Las falacias de una reforma

En el mes de diciembre del 2022 se publicaron reformas a la Ley General de Comunicación Social (LGCS), cuyo objeto consistió en clarificar el alcance y contenido de diversos conceptos, como el de propaganda gubernamental, al que se refiere el párrafo octavo del artículo 134 de la CPEUM, y para establecer como responsabilidad administrativa de los servidores públicos el uso indebido de recursos públicos en la promoción personalizada que refieren los párrafos séptimo y octavo de este artículo constitucional.

La reforma se sustentó bajo las hipótesis de la existencia de poca claridad entre el uso indebido de recursos públicos por parte de los servidores públicos para impactar el desarrollo de una contienda electoral, y en el ejercicio de la libertad de opinión de estos servidores para expresarse e informar respecto a sus labores.

Se amplió el alcance del contenido del artículo 1 de la LGCS al sustituir la expresión: “propaganda, bajo cualquier modalidad de Comunicación Social”, por la de “propaganda gubernamental” bajo cualquier modalidad de Comunicación Social, que difundan los Entes Públicos señalados en el artículo 3 de esta Ley”.

De forma simple y llana, la reforma consistió en que los “Entes públicos”, antes acotados a “dependencias y entidades”, puedan realizar libremente campañas de “comunicación social”, programadas y solventadas con recursos públicos presupuestales, promoviendo, conforme al nuevo artículo 3 Bis, la ejecución de obras de infraestructura, prestación de servicios públicos y desarrollo de programas económicos y sociales; aspectos relevantes de las políticas públicas, rendición de cuentas, promoción y garantía de los derechos humanos; funcionamiento de las instituciones públicas y ejercicio de sus atribuciones, y contenidos que fomenten el derecho al acceso a la información, entre otros comprendidos en acciones de relevancia directa entre la población, como la protección de la salud y alimentación.

Como tímida y aparente limitante se acotó que la propaganda gubernamental debe ser de carácter institucional, esto es, circunscribirse a lo dispuesto en las normas en cuanto a las funciones y atribuciones de los Entes públicos, como requisito para implementarse con recursos públicos programados para dicho fin.

De esta manera, publicitar programas y logros oficiales, cualquiera que éstos sean, pasa de considerarse como violaciones a las normas electorales a considerarse como el cumplimiento de la obligación de informar a la sociedad, así como del ejercicio del derecho a la libertad de opinión de los titulares de los Entes.

Dicho así, la propaganda gubernamental se orienta a informar, en un contexto de rendición de cuentas, sobre la gestión y administración de los recursos públicos y de las metas y objetivos de los diversos planes y programas establecidos de los Entes públicos.

La propaganda gubernamental, al orientarse a informar a la sociedad en un contexto de rendición de cuentas de los Entes públicos y de sus titulares, sobre la gestión y administración de recursos públicos y de las metas y objetivos de sus diversos planes y programas, se considera valiosa para la gobernanza, entendida como el círculo virtuoso de la interacción entre gobernados y gobernantes, donde la sociedad incrementa su capacidad de decisión e influencia en el procesamiento de los asuntos públicos y, por tanto, en la definición del llamado interés general.

Sin embargo, más allá de la validez del discurso sobre la rendición de cuentas, con las campañas de comunicación social en tiempos electorales se pretende mantener el poder político del gobierno en turno en tanto que publicitan y vinculan los resultados del ejercicio de gobierno con los intereses generales y comunes.

Dado el contenido de la actual LGCS, la relevancia de la comunicación pública gubernamental consiste en su calidad de insumo en los asuntos de interés general. La información vertida en las campañas de comunicación social, al versar sobre el avance y alcance de las metas y compromisos políticamente adquiridos y demandados por los gobernados, o inducidos en el imaginario colectivo por la clase política, se convierte en un instrumento legal, institucionalizado y ventajoso de los servidores públicos posicionados en importantes cargos públicos, como las llamadas “corcholatas”, a efecto de promocionarse políticamente con recursos públicos bajo el pretexto de rendir cuentas y sin violar la ley.

Dado el contenido de la comentada reforma a la LGCS, impulsada por el partido político en el poder, se deduce que su intención implícita en realidad se orienta a incidir en el ánimo de los electores. Así, de la lectura del artículo 3 Bis se deduce que se orienta en alcanzar el poder político, en mantenerlo o en incrementarlo. Al vincular el ejercicio de gobierno con los intereses de la población, la información adquiere un claro sentido político donde, hoy por hoy, dada la discursiva presidencial, los más pobres y vulnerables son protagónicos.

