El combate a la corrupción o por lo menos el discurso del combate a la corrupción han sido dos de las estrategias de campaña política más fuertes en los últimos años. Cada 3 y 6 años vemos candidatas y candidatos prometiendo cárcel a los que están en turno para ganar simpatía y hemos caído en un juego de quien puede más años de cárcel y las propuestas de que harán como gobernantes pasa a segundo plano.
Si bien Andrés Manuel López Obrador lleva muchos años con esta bandera, fue en el año 2018 durante la campaña presidencial cuando le puso valor cuantitativo a la corrupción nacional. Según el ahora Presidente de la República, se perdían 500, 000 millones de pesos cada año en corrupción (desde el circulo más bajo hasta el más alto) y urgía tomar medidas para recuperar este dinero perdido para utilizarlo en políticas públicas.
“No vamos a permitir que nadie se robe el dinero del presupuesto que es dinero del pueblo. Ya ustedes me conocen, paisanos, soy perseverante y terco, soy necio y ya se me metió en la cabeza, acabaré con la corrupción y me canso ganso, se va a acabar la corrupción en el país”, aseguró durante un evento en Veracruz en la campaña presidencial el 27 de mayo de 2018
Según el entonces aspirante, cada año se perdían 500,000 millones (de pesos), por lo que se comprometió a ahorrar todo ese dinero y destinarlo a proyectos productivos, crear empleos y para el bienestar del pueblo; el dinero ya no se va a ir “por el caño de la corrupción” (pronunció durante el evento ya citado).
El 31 de agosto del 2019, el Presidente López Obrador previo a su primer informe gubernamental, señaló que, gracias a las acciones de combate a la corrupción, durante los primeros meses de su sexenio se lograron ahorros por 500 mil millones de pesos.
“Cuando hay corrupción no rinde el presupuesto; si no hay corrupción, el presupuesto alcanza. Y no hay necesidad de aumentar impuestos para tener más presupuesto, ni de crear impuestos nuevos, no hay necesidad de endeudar al país, porque también ha crecido muchísimo la deuda pública”, afirmó López Obrador de gira por Chignahuapan, Puebla.
Quisiera destacar un comentario acertado sobre la corrupción que hizo la ex Embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, durante un foro sobre lucha contra la corrupción en el 2017.
“La corrupción y los costos que impone en la sociedad y en la economía son un fenómeno mundial. La corrupción retrasa el crecimiento económico, impide que los ciudadanos reciban la estructura que se merecen. La corrupción absorbe dinero de escuelas, hospitales y otros fines, e incrementa la desigualdad”
Y dos frases claves para el análisis de este ensayo:
1. “México no está condenado a ser corrupto”
2. “La corrupción no es un problema exclusivo de México”
• Ningún país del mundo está condenado ante esta “epidemia” social
• La corrupción como problema internacional necesita soluciones y trato internacional, por ejemplo, el Foro Económico Mundial estima que la corrupción es un fenómeno global que eleva entre 10 y 30 por ciento los costos de la construcción de proyectos públicos
Ahora durante ese mismo foro se habló posibles estrategias para combatir la corrupción:
1. Cooperación interinstitucional
2. Participación ciudadana
3. Transparencia y herramientas digitales
4. Andamiaje legal efectivo
Rescato algunos comentarios sobre las mencionadas:
1) María Amparo Casar, de la agrupación Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). “No hay un esfuerzo en el mundo que haya sido exitoso en donde no hayan concurrido el gobierno, los empresarios y la sociedad civil. No he encontrado ninguno que no haya involucrado a estos tres sectores”
2) “No podemos vivir en eterno golpeteo con instituciones públicas, hay que trabajar con quienes están dispuestos a hacerlo. La sociedad civil no es el enemigo a vencer; las organizaciones, al igual que la academia, podemos ser incómodas, nos podemos equivocar, pero somos tan indispensables como útiles para sentar las bases para fortalecer las instituciones. Tenemos que vigilarlos, tenemos que exigirles y para eso estamos, esto no quiere decir que seamos antigobiernistas”, afirmó también María Amparo Casar
3) “(Se debe) desarrollar una estrategia eficaz de intercambio de información que permita contar con un sistema electrónico eficiente para mejorar la planeación de las auditorías, y así ampliar la cobertura y el impacto de la fiscalización”, aseguró Ana Laura Arratia, ex subsecretaria de Control y Auditoría de la Gestión Pública de la Secretaría de la Función Pública de México (SFP)
4) “Un marco legal no es suficiente por sí solo para crear un cambio en la sociedad. La indignación de los ciudadanos y el compromiso de las organizaciones de la sociedad civil llevaron a la creación de este sistema, y será necesaria una vigilancia constante para asegurar la instrumentación y aplicación de estas nuevas leyes”, afirmó la ex Embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson.
