Ingresos, deuda y pobreza

México es un país con grandes inequidades sociales en donde muy pocos tienen todo y muchos tienen muy poco. La pobreza crece constantemente al alimentarse con quienes bajan de la clase media al perder sus empleos y ahorros o, simplemente, al decidir pensionarse o por efectos directos de la inflación últimamente registrada.

Conforme a cifras y datos de fuentes oficiales, la población en situación de pobreza se ha incrementado notablemente a partir de la llegada del gobierno de la 4T, en parte por los efectos de la pandemia por COVID-19 pero, por otra, debido a la inercia del nulo crecimiento económico registrado antes del surgimiento del COVID. La intención del gobierno de sacar a millones de mexicanos de la pobreza y convertirlos en clase media, hasta estas alturas del sexenio del Sr. López Obrador, ha fracasado al registrarse precisamente lo contrario.  

Para el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), para superar la situación de pobreza de millones de mexicanos no basta con los apoyos sociales del gobierno, sino que, evidentemente, hacen falta instrumentos de políticas públicas más potentes que democraticen las oportunidades de desarrollo, tanto en la esfera personal de los individuos, como a nivel de regiones geográficas. 

En este sentido, las grandes obras sexenales regionales como el tren Maya, el corredor transístmico y la refinería Dos Bocas, a pesar de las críticas que han desatado, en el largo plazo pueden catapultar el desarrollo del sureste mexicano, región en la que, al igual que en muchas otras a lo largo y ancho del país, los mexicanos que nacen en situación de pobreza tienen altísimas probabilidades de morir en esa misma situación.  

México no ha despegado como potencia económica debido a que nuestro sistema económico-social no ha desarrollado los instrumentos que faciliten y permitan la polaridad social ascendente. Siendo pragmáticos, el éxito de las políticas públicas del gobierno tendría que evaluarse en razón del porcentaje de pobres que dejan de serlo y no por el simple convencimiento masivo a través de las “mañaneras”, en las que abundan descalificaciones y luchas contra molinos de viento, a semejanza de “adversarios fantasmas” necesarios para alimentar la narrativa presidencial y que “todos los días lo atormentan”. 

Bien haría el gobierno con que, a efecto de fortalecer la política social, abandonara la soberbia y valorara las cifras del CONEVAL. Las descalificaciones per se no desaparecen la pobreza y, a juzgar por el número de personas de clase media que emigran a la pobreza, la lucha del gobierno bajo el slogan “primero los pobres” está fracasando.

Sabido es que en ningún país del mundo se logran grandes beneficios sociales sin antes invertir cuantiosos montos de recursos en servicios públicos como seguridad social, educación y salud. Quienes más invierten más apuestan y más probabilidades tienen de ganar, sin embargo, para invertir se requiere previamente tener, y para tener se requieren fuentes de ingresos que permitan, a la vez que proveer recursos al Estado, generar inversiones que produzcan empleos bien remunerados que impacten el ciclo económico mediante el consumo privado y público.

Si el Estado no atina en diseñar instrumentos para dinamizar el círculo virtuoso de inversión-crecimiento-inversión, el crecimiento económico y en consecuencia el desarrollo económico y social seguirán siendo mínimos y la demanda agregada continuará en caída libre en razón directa a la contracción del gasto público y privado, aminorada apenas un poco por los elevados niveles de remesas.

Los ingresos públicos no pueden alimentarse por siempre, como sucede para este año 2023, en el alarmante endeudamiento público (14.17% del total de ingresos) manifiesto en la Ley de Ingresos (tabla infra 1) y menos cuando aproximadamente el 91.7 % de la deuda contraída para 2023, sea para el pago del servicio de la deuda (tabla infra 2).

Incrementar los ingresos públicos y, en consecuencia, el gasto público presupuestal requiere de una profunda pero impopular reforma hacendaria, a lo que los gobiernos le sacan la vuelta por razones meramente electorales. Las fuentes de ingresos públicos del Estado mexicano suelen ser muy pocas y, a juzgar por los pobres resultados históricos del crecimiento económico, crónicamente insuficientes para detonar el ansiado desarrollo y cubrir necesidades apremiantes, sobre todo las referidas a los determinantes sociales de la salud, como el agua potable para consumo humano, que demanda ser considerada bajo la perspectiva de los derechos humanos y de seguridad nacional.

Por una parte, los mexicanos, ejerciendo sus derechos humanos, demandan cada vez más y mejores servicios públicos “gratuitos” y, por otra, pocos de ellos pagan impuestos ya que, conforme a datos publicados por el Inegi en su comunicado de prensa núm. 173/23 del 31 de marzo del presente año, al mes de febrero de 2023 “…la informalidad laboral fue de 32.4 millones de personas y la Tasa de Informalidad Laboral (…) fue 55.5 % de la población ocupada, 0.9 puntos porcentuales más que en el segundo mes de 2022…”.

Dados los niveles de informalidad laboral por un lado, y la obligación del Estado mexicano de atender los derechos humanos a la seguridad social y a la salud de todos los mexicanos, incluyendo a los trabajadores independientes ajenos a cualquier esquema de seguridad social, por otro, el gobierno implementó una prueba piloto consistente en un “…esquema integral de Seguridad Social simplificado para la incorporación voluntaria al Régimen Obligatorio de este sector de la población…” mediante pagos en parcialidades que bien puede ser una opción válida para, a la vez que disminuir la informalidad laboral, incrementar la captación de ingresos para destinarse a la seguridad social.

Los resultados de esta prueba piloto han derivado en diversas iniciativas de ley para reformar la Ley del IMSS, que se encuentran en proceso de ser dictaminadas y sometidas al Pleno en el Senado de la República. La incorporación a la seguridad social de millones de trabajadores independientes, de lograrse en los términos planteados, será un fuerte aliciente para disminuir las crónicas inequidades sociales y los alarmantes niveles de pobreza en México.

Las opiniones vertidas en este texto son responsabilidad única y exclusiva del autor o de la autora.

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