Pescadores, los olvidados del sexenio

México posee una extensión territorial total de 1,964,375 km2, con una superficie continental de 1,959,248 km2 e insular de 5,127 km2 de superficie de lagunas costeras y esteros y 6,500 km2 de aguas interiores como lagos, lagunas, represas y ríos. El litoral del Pacífico es de 629,925 ha y el del Golfo y el Mar Caribe de 64,979 ha. Existen, además, 160 sistemas lagunares costeros, con una superficie aproximada de 1,277,904 ha, de las que 111 se encuentran en el Océano Pacífico con superficie estimada de 629,925 ha; 35 en el Golfo de México, con 633,879 ha; y en el Caribe 14, con una superficie de 14,100 ha.

México, por otra parte, tiene una Zona Económica Exclusiva (ZEE) de 200 millas marinas (370,400 metros) en la que, conforme a la fracción I del artículo 46 de la Ley Federal del Mar (LFM), ejerce “Derechos de soberanía para los fines de exploración y explotación, conservación y administración de los recursos naturales, tanto vivos como no vivos, ya sean renovables o no renovables, del lecho y el subsuelo del mar y de las aguas suprayacentes, y con respecto a otras actividades con miras a la exploración y explotación económica de la Zona, tal como la producción de energía derivada del agua, de las corrientes y de los vientos”.

La ZEE y la superficie territorial nacional de casi dos millones de kilómetros cuadrados arrojan una extensión continental sumada de 4,946,000 km² de superficie territorial nacional. En la Zona Exclusiva, según datos para 2017 de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), México captura de manera sustentable más de 100 mil toneladas anuales de atún de aleta amarilla; y, dada la amplitud de esta Zona, la producción pesquera nacional se concentra en el litoral de Pacífico con el 82% del total de la captura nacional; en el litoral del Golfo y el Caribe con el 16%; y las entidades sin litoral, como el Estado de México, Hidalgo, San Luis Potosí, Puebla y Durango, que practican la acuacultura, solamente generan 2% del total nacional.

Del litoral del Pacífico destacan por su actividad pesquera las entidades de Sonora, Sinaloa, Baja California Sur y Baja California; del litoral del Golfo y el Caribe sobresalen Veracruz, Tabasco, Campeche y Tamaulipas. Entre estas regiones y entre entidades de la misma región se observan grandes desigualdades en la actividad pesquera, por lo que el Gobierno Federal diseñó estrategias de apoyo a los pescadores con base en estas desigualdades. La división en regiones obedece a las características diferenciadas en el desarrollo de la actividad pesquera, por lo que dichas características son básicas en el diseño e implementación de las políticas públicas para el sector pesquero con un enfoque territorial.

Los órganos oficiales responsables de la planificación y supervisión de la actividad pesquera nacional, como SEMARNAT, el Registro Nacional de Pesca y Acuacultura (RNPA) y la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), consideran que para mejorar el aprovechamiento pesquero, las políticas públicas del sector no solo han de enfocarse en incrementar la producción en los lugares tradicionales sino que, además, se deben aumentar los volúmenes de producción en todas las zonas donde sea posible, pero sobre todo deben de mejorar las condiciones de bienestar de los pescadores y sus familias, así como de todos aquellos que se dedican, de forma directa o indirecta, a esta actividad productiva.

En las propias regiones privilegiadas en captura mencionadas, no obstante sus elevados niveles de actividad pesquera, existen estados y localidades cuyos pescadores y acuacultores registran grandes rezagos sociales, motivo por el que el enfoque de territorialidad es clave para el desarrollo de políticas públicas y la canalización de apoyos gubernamentales; es decir, con un enfoque de territorialidad las acciones gubernamentales pretenden enfocarse hasta el mínimo nivel posible (estatal, municipal y/o de localidad) para solventar las desigualdades territoriales y sociales de los pescadores.

Según datos del RNPA, al mes de julio del 2021 la flota pesquera nacional se conformaba por 89,814 embarcaciones, de las que 2,353 eran embarcaciones mayores activas y operando y 87,461 eran embarcaciones menores destinadas a la llamada pesca ribereña.

A la misma fecha estaban registradas 295,200 personas vinculadas al sector pesquero, de los que 224,544 eran pescadores ribereños, 14,406 pescadores de altura y 56,250 eran acuacultores. Había, además, 9,443 granjas. Entre las embarcaciones de altura se encuentran barcos atuneros, escameros, camaroneros y sardineros. Con excepción de los atuneros, el resto de la flota pesquera, a consideración del RNPA, observa grave deterioro, por lo que requiere de urgentes labores para su rehabilitación y mejora.

