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Apuntes sobre la reforma electoral


Mtro. Héctor Antonio Sánchez Olmedo / Servidor público en el INE

Los debates respecto de la necesidad de emprender la reforma electoral se han convertido en una larga serie de discusiones entre quienes defienden, desde las cúpulas del poder, la iniciativa del presidente y los que optan por una perspectiva más conservadora sobre el sistema electoral mexicano.

¿Es necesaria una reforma electoral en 2022? En primer término, recordemos que las reformas de este tema en México, en su mayoría, han respondido a fenómenos sociales y a la presión partidista por democratizar el sistema político.

Tenemos, por ejemplo, la famosa reforma de 1977, que fue resultado de los acontecimientos suscitados en Tlatelolco; o la reforma de 1991, la cual respondió a la efervescencia de las míticas elecciones de 1988.

Ahora bien, una vez con lo anterior en mente, vale la pena analizar que no existe una coyuntura o presión social que empuje la necesidad de reformar el sistema electoral actual. Este imperativo deseo procede exclusivamente del Palacio Nacional. Ni los ciudadanos ni los partidos habían hecho pública esta demanda.

Todo sistema y, en general, cualquier hechura del hombre es perfectible, eso es indiscutible. Puede afirmarse que cualquier cambio que tenga la finalidad de mejorar siempre será bienvenido; esta debe ser la cuestión del debate.

Me gustaría enlistar una serie de elementos que, a mi juicio, no pueden ser sujetos a debate para su eliminación, dado que representaría un retroceso en el desarrollo democrático del país.

1. La representación proporcional: Toda democracia debe garantizar la representación del mayor número de fuerzas políticas, lo que implica que exista debate y pluralidad. La representación proporcional es fruto de la pugna por la democratización del sistema político.

2. Autonomía del órgano electoral: México tiene experiencia sobre la organización de elecciones a manos del gobierno, lo que se tradujo en mayorías absolutas y hegemonía unipartidista durante el siglo XX, por lo que los intentos de reducir la autonomía representan un gran riesgo para el partido en el poder y que pone en riesgo la imparcialidad de los comicios.

3. Reducción de atribuciones: Las tareas encomendadas al INE no solamente se relacionan con la organización de elecciones. Existe un sinfín de actividades que realiza en cuanto al registro federal de electores, la fiscalización, la promoción de la educación cívica, la administración en tiempos de radio y televisión. Reducir sus atribuciones implica debilitarlo y acortar su rango de acción, convirtiéndolo en un órgano meramente técnico, sin capacidad de actuación para administrar correctamente todas las actividades que derivan en una democracia.

Finalmente, el punto crucial de esta reforma es la reducción de los gastos que realiza el Instituto Nacional Electoral (INE). Si bien puede parecer caro a primera vista, también se debe analizar de acuerdo con el número de actividades encomendadas y a la solidez que da a nuestro sistema político. Desaparecerlo es la propuesta más peligrosa que puede hacerse en el marco de la democracia, porque implicaría la manipulación de la actividad electoral y el retroceso político de México.

Las opiniones vertidas en este texto son responsabilidad única y exclusiva del autor.


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