La era de la gobernanza de contenido social

Desde las primeras formas de organización humana, gobernar ha sido una tarea compleja.

Inicialmente relacionada y derivada del poder, la idea de gobernar perduró como eso: el ejercicio del poder.

De esta forma, mantener las condiciones necesarias para la subsistencia de la organización social era producto del ejercicio del poder, a través de decisiones sustentadas en el mandato de autoridad.

Por esta razón, la idea que tradicionalmente permeó en torno de la idea de gobernar hasta finales del siglo XX es la de ser simple y sencillamente el acto de ejercer el poder como garante de la estabilidad social.

Poco a poco, la influencia de otros factores del “poder”, como la economía y la propia sociedad, comenzaron a cuestionar el esquema vertical de esta concepción de gobernar.

Esto es, aquella visión de gobernar como la mera imposición de las decisiones de quien detentaba el poder, fue poco a poco perdiendo terreno, tanto en lo político como en lo social, no solamente por la poca eficacia de estas decisiones, sino porque, al final, los destinatarios comenzaron a ganar terreno como “factores reales de poder” y el consecuente reclamo de “ser tomados en cuenta” al tomarse las decisiones de interés público.

De esta manera, a finales del siglo XX comenzó a definirse a la intervención del Estado de forma eficaz e incluyente como “gobernanza”, caracterizada por una visión no vertical del ejercicio del poder.

Más allá de las definiciones técnicas que sobre la gobernanza existen hoy en día, lo importante es destacar que es el término que se gesta bajo la idea de que en la toma de decisiones públicas deben intervenir no sólo los entes de autoridad, sino también la sociedad civil, como podrían ser ciudadanos, asociaciones civiles o empresarios, pensando en que, estas determinaciones tengan como fin ser eficientes y eficaces, bajo la idea del “buen gobierno”.

Por tal motivo, ya gobernar no puede ser el mero ejercicio del poder y la toma de decisiones por la sola razón de “ser autoridad”, ahora lo importante, es que estas decisiones sean productivas, que se materialicen, que se utilicen con eficiencia los recursos humanos, técnicos y materiales, sobre todo, que resuelvan los problemas públicos.

Justo para lograrlo se parte de una sencilla premisa: no puede lograrse tal objetivo solamente porque la decisión es de una autoridad que detenta el poder.

Un gobierno eficiente, eficaz y de buenas prácticas es resultado de la armonía de los actores implicados en las decisiones públicas.

De esta manera, bajo los principios de la gobernanza, no pueden entenderse programas o acciones de gobierno que no hayan sido producto de las aportaciones, consultas y consensos de la sociedad civil y demás actores involucrados.

Lo importante de todo esto es que, al final, toda decisión que se tome y ejecute desde la esfera pública sea eficiente y eficaz, que gracias a ella se resuelvan los problemas que aquejen al sector al que va dirigido, solamente así podemos hablar de un buen gobierno.

La cuestión ahora es ¿qué debe privilegiarse en estas decisiones públicas?

Antes de continuar, debo enfatizar que por decisión me refiero a toda determinación que emite el poder público con afectación general.

Bueno, en esta dinámica de interacción eficiente de los actores relacionados con una decisión pública, el Estado, como ente de autoridad, ha pasado a ser el agente que debe “armonizar” los intereses -convergentes y divergentes- que se encuentran inmersos en esta decisión.

Y de esta forma, los intereses que deben marcar la pauta son los necesariamente vinculados con el “bienestar social”, por encima de aquellos que en estricto sentido pudiesen responder únicamente a pautas gubernamentales “abstractas”.

Lo anterior significa que hoy la autoridad en ese ejercicio de gobierno no toma decisiones únicamente bajo el amparo del poder que ostenta, para considerarse eficaces y eficientes, pues se sabe deben partir del consenso y armonización de sectores privados y sociales.

De esta manera, la gobernanza ha desplazado a las decisiones autoritarias para darle paso a los consensos públicos.

En este consenso necesario debe prevalecer el interés del bienestar social, no solamente en el sentido de inclusión, sino de legitimidad de toda decisión pública.

Compartir en Facebook Compartir en Twitter