Petro: Una Política Fiscal Progresista

Gustavo Petro, el nuevo presidente de Colombia, planteó una reforma fiscal que busca recaudar poco menos que el 2% del PIB de ese país. Es interesante cómo la reforma tributaria se presenta como parte de un programa que tiene como meta reducir la desigualdad. Es decir, tanto el ingreso, como el gasto que se pueda financiar del mismo sea progresivo, ya que el dinero adicional servirá para pagar por nuevos programas sociales, salud y educación. En general, en los países de América Latina, los indicadores de desigualdad no mejoran después de los impuestos y los gastos con respecto a las naciones más desarrolladas. La media más innovadora es la de establecer un impuesto permanente al patrimonio de las personas que tienen activos por alrededor del equivalente de 15 millones de pesos. Esas personas tendrán también restricciones para realizar deducciones fiscales. Las personas que ganen el equivalente a más de 50 mil pesos al mes tendrán incrementos progresivos en el impuesto a la renta en la medida en que tengan mayores ingresos. Además de que se gravan todas las ganancias en bolsa. Esas medidas seguramente tendrán efectos positivos para reducir la desigualdad en términos de renta, ya que los impuestos recaerían sobre la población de mayores ingresos, aunque también sobre cierta clase media, pero los incrementos serían mayores a medida en que estos aumenten. Esto es, no solamente se obtendría mayor recaudación, sino que la desigualdad tendría que disminuir. Otras medidas son las de establecer impuestos temporales a las empresas que tienen ganancias extraordinarias por la coyuntura actual, como las financieras y petroleras.

Otras medidas son establecer gravámenes a bebidas azucaradas y alimentos ultra procesados. Se parecen a los que ya existen en México, pero no son idénticos. En el caso de Colombia, el impuesto se establece por cada 100 ml de bebida que contiene azúcar, se busca que la personas consuman porciones más pequeñas. En este caso, el fin extrafiscal, es el de reducir el consumo de azúcar, como en el caso mexicano. Para los alimentos ultra procesados se propone un gravamen de 10% sobre la venta, como un IEPS mexicano, a ciertos productos procesados. Las medidas son correctas en términos de desincentivar el consumo excesivo de ciertos productos que tienen potenciales efectos negativos a la salud y de recaudar ingresos que eventualmente van a compensar al estado por los gastos que se van a incurrir por las enfermedades asociadas. Es decir, se internalizan las externalidades negativas a la sociedad de ese consumo.

La experiencia de la reforma fiscal de Colombia no es única. El reciente paquete de medidas del presidente Biden, busca financiar gasto en energías limpias con un impuesto mínimo de 15% a empresas con altos flujos de efectivo. Similar al IETU que operó en México por varios años. La idea es limitar la posibilidad de deducciones. Gabriel Boric, el presidente de Chile, propuso también un impuesto al patrimonio de las personas que posean más de 5 millones de dólares. Las discusiones tributarias del continente seguramente no van influir en el paquete fiscal mexicano que se presentará en las próximas semanas. El gobierno actual, ha sido capaz de financiar sus proyectos y las nuevas políticas sociales con recortes de gasto y medidas de fiscalización que han logrado incrementar la recaudación. Se ha anunciado que no se propondrán nuevos impuestos. Sin embargo, para el nuevo gobierno, la necesidad de incrementar impuestos será inevitable, por las presiones en el tema de las pensiones y la necesidad de nuevas inversiones.  Varias ideas fiscales que hoy se ponen sobre la mesa en el continente, pueden ser recuperadas en México en los próximos años. Especialmente, deberíamos rescatar la idea de que las reformas tributarias deben ser evaluadas en función de los efectos en la distribución del ingreso antes y después de impuestos y gastos. Ahora, el caso mexicano presenta una diferencia fundamental frente a las grandes economías de América Latina, prácticamente no se cobra el impuesto predial, un gravamen progresivo, que perfectamente puede ser impulsado por una política nacional que ayude a los gobiernos locales a cobrarlo.

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