Por principios, la información pública gubernamental debe ser clara, precisa y concisa, por lo que las instancias públicas generadoras y transmisoras de la información han de evitar recurrir a argumentos evasivos y equívocos que induzcan al error. La población informada toma mejores decisiones en materia patrimonial, en el cuidado de su salud y en el ejercicio de sus derechos.

Sin embargo, como es implícito en el presente trabajo, los gobiernos son proclives al manejo político de la información por lo que suelen ocultar datos que no les favorezcan, como los sobre costos del Aeropuerto Felipe Ángeles, de la refinería Dos Bocas, del Tren Maya, etcétera y, al contrario, dan a conocer aquellos que les favorezcan. Por ello favorecer las campañas publicitarias de los Entes públicos en tiempos electorales, lejos de ser verdaderos ejercicios de rendición de cuentas, se convierten en reales campañas políticas costeadas con recursos públicos.

En realidad, toda información pública es política. Esto es así en virtud de que la interacción de mensajes entre emisores y receptores, en que ambos juegan roles alternativos e intercambiables, tiene como objeto primigenio ganar la confianza ciudadana como medio para alcanzar o mantener posiciones de poder político. Las demandas sociales transmutan en argumentos discursivos de los “políticos” y las ofertas de estos generalmente se orientan hacia el cómo atenderlas.

Con la comunicación se difunden elementos de convicción, sean estos orientados a provocar cierto temor en la población, a evidenciar la conveniencia del estatus quo, a generar resignación ante lo “evidente e inevitable”, a orientar en algún sentido las decisiones ciudadanas, a la obediencia ciudadana o por cualquier otra causa. Bajo estos razonamientos, Sergio Anzaldo argumenta que la política es propiamente comunicación pues sin ella no puede hacerse política.

Las campañas de comunicación social en realidad son estrategias políticas, pues en ellas se diseñan mensajes que pretenden trascender en la convicción ciudadana, se resaltan virtudes y se minimizan defectos de actores o de instituciones políticas y, en su caso, se actúa a la inversa con los adversarios políticos.

Ejemplos de estos argumentos estratégicos dirigidos a incidir en la convicción ciudadana, aunque algunos previos a la multicitada reforma, son con los que se justificó, en contra de lo dispuesto por nuestra Constitución Federal, la incorporación definitiva de la Guardia Nacional (GN) al Ejército; la continuación de las labores híbridas cívico-militares en materia de seguridad pública de las fuerzas armadas, y los vertidos en torno a la reforma en materia eléctrica, en los que se apeló al sentido nacionalista y al supuesto e “inevitable” incremento de precios de los energéticos de no aprobarse.

De igual manera, dada la lógica de la lucha por conquistar o conservar el poder político, algunos servidores públicos suelen hacer enredos informativos y provocar engaños masivos alardeando de logros ajenos a la realidad, como el decir, en contra de toda evidencia, haber disminuido los niveles de deuda pública, haber acabado con la corrupción, con la delincuencia organizada, con la inflación.

Así, adjudicándose logros, promoviendo acciones de gobierno y ocultando rotundos fracasos como la construcción de aeropuertos de donde no salen vuelos y refinerías donde no se refina, los servidores públicos pueden disfrazar verdaderas campañas políticas permanentes, utilizando en su beneficio, desde la impunidad y privilegios que da el poder, cuantiosos y escasos recursos públicos.

Para concluir, en cuanto a la forma, en la comunicación política es común el manejo de frases cortas, machaconas y reiterativas, no exentas de sarcasmo y de mensajes cifrados más allá del mero contenido literal (“tepocatas, alimañas y víboras prietas”; “mariquitas”; “manos limpias y manos duras”; “lo bueno no se cuenta, pero cuenta mucho”; “por el bien de todos, primero los pobres”, “nosotros no somos iguales”, “no apostamos a construir una dictadura ni abierta ni encubierta”, u otras más).

Buscando ser más precisos, se aclara que los eslóganes pretenden ser reales argumentos de convicción para los electores y de descalificación de los adversarios, esto al fijar una idea o imagen en la conciencia colectiva mediante frases o juegos de palabras de fácil y hasta de divertida nemotecnia.

Las opiniones vertidas en este texto son responsabilidad única y exclusiva del autor o de la autora.

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