Feminicidio: impulsando reformas para proteger a las mujeres

El sistema de justicia penal en México ha recorrido un largo camino desde la implementación del sistema acusatorio tras la Reforma Constitucional de 2008, una transformación clave para promover la oralidad, la transparencia y la equidad en los procesos judiciales. Sin embargo, la reforma no atendió las situaciones de violencia que enfrentan las mujeres de nuestro país. Nelson Mandela llegó a decir: "una nación se mide no por la forma en que trata a los poderosos, sino por cómo trata a los más vulnerables". Este principio de justicia es fundamental en nuestro contexto actual, donde los sectores más afectados por la violencia: las mujeres y, mayormente, las mujeres de escasos recursos. En consecuencia, es prioritario compaginar atención social, médica y garantizar que el sistema de justicia proteja a quienes más lo necesitan.

El feminicidio es un delito de odio dirigido específicamente contra las mujeres. Este delito representa uno de los desafíos más urgentes no sólo para el sistema de justicia penal en nuestro país, sino para nuestra sociedad. El feminicidio consiste en la privación de la vida de una mujer por razones de género. Desafortunadamente, este delito ha adquirido proporciones alarmantes en México, donde un promedio de 13 mujeres son asesinadas diariamente. Las repercusiones sociales que genera este delito no sólo refleja un grave problema de seguridad, sino también la falta de respeto hacia los derechos fundamentales de las mujeres, una sociedad que no respeta la dignidad de las mujeres.

Para contrarrestarlo, el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum ha impulsado reformas significativas en la materia de procuración de justicia. Así, el 10 de Octubre de 2024, la Presidenta envió al Congreso de la Unión una iniciativa para homologar el tipo penal de feminicidio en todo el país, garantizando que todos los casos de muerte violenta de mujeres sean siempre investigados como feminicidio. Este esfuerzo busca eliminar la impunidad y asegurar la justicia para las víctimas y sus familias. Similarmente, la Presidenta propuso la obligación de crear de fiscalías especializadas en delitos de género en todas las entidades federativas. Lo anterior demuestra el compromiso de la primera Presidenta de México por abordar este problema de manera eficaz.

Adicionalmente, la Presidenta de México ha requerido a su Gabinete de Seguridad que promueva la sensibilización y capacitación de las autoridades encargadas de investigar estos delitos, estableciendo protocolos de atención y respuesta rigurosos y eficaces. Este enfoque integral no sólo se centra en castigar a los perpetradores, sino también en prevenir futuras violencias mediante programas de apoyo y protección a las mujeres en situaciones de riesgo.

El feminicidio constituye un asunto de suma importancia que exige una respuesta inmediata tanto de la sociedad como del Estado. La protección y el apoyo que se le debe brindar a las mujeres es un reflejo del compromiso de una nación con la justicia y el respeto a los derechos humanos. Por lo tanto, es esencial fortalecer las políticas públicas y los mecanismos judiciales para prevenir, sancionar y erradicar contundentemente este delito de nuestra sociedad.

Las iniciativas propuestas e impulsadas por el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum representan una esperanza de cambio y representan un paso importante hacia la construcción de un sistema de justicia que escuche a las más vulnerables. No obstante, es esencial dar puntual seguimiento al proceso legislativo que se derive de estas iniciativas. En su conjunto, las reformas legales, la capacitación constante y la especialización en áreas emergentes son cruciales para lograr que la justicia en México sea más accesible, eficiente y respetuosa de los derechos humanos para todas las mujeres de nuestro país. No dejemos de luchar por las mujeres ni por las que menos tienen.

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