Para el presente ensayo quisiera retomar el tema herramientas digitales como estrategia primordial en el combate a la corrupción y ejemplos internacionales que las han empezado a implementar.
Estrategias
Las nuevas tecnologías pueden aumentar la transparencia de los presupuestos, las licitaciones públicas y la participación ciudadana, disminuir el flujo de efectivo (en especial en el pago de trámites o multas) y disminuir la burocracia (sobre todo la “ventanillocracia” entendiendo que el papel es poder y un incentivo perverso para corrupción).
Los gobiernos deberían de buscan mejorar la eficiencia y la transparencia a través de la expansión de los servicios digitales y/o de las plataformas en línea. La ambición del gobierno digital es sustituir papel que tradicionalmente se utilizan para interactuar con los ciudadanos por aplicaciones digitales vía smartphones, y con ello lograr que los servicios públicos funcionen mejor, más rápido, de manera más inteligente y sobre todo evitando flujos de efectivo y de tramites en papel que son modificables.
Según el informe “Tecnologías Digitales para la Transparencia en Inversión Pública: Nuevas Herramientas para Empoderar Ciudadanos y Gobiernos” del Banco Interamericano de Desarrollo se analiza la pregunta clave: ¿Cómo las TICs pueden apoyar mejoras concretas en la inversión pública?
Y generaron tres respuestas o vías (citadas tal cual):
Mejora en la gestión de la información. El diseño y la implementación de proyectos de inversión pública requiere la recolección, análisis e intercambio de diferentes tipos de información entre diversos niveles de gobierno. Esta es la base de la transparencia. Las herramientas de gestión de información descriptiva y prospectiva como los paneles de control ayudan a que la información sobre el desempeño de los proyectos sea precisa, actualizada y accesible para los gestores del proyecto y los ciudadanos. En este sentido, tecnologías como la nube o apps son fundamentales porque permiten alojar herramientas de administración complejas, fomentar un entorno de innovación digital seguro para las instituciones y permitir un análisis granular de grandes bases de datos. De hecho, diversas agencias del sector público en gobiernos como Chile, Estonia y el Reino Unido ya funcionan parcial o totalmente en la nube o apps.
Identificación de irregularidades y sobrecostos. Los avances en analítica de datos, incluyendo la minería de datos, están expandiendo rápidamente las herramientas disponibles para someter un número masivo de transacciones a un escrutinio sistemático, y poder identificar riesgos de corrupción en tiempo real. Por ejemplo, gracias a la plataforma colombiana MapaRegalías, el número de irregularidades en proyectos detectadas y remitidas a las instituciones de control en el país aumentó de sólo 57 en 2013 a más de 1,000 en 2016. En cuanto a sobrecostos, un experimento realizado en Perú demostró que la existencia de tecnología para el monitoreo social de proyectos de infraestructura contribuyó a reducir los sobrecostos en proyectos de obras a la mitad.
Involucramiento del ciudadano. Las plataformas de georreferenciación de datos muestran la ubicación geográfica de los proyectos en un formato sencillo e intuitivo, lo que permite a los ciudadanos identificar dónde y cómo se gastan los recursos y, a la vez, ofrecer retroalimentación ciudadana a las instituciones. La plataforma Incorruptible, en México, otorga a los ciudadanos la posibilidad de reportar peticiones de soborno, mientras que los residentes de Montevideo pueden solicitar reparaciones a las infraestructuras públicas que lo necesiten gracias a PorMiBarrio – con una tasa de resolución de aproximadamente 50 por ciento de las quejas emitidas.
Casos en América Latina
o Argentina: se convirtió en un gobierno sin papel, con la digitalización de los procedimientos administrativos, la introducción de la identidad digital y la expansión de los servicios digitales. Este no es un logro pequeño considerando las raíces profundas de la cultura del papel en la burocracia argentina.
o Brasil: El Contralor General Federal (CGU) de Brasil, Wagner Rosário, dijo que el Gobierno Federal ha estado experimentando un proceso de transformación a través del uso creciente de la tecnología, tanto para reducir costos como para combatir la corrupción. Según el ministro, la aplicación de soluciones de análisis de datos por parte del gobierno no es un proceso simple, ya que implica inversiones en tecnología y capacitación de mano de obra calificada. Sin embargo, el uso de este recurso en la lucha contra la corrupción es una realidad.
o Panamá: La compañía Global Advisory Solutions (GLOADSO), firma de Asesorías especializadas en temas de auditoría interna, riesgos, gobierno corporativo, auditoría y riesgos de TI, ciberseguridad y robótica, anunció que comenzará a utilizar la aplicación Shogun Monitor System para facilitar el combate contra la corrupción.
