para abordar un problema o proyecto. Hay colaboración activa e intercambio de ideas que lleva a una síntesis de perspectivas, permitiendo una comprensión más holística y soluciones más integradas”.

De este modo, cuando se enviara una iniciativa a la dirección de los centros, se turnaría a todos para que cada uno, en su esfera de actividades, determinara científicamente lo que corresponda: cuánto le costará al erario, a cuántas y cuáles personas beneficiará y si esa nueva disposición no contradice otra, como las antinomias, por ejemplo, o cualquier otra contravención legal o constitucional. A partir de ese “predictamen”, se podrían tomar decisiones más acertadas. De ninguna manera tales dictámenes técnicos tendrían un carácter “vinculante”, porque la decisión última, se quiera o no, es política y filosófica.

Por ejemplo, durante la pandemia por Covid-19, el entonces presidente López Obrador informó a la nación que estaba garantizada la compra de 250 millones de vacunas, para lo cual se habían invertido 15 mil 809 millones de pesos en contratos con seis laboratorios internacionales. Seguramente el presidente no le preguntó al Congreso, pero sí a Hacienda. Y la pregunta sería: ¿de dónde sacamos el dinero? No si era un gasto exorbitante. Igual el Congreso, beneficia el mayor beneficio social o eso se espera, al menos. Y en esta tarea no valen los esfuerzos aislados.

Cada iniciativa está sustentada en datos, cifras, estadísticas, cuadros comparativos, una argumentación racional, otras investigaciones que aporten información válida a la propuesta sujeta a dictaminación. Parece que no es labor para una sola persona. Trabajar en equipo es la opción más saludable.

Apostar por el individualismo es un paradigma que ya quedó en el pasado.

Con información de: