Reforma a Ley de Amparo fortalece el acceso a la justicia

En sesión vespertina, el Pleno de la Cámara de Diputados conoció para trámite de declaratoria de publicidad el dictamen a la minuta que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El documento, elaborado por las comisiones unidas de Justicia y de Hacienda y Crédito Público, también modifica el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Esta iniciativa fue presentada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

Una reforma integral con visión garantista

El objetivo principal es modernizar y armonizar el sistema judicial para garantizar un acceso más rápido, transparente y eficiente a la justicia. Se actualizan los procedimientos relativos al juicio de amparo, otorgando certeza jurídica a las partes y promoviendo una revisión integral de las prácticas procesales para fortalecer el derecho de acceso a la justicia.

Entre los aspectos más relevantes, destacan:

• Presentación electrónica de promociones (opcional para personas quejosas).
• Uso obligatorio de firma electrónica y notificaciones digitales.
• Obligación de autoridades de tener usuario en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial.
• Fortalecimiento del interés legítimo, delimitando claramente a los sujetos con capacidad jurídica para interponer un amparo.

Parámetros más claros para la suspensión del acto reclamado, evitando su uso para obstaculizar actos de interés público o proteger actividades ilícitas.

Asimismo, se reformó el régimen transitorio, estableciendo que los asuntos ya en trámite al momento de entrada en vigor del decreto seguirán bajo las normas vigentes al momento de su inicio, garantizando certeza jurídica.

Justicia digital y eficiencia procesal

El presidente de la Comisión de Justicia, diputado Julio César Moreno Rivera (Morena), destacó que esta reforma es resultado de un proceso plural y abierto que incluyó audiencias públicas con participación de diversos sectores. Subrayó que el juicio de amparo es un pilar del constitucionalismo mexicano y que esta actualización busca devolverle su sentido original como protección frente al abuso de autoridad.

Moreno Rivera enfatizó que la reforma pretende modernizar el juicio de amparo mediante herramientas digitales, hacerlo más eficiente y reafirmar su carácter garantista. Entre sus puntos centrales mencionó la precisión del interés legítimo, la regulación estricta de la suspensión del acto reclamado, y el reconocimiento del juicio de amparo en línea, con carácter opcional para quienes no dispongan de medios tecnológicos.

Finalmente, hizo un llamado a aprobar la reforma con convicción democrática para fortalecer el Estado de derecho, modernizar la justicia y consolidar la transformación del Estado al servicio de la ciudadanía.

Cámara de Diputados aprueba reforma a la Ley de Amparo; desecha mociones suspensivas y mantiene debate sobre acceso a la justicia

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 345 votos a favor, 131 en contra y 3 abstenciones, el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política, así como al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Previamente, el Pleno desechó en votación económica varias mociones suspensivas presentadas por diputadas y diputados de diferentes grupos parlamentarios, quienes proponían suspender la discusión y devolución del dictamen a comisiones para un análisis más exhaustivo, argumentando incompatibilidades constitucionales y en materia de derechos humanos.

Distintas voces se pronunciaron en torno al dictamen

La diputada Mariana Benítez Tiburcio (Morena) defendió la reforma, asegurando que el juicio de amparo es una conquista popular que debe estar al servicio del pueblo, sin retrocesos en derechos ni privilegios disfrazados.

En contraste, el diputado José Elías Lixa (PAN) criticó que la reforma favorece a los poderosos y limita el acceso al amparo para colectivos feministas, indígenas y defensores de derechos humanos, argumentando que el interés legítimo no debe subordinarse a un supuesto interés público.

La diputada María Luisa Mendoza (PVEM) señaló que el acceso al juicio de amparo permanece intacto y que la reforma aporta modernización, digitalización y coherencia jurídica, representando un avance en favor de la ciudadanía.

El diputado Reginaldo Sandoval (PT) enfatizó que la reforma fortalece la eficiencia y transparencia del juicio de amparo, democratizando el acceso mediante herramientas digitales, y reconoce la protección de intereses colectivos.

El diputado Rubén Moreira (PRI) adelantó su voto en contra al calificar la reforma como inconstitucional, contraria a derechos humanos y con impactos negativos en la presunción de inocencia y prisión preventiva

El diputado Juan Ignacio Zavala (MC) denunció que el proceso de discusión fue violado y que la reforma deja desamparadas a personas vulnerables sin acceso efectivo al amparo.

Cambios clave

La minuta establece que el interés legítimo para promover un juicio de amparo debe implicar una lesión jurídica real, actual y diferenciada, descartando beneficios hipotéticos o meramente eventuales. Además, se determina que las promociones podrán presentarse por escrito o de forma electrónica, siempre de manera opcional.

En materia de suspensión de actos, se limita la posibilidad de otorgar suspensiones con efectos generales en juicios que reclamen la inconstitucionalidad de normas generales. Se enfatiza que la suspensión deberá ser evaluada con base en un análisis ponderado que considere el interés social y el posible daño a la colectividad.

En el ámbito fiscal, la reforma restringe el uso del juicio de amparo contra ciertas resoluciones firmes y establece que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa será competente para conocer juicios relacionados con resoluciones definitivas y actos administrativos en materia tributaria.

El dictamen también establece que los juicios deberán resolverse en un plazo máximo de 60 días naturales posteriores a la audiencia constitucional, buscando así agilizar los procesos y evitar dilaciones.

Finalmente, la minuta fue aprobada en lo particular con 322 votos a favor, 128 en contra y 3 abstenciones, y enviada al Senado para los trámites constitucionales correspondientes.

Cambios generan debate

La Cámara de Diputados aprobó una serie de modificaciones a la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, que generaron debate y confrontación entre diversos grupos parlamentarios, a partir de reservas presentadas por legisladores de Morena y otros partidos.

Sustitución de “interés público” por “disposiciones de orden público”

El Pleno aceptó la reserva del diputado Julio César Moreno Rivera (Morena) para modificar el artículo 128, fracción III, de la Ley de Amparo, sustituyendo el término “interés público” por “disposiciones de orden público”. Además, se eliminó la fracción V del mismo artículo, que establecía la necesidad de que “de ejecutarse el acto se puedan causar daños de difícil reparación”.

Moreno Rivera explicó que el cambio responde a argumentos presentados en audiencias públicas, con la finalidad de evitar interpretaciones ambiguas que pudieran permitir negar suspensiones bajo criterios amplios o discrecionales basados en un concepto confuso como “interés público”. En su lugar, se busca que los jueces ponderen de manera técnica y precisa el equilibrio entre el interés social y las disposiciones de orden público para evitar daños significativos a la colectividad.

La diputada Lilia Aguilar Gil (PT) defendió el concepto original de “interés público” como el conjunto de valores colectivos protegidos por el Estado, mientras que legisladores del PAN criticaron la reforma por ampliar el poder discrecional del Estado y reducir el control ciudadano.

Modificaciones en materia de suspensión

También fue aprobada una reserva presentada por los diputados Ricardo Monreal (Morena) y Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja (PT), que modificó el artículo 129 para permitir que se continúen actividades o servicios con permisos o concesiones aun cuando hayan sido revocados o dejados sin efectos provisionales o definitivos, eliminando una restricción previa.

Esta reforma busca proteger a millones de mexicanos y pequeños negocios, evitando que la revocación o suspensión de permisos detenga actividades productivas mientras se resuelven los juicios correspondientes.

Artículo transitorio sobre aplicación de la ley

Se aprobó una reserva del diputado Hugo Eric Flores Cervantes (Morena) para establecer claramente que las etapas procesales concluidas bajo la legislación anterior conservarán sus derechos adquiridos, mientras que las actuaciones procesales posteriores a la entrada en vigor de la reforma se regirán por las nuevas disposiciones, en consonancia con el artículo 14 constitucional y la jurisprudencia de la Suprema Corte.

Flores Cervantes enfatizó que esta redacción busca aclarar la aplicación temporal de la ley para evitar interpretaciones retroactivas que perjudiquen a las partes.

Diputados del PAN cuestionaron que el transitorio proviene de la iniciativa presidencial y advirtieron que podría abrir la puerta a negocios con la justicia y eliminar el interés legítimo como concepto.

Intervención de Ricardo Monreal Ávila

Durante la discusión sobre la reforma a la Ley de Amparo, el diputado Ricardo Monreal Ávila defendió la reserva presentada por su compañero Hugo Eric Flores, relativa al artículo Tercero Transitorio. Monreal lamentó que el debate, que debía ser un espacio para un diálogo jurídico constructivo, se desviara hacia confrontaciones políticas y acusaciones que restaron valor al análisis legal del tema. Reconoció que la política conlleva estrategias electorales, pero expresó su pesar porque esto alejó a los grupos parlamentarios del fondo del asunto.

Monreal enfatizó que Morena, como fuerza política responsable y gobernante, tiene el compromiso de responder a las demandas ciudadanas y fortalecer el sistema jurídico, especialmente en materia de justicia constitucional y derechos humanos. Sobre la reforma al derecho de amparo, explicó que esta establece claramente la aplicación temporal de la ley procesal, distinguiendo entre etapas procesales ya concluidas y actuaciones futuras, respetando el artículo 14 constitucional que prohíbe la retroactividad perjudicial.

Para apoyar su argumento, citó a destacados juristas mexicanos y la jurisprudencia de la Suprema Corte, que establecen que la Ley de Amparo es procesal y que se debe interpretar para preservar derechos adquiridos y garantizar certeza jurídica. Subrayó la importancia de definir con precisión la aplicación de las disposiciones ante una reforma para evitar confusiones.

Uno de los puntos más importantes que expuso fue la problemática que la reforma busca resolver: el uso sistemático de recursos legales para prolongar procesos de cobro fiscal, lo cual causa un daño significativo al erario público. Mencionó que hay más de dos mil créditos fiscales en litigio, con montos superiores a 100 mil millones de pesos, muchos suspendidos judicialmente durante años, lo que impide que el Estado recupere recursos esenciales para políticas públicas.

Destacó que solo se recupera un porcentaje mínimo de estos créditos, mientras que deudores poderosos se benefician del retraso.

En este contexto, defendió que la reforma propone que las suspensiones provisionales no sean automáticas, sino que requieran garantías para evitar la fuga de recursos y asegurar el pago, representando un avance en el combate a la corrupción, el lavado de dinero y la delincuencia organizada.

Finalmente, Monreal reafirmó el compromiso de Morena y la bancada con esta iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que busca una transformación profunda del país con beneficios sociales y jurídicos. Agradeció la paciencia y tolerancia del Pleno durante el debate y se comprometió a defender la reforma con respeto y argumentos en favor del pueblo mexicano.

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