En el caso mexicano podemos presumir pocos esfuerzos digitales ciudadanos (puramente) sobre el tema de la denuncia (formal), y uno de ellos es la aplicación de los llamados “Supercivicos”, la cual se describe así misma como “una red de reporteros ciudadanos para transformar nuestras ciudades". Dicha app sirve para denunciar desde el bache en la colonia hasta el policía corrupto.
Varios estados y municipios del país han optado por uso de tecnologías como apliaciones y kioscos digitales. Los Kioscos Digitales o Kioscos Electrónicos, son módulos de autoservicio que funcionan como una ventanilla única automatizada donde se ofrecen múltiples servicios y que están situados en lugares estratégicos con el fin de acercarlos al usuario.
Blockchain: una cadena de bloques, conocida en inglés como blockchain, es una estructura de datos en la que la información contenida se agrupa en conjuntos (bloques) a los que se les añade meta informaciones relativas a otro bloque de la cadena anterior en una línea temporal, de manera que, gracias a técnicas criptográficas, la información contenida en un bloque solo puede ser repudiada o editada modificando todos los bloques posteriores. Esta propiedad permite su aplicación en un entorno distribuido de manera que la estructura de datos blockchain puede ejercer de base de datos pública no relacional que contenga un histórico irrefutable de información.
Actualidad del combate a la corrupción en México con uso de tecnologías
El Banco de México (Banxico) presentó su primer sistema de cobro digital (CoDi) el cual permitirá avanzar en la lucha contra la corrupción mediante la disminución del flujo de efectivo y agilizar el pago virtual mediante aplicaciones digitales.
Comunicado de prensa al 30 de septiembre de 2019:
La plataforma CoDi, desarrollada y operada por Banco de México, permitirá solicitar pagos entre individuos o empresas desde sistemas desarrollados con ese fin y realizar dichos pagos a través de un dispositivo móvil usando la aplicación de algún participante del SPEI que lleve cuentas de depósito a sus clientes. La plataforma de CoDi ha estado a disposición de los participantes del SPEI desde el 27 de abril de 2019 para sustentar las pruebas piloto realizadas por aquellas instituciones que así lo decidieron.
Entre los beneficios de pagar con CoDi destacan:
Solicitar y realizar pagos en cuestión de segundos de una manera sencilla, eficiente, segura y sin comisiones;
Disponer de los recursos de manera inmediata;
Promover la competencia entre los distintos servicios de pagos, y
Fomentar la inclusión financiera.
Abonaría dos propuestas más al funcionamiento del citado proyecto:
I. Lo ideal sería llegar a la universalidad del CoDi rumbo a los pagos de tramites gubernamentales completamente digitales y eliminar por fin la “ventanillocracia”
II. Avanzar al pago de multas (sobre de todo de tránsito) al momento de la detención con escaneo de código de barras entre la terminal del agente de tránsito y el detenido con sus Smartphone
Sin duda la tecnología como una estrategia para poder detectar y controlar la corrupción especialmente en países en vías de desarrollo donde su uso podría ser fundamental para reducir este fenómeno y poder gestionar de manera más eficiente los recursos públicos en pro de la sociedad.
Para cerrar dejaría los siguientes puntos principales:
Menos efectivo = menos dinero a la mano (corrupción de banqueta y ventanilla)
Aplicaciones de seguimiento de recurso público = mayor vigilancia a las licitaciones
Más aplicaciones y áreas digitales = menor burocracia e incentivo a la profesionalización del personal útil y capacitado
Todo esto resumido en menor corrupción = a mayor y mejor tecnología
La simplificación administrativa y mejora en el uso de las tecnologías de la información y comunicación, son dos aliados indispensables del Sistema Nacional Anticorrupción, su adecuado uso impactará sensiblemente en el combate a la corrupción.
“Las Tecnologías de la Información y la Comunicación se han posicionado como un instrumento clave para la exigencia de rendición de cuentas. En este sentido, la democratización de su uso y desarrollo ha permitido que los ciudadanos contribuyan a proponer soluciones a temas coyunturales de forma novedosa y creativa.”
Evidentemente como toda estrategia es perfectible y el uso de tecnología no es aislado ni suficiente y debe ir de la mano de construcción de ciudadanía, mayor participación ciudadana, mayor información pública (constante), y la construcción de políticas públicas transversales, interinstitucionales, acompañadas del marco legal correspondiente vía el poder legislativo, respaldadas por la ejecución y voluntad del poder ejecutivo, vigiladas por un poder judicial actualizado y todo rodeado por los parámetros internacionales de la Agenda 2030.