Costos del sistema financiero y la competencia

La semana pasada la autoridad de competencia, la COFECE, determinó que existen barreras a la competencia en el mercado de procesamiento de pagos con tarjeta, que se manifiesta en las altas comisiones que, cobradas en la red de pagos, principalmente porque las cámaras de compensación son propiedad de los bancos.

Los bancos, además de tener la propiedad de las cámaras, emiten tarjetas y proveen terminales de puntos de venta. La resolución contiene recomendaciones dirigidas al Banco de México y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, principalmente con el objetivo de reducir las tarifas cobradas por aceptar tarjetas como medio de pago.

Se trata de una conclusión esperada, los problemas de competencia afectan a un conjunto de empresas que participan en la red de pagos, comercios, agregadores, emisores de tarjeta de crédito y las nuevas cámaras de compensación que han querido entrar y crecer en el país.

Lo que sucede ahora es que las reglas relacionadas al sistema de pago con tarjeta, lo que incluye las condiciones de interconexión entre las cámaras de compensación y el mecanismo para determinar las tarifas interbancarias, son acordadas por los participantes actuales del sistema, lo que genera ventajas para los incumbentes y desalienta la entrada de competidores. Peor aún, la copropiedad facilita comportamientos coordinados, colusión, en ese mercado.

El problema es que las recomendaciones de la COFECE no son de carácter obligatorio, las autoridades regulatorias podrían no cumplirlas. Entre las principales recomendaciones, no vinculantes, al Banxico y CNBV, son establecer con claridad disposiciones que garanticen la interoperabilidad de las redes de pago con tarjeta, regular los límites máximos para las tarifas de Interbancarias, establecer fórmulas para determinar dichas tarifas con un enfoque que privilegie disminuir costos operativos, que permita la comunicación entre las diferentes cámaras de compensación y ayude a mitigar los riesgos de comportamientos anticompetitivos.

Si el Banxico regula la determinación de la tarifa interbancaria máxima, esto podría resultar en una disminución de la proporción pagada a los emisores de tarjetas, lo que incentivaría la entrada y crecimiento de más oferentes y a que estos generen productos innovadores enfocados a nuevos sectores. Actualmente, los bancos, que son copropietarios de las cámaras de compensación, benefician a sus propios emisores, lo que desincentiva el desarrollo y la entrada de otros nuevos.

Una tarifa de intercambio más baja podría llevar también a una "tasa de descuento" más baja cobrada a los comerciantes, lo que va a fomentar la aceptación de los pagos con tarjeta. Las nuevas medidas regulatorias tendrían que derivar en más cámaras de compensación para generar competencia entre redes de pago abiertas, lo que reduciría la posibilidad de colusión entre los bancos copropietarios y mejores condiciones para los participantes del mercado.

Las cámaras de compensación actuales, E-Global y Prosa, tendrán que establecer un programa de cumplimiento de la legislación de competencia y designar a un oficial de cumplimiento para supervisarlo. Sin embargo, no se tomó la medida obligatoria que sería más poderosa, la de desintegrar verticalmente a los bancos y las cámaras de compensación, o sea que los bancos vendieran el 51% de la propiedad de las cámaras.

En esa lógica, abrir la entrada y promover el crecimiento de más participantes en el sistema financiero, como los que se ofrecen por la vía digital, es necesario. Por ejemplo, acelerar la adopción de pagos digitales con herramientas como CoDi y DiMo, así como emitir la regulación pendiente de finanzas con datos abiertos y potenciar figuras como las fintech o los bancos digitales.

La verdad es que hoy la regulación las limita, las autoridades no han sido particularmente proactivas en impulsarlas y eso explica que el país tenga un menor desarrollo de servicios financieros digitales en relación, por ejemplo, con el resto de América Latina. Por esa vía, la digital, es posible generar competencia en el sector en el corto plazo, que atienda a sectores de la población ahora sin servicios, sin riesgos para la estabilidad del sistema financiero.

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