La Asociación Fintech México publicó recientemente un reporte sobre el estado de las empresas de finanzas digitales en el país. Básicamente, la provisión de servicios financieros por la vía digital ha crecido alrededor de 14% en sus ingresos entre 2021 y 2022.
No obstante, el potencial de crecimiento de estas empresas ha sido detenido por problemas en la regulación, con una legislación deficiente, por una autoridad que avanza en los procesos de autorización, pero con lentitud, y por la falta de una política nacional que ponga a servicios como la banca digital en el centro de la estrategia para avanzar en la inclusión financiera.
En el reporte se destaca que la mitad de quienes ahora utilizan servicios financieros digitales antes no usaban servicio financiero alguno, lo que muestra el potencial de esta herramienta en materia de inclusión. Países como Argentina, Brasil y Colombia se han convertido en ejemplos del avance de servicios digitales, gracias a regulaciones que facilitan la apertura de nuevos servicios, la innovación y el mejor uso de la información.
Naciones como las nuestras son precisamente las que más requieren de este tipo de servicios, que reducen costos de acceso y de transacción, de transporte, que pueden ofrecer opciones al ecosistema de la economía informal, mayor seguridad para los usuarios y oportunidades de financiamiento a empresas desatendidas por la banca tradicional.
El lento proceso de desarrollo de las opciones de servicios financieros digitales le cuesta al país en productividad, pero también contribuye a la mala distribución del ingreso, ya que las personas de menos recursos, o las empresas de menor tamaño siguen sin acceso al pago electrónico, el ahorro, el crédito y los seguros, cuando la tecnología ya lo podría hacer posible.
Este informe es valioso, no solamente porque ofrece un diagnóstico novedoso del desempeño del sector de finanzas digitales, sino que además plantea propuestas para acelerar la obtención de autorizaciones y mejorar la regulación para promover un mayor crecimiento del sector. En esa línea, será importante que Asociación Fintech construya una agenda regulatoria comprensiva de las finanzas digitales y dé seguimiento a los cambios regulatorios necesarios y la emisión de la normativa pendiente de la mano de las autoridades .
Esta labor puede ser la base para formar una agenda nacional en favor de los servicios financieros con metas concretas en los temas regulatorios y de infraestructura que van a tener mayor impacto. Uno es el de facilitar la apertura de cuentas vía remota, es decir, sin acudir a una sucursal. Eso es posible si se amplía el universo, las bases de datos y los mecanismos de verificación por medio de los cuales las personas pueden identificarse vía remota para aperturar una cuenta.
En el caso de micro seguros, cuentas de ahorro o crédito al consumo en realidad no existen riesgos de que se abuse de este tipo de facilidades, ya que se cuentan con sistemas de seguridad similares a los que se tienen al alcance de una sucursal bancaria.
Otra son las prácticas de banca abierta, o la posibilidad de que, previa autorización, los datos de los usuarios puedan ser compartidos entre las instituciones financieras para poner más opciones a disposición de los usuarios. Esto también puede suceder con la información de las instituciones públicas, que con autorización del ciudadano puedan compartir datos que son útiles para la inclusión financiera.
Parte de la revolución de la banca digital es el uso de la información, con el apoyo de las nuevas tecnologías, para realizar análisis de riesgo más precios, con las variables adecuadas, que van a permitir expandir la oferta de los servicios a sectores que ahora no son atendidos, porque con la banca tradicional no se valora toda la información, lo que lleva a la subestimación de datos como los de ingreso, patrimonio o el potencial de un negocio.
Las instituciones estatales tienen que reforzar sus esfuerzos para facilitar los mecanismos de transferencia de pagos, generar competencia y facilitar el uso de los sistemas públicos. Además, es importante la inversión pública y privada en infraestructura como la de internet, especialmente en zonas rurales. La inversión que ya realiza el gobierno para llevar servicios financieros a regiones apartadas, con el Banco de Bienestar, debe de complementarse con servicios financieros digitales, que, con esa infraestructura y la propia, pueden rápidamente ampliar las opciones financieras en esas zonas.
Todo se puede hacer sin mayor riesgo, siempre y cuando todos los proveedores de servicios estén regulados de manera adecuada y se trabaje en la educación financiera. Se trata de una agenda relativamente sencilla de implementar, pero que debe ser parte central de la política pública de los gobiernos, por su potencial para generar, en el corto plazo, inversión, empleos, ahorro, competencia, mayores ingresos y más oportunidades productivas para millones de mexicanos ahora excluidos.