Reforma política y campañas electorales

Los avances tecnológicos y la diversidad de información y contenidos que nos presenta la internet y las plataformas de redes sociales han modificado los los hábitos de consumo de los electores en la última década. Nadie discute que en el pasado los periódicos, la televisión y la radio eran los medios de comunicación por excelencia a través de los cuales nos entreteníamos o informábamos sobre lo que ocurría en nuestro entorno, sin embargo, con la llegada del internet y la disrupción de las redes socio digitales, hoy somos una sociedad que recibe miles de estímulos durante el día y el tiempo que dedicábamos a los medios tradicionales se ha diversificado.

En la era de la economía de la atención, la lucha de las marcas, empresas y gobiernos también ha evolucionado, y quienes han marcado la pauta de esa guerra por nuestra atención son las grandes plataformas de redes sociales. Los algoritmos se perfeccionan cada vez más basados en nuestros hábitos de consumo en internet, y las empresas de redes sociales ahora centran su modelo de negocio precisamente en esos datos que dejamos en cada clic mientras navegamos en la web y en nuestras redes sociales.

De acuerdo con datos de la encuesta Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2021, en nuestro país casi 8 de cada 10 mexicanos tienen conexión a internet y 6 de cada 10 hogares están conