Hacia una Reforma Fiscal integral; consideraciones y aproximaciones

Las últimas reformas constitucionales relevantes en materia fiscal se llevaron a cabo en 2010 y en 2014, ambas impulsadas por eventos nacionales e internacionales de gran relevancia para nuestro país. En 2010 se aumentó la tasa del IVA del 15% al 16%, con excepción en las zonas fronterizas, donde se mantuvo en 11%; esta reforma se llevó a cabo durante el sexenio del presidente Felipe Calderón y en el periodo de recuperación de la crisis financiera de 2008, el gobierno necesitaba aumentar la recaudación tributaria para activar el gasto público e incentivar a la economía nacional. Asimismo, en 2014 se aumentó la tasa del ISR del 30% al 35%, medida que pretendía gravar en mayor proporción a las personas con mayores ingresos, dado que la tasa de este impuesto es progresiva y proporcional respecto al ingreso de los individuos y las empresas; también se eliminó la tasa especial de IVA en la zona fronteriza para que se homologara a nivel nacional. No olvidemos que esta última marcó el inicio de la debacle de la administración de Enrique Peña Nieto.

Hablar de una reforma fiscal es impopular en todo el mundo; a nadie le gusta pagar más impuestos; es una decisión política impopular pero necesaria en la mayoría de los casos. Algunos ejemplos relevantes son Grecia y España, este primero llevó a cabo una reforma fiscal entre 2010 y 2012, aumentando la tasa de IVA del 19% al 23%, tras la crisis financiera de 2008 y la bancarrota del país helénico, el FMI y la Unión Europea prácticamente obligaron a las autoridades a tomar la decisión. Al igual, España incrementó el IVA del 18% al 21% en 2012, bajo el mismo contexto económico que Grecia. Ambas reformas fueron una medicina dolorosa e impopular pero necesaria para sacar dichas economías a flote e impulsar la recuperación.

Así como hay reformas fiscales que aumentan impuestos, también hay reformas que los bajan. Algunos ejemplos recientes son Estados Unidos y Reino Unido, en este primero se firmó el Tax Cuts and Jobs Act en 2017 , una reforma llevada a cabo durante la primera presidencia de Donald Trump que redujo el impuesto corporativo federal del 35% al 21%, con la finalidad de hacer al país más atractivo a las inversiones y competitivo a nivel internacional; en Gran Bretaña, de igual manera, se redujo el impuesto corporativo del 20% al 17% en 2017, a fin de impulsar la economía tras el Brexit, durante la administración de Boris Johnson. 

Sin embargo, el caso de México es mucho más particular y complejo. En 2022 la recaudación tributaria como porcentaje del PIB era de 16.9%, mientras que el promedio de los países latinoamericanos era de 21.5% y el promedio de los miembros de la OCDE era de 34%, cifras contrastantes para la 14° economía del mundo y la 2° de la región. Aún más preocupantes son las cifras si las analizamos a profundidad, según diversos estudios de OXFAM, el 50% más pobre de la población paga $0.45 centavos en impuestos por cada dólar que gana, mientras que el 1% más rico del país solo paga $0.20 centavos por cada dólar ganado, lo que refleja la profunda inequidad del sistema tributario, sus vacíos y lagunas que permiten evadir y eludir impuestos a los más privilegiados de nuestro país. Esto es especialmente grave e injusto si analizamos el hecho de que Latinoamérica es la región más desigual del mundo, el 1% de los más ricos se queda con 25 USD de cada 100USD de la riqueza creada en lo que va del siglo XXI, mientras que el 50% más pobre se queda únicamente con 1.5 USD de cada 100 USD. Una sociedad no puede progresar con estos niveles de injusticia social. La paz y la prosperidad de la región dependerá en gran medida de la presencia de una justicia fiscal que redistribuya de manera eficaz la riqueza generada. 

En la actualidad el sistema tributario mexicano tiene 4 pilares, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejora, derechos e impuestos; este sistema está basado en el principio de proporcionalidad, que pague más quien más gana, sin embargo, este principio se ha visto violado constantemente a lo largo de los años por contribuyentes de todos los sectores sociales, especialmente por la cúpula económica y empresarial del país. Las lagunas y los vacíos legales permiten a estos individuos y empresas contratar a despachos fiscales especializados para que paguen la menor cantidad posible de impuestos, evadiendo así su deber de contribuir al desarrollo nacional. Esto se ha combatido en los últimos años, la recaudación ha aumentado casi 60% desde 2018, cuando asumió la presidencia Andrés Manuel López Obrador, pasando de 2.3 billones de pesos a 3.7 billones en 2024. Esto ha sido posible gracias a una mayor eficiencia al interior del SAT, se han terminado mayoritariamente los privilegios fiscales y se ha dado especial énfasis en los grandes contribuyentes.

Del total de la recaudación actual, 46% proviene del ISR, un impuesto directo que grava el ingreso de los individuos y las empresas; 14% del IMSS, que son ingresos destinados únicamente a la seguridad social; 25% del IVA, impuesto indirecto que grava el consumo de manera homogénea; el restante es insignificante para el propósito del presente artículo, el IEPS es un impuesto indirecto que grava el consumo de bienes y servicios particulares, especialmente productos considerados de lujo. A grandes rasgos, la tasa de ISR a empresas o personas morales es del 30%, cifra adecuada dado que el promedio de la OCDE es de 23.6%; la tasa de ISR a personas físicas es progresiva y alcanza un máximo de 35%, cifra por debajo del promedio de la OCDE que es de 42.5%. Aquí esta la gran oportunidad para llevar a cabo una reforma fiscal que tarde o temprano será imperativa para el país.

México enfrenta grandes retos actualmente, el regreso de Donald Trump al poder en Estados Unidos y su intención de imponer aranceles a las exportaciones mexicanas es uno mayúsculo, nuestro comercio exterior representa prácticamente el 40% del PIB, mientras que más del 80% de nuestras exportaciones van hacia el vecino del norte. Asimismo, en un entorno global marcado por el proteccionismo, la desaceleración económica y las disrupciones en las cadenas de valor, es imperativo llevar a cabo una reforma fiscal integral que aumente la recaudación y redistribuya la riqueza, una reforma que permita enfrentar una población cada vez más vieja y un sistema pensionario que necesita ser rediseñado. 

Esta reforma tiene que ser progresiva, debe ser justa y proporcional, no es aumentado el IVA y el IEPS como se mejorará el sistema, aumentar los impuestos indirectos es sumamente regresivo en términos sociales, es una tasa homogénea que repercute en mayor proporción en los hogares más pobres, ya que grava el consumo de bienes y servicios y representa mucho más en los hogares desfavorecidos que en aquellos más ricos. Tampoco es aumentado la tasa del ISR corporativo, esto nos haría poco competitivos y atractivos para las inversiones nacionales e internacionales. La respuesta está en el ISR de las personas físicas, que la gente más afortunada pague en mayor proporción, que aporte más al desarrollo nacional. La desigualdad en el decil 10 es igual de amplia que entre deciles, es hora de que el 1% pague su parte justa.

Las opiniones vertidas en este texto son responsabilidad única y exclusiva del autor.

Compartir en Facebook Compartir en Twitter