Dadas las grandes extensiones litorales, la abundancia de recursos naturales, principalmente en la ZEE, y de su privilegiada ubicación geográfica, hacen de México un país de inmenso potencial pesquero y acuícola, lo que constituye un recurso invaluable para alcanzar la autosuficiencia alimentaria; sin embargo, contrario a ello, la actividad pesquera está muy por debajo de su potencial debido a que se encuentra condicionada por el estado físico de los activos productivos; por las posibilidades y capacidades de los pescadores y acuacultores, sobre todo los llamados ribereños y rurales, y por las características y condiciones de las pesquerías y especies de interés comercial en las regiones.

El pescador ribereño, que conforma la inmensa mayoría del sector pesquero nacional, según CONAPESCA, registra bajos niveles de producción y rentabilidad debido a lo deteriorado de sus instrumentos de trabajo (lanchas, motores y redes); a sus mínimos conocimientos técnicos y administrativos; a la drástica disminución de las pesquerías por efectos del cambio climático; por la dependencia de equipos e insumos importados; por los altos costos de los combustibles; por los mínimos o nulos esquemas de financiamiento.

Se estima que los ingresos de más del 60% de los pescadores ribereños mexicanos se encuentran por debajo de las Líneas de Pobreza establecidas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

Con objeto de incrementar la rentabilidad de los pescadores ribereños y acuacultores, disminuyendo sus insultantes niveles de marginación y pobreza, en apego a lo dispuesto en el PND 2019-2024, CONAPESCA, órgano desconcentrado de la SEMARNAT, impulsa los ya citados enfoques de territorialidad, caracterizando e identificando en las diferentes regiones del país a los pescadores y acuacultores más desfavorecidos, a efecto de canalizar los apoyos oficiales y garantizar el cumplimiento de los objetivos encaminados a generar condiciones de bienestar a los pescadores en las zonas más marginadas.

En consecuencia, a través del PNPAS, CONAPESCA planea atender diversas problemáticas del sector pesquero que, a forma de atención prioritaria, se enmarcan en los objetivos prioritarios del PNPAS: 1) Contribuir como actividad de pesca y acuacultura a la seguridad alimentaria prioritariamente a la población ubicada en zonas rurales; 2) Mejorar el ingreso y reducir la pobreza de comunidades pesqueras y acuícolas; 3) Garantizar el aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas de interés comercial.

En lo particular, en el objetivo dos del PNPAS, en su estrategia 2.3: “Mejorar las embarcaciones pesqueras para disminuir los altos costos operativos y salvaguardar la integridad física de los tripulantes”, CONAPESCA diseñó acciones prioritarias para mejorar físicamente las embarcaciones a efecto de ampliar su vida útil y seguridad en el mar; promover el cambio a motores marinos modernos a fin de optimizar el consumo de combustible; proveer de artes de pesca amigables con el medio ambiente para disminuir el impacto ambiental en las costas; apoyar con tecnologías de información y comunicación innovadoras para garantizar la seguridad de las embarcaciones en la navegación y auxilio de los tripulantes, además de volver eficientes los espacios de las embarcaciones para el manejo de producto a bordo y su conservación.

Al igual, en la estrategia 2.5 “Impulsar al sector social de la pesca y acuicultura con acciones que les permitan ser más eficientes en su actividad”, CONAPESCA consideró acciones orientadas a incentivar la adquisición de embarcaciones y equipos para la conservación de sus productos; incentivar la adquisición de equipos e infraestructura basado en un diagnóstico en el uso de producción más limpia y eficiente; promover la entrega de apoyos económicos directos a los trabajadores de la pesca y de las unidades de producción acuícola; impulsar la aplicación de buenas prácticas para el manejo de productos pesqueros y acuícolas, así como otorgar paquetes sencillos y de bajo costo (capacitación y equipo) para darle valor agregado a las especies capturadas que no se aprovechan.

No obstante que en lo particular las dos estrategias del objetivo prioritario dos consisten en sustantivas acciones que, de acatarse en sus términos, tendrían mayúsculos efectos positivos para una vida digna de los pescadores ribereños, al margen de su posible, correcta y oportuna implementación en diversos entidades de la República, en lo particular, en los estado de Nayarit y Campeche, en lo que me consta al ser de familia de pescadores y estar en constante interacción con ellos por motivos profesionales, en lo que va de avanzado del sexenio y en consecuencia del programa prioritario y sus estrategias, los pescadores de estas entidades no han recibido el más mínimo beneficio de ellas y, en el peor de los casos, desconocen totalmente estas políticas de beneficio a los pescadores, por lo que dicho programa, al igual que muchos más, no ha pasado de ser un paquete de buenas intenciones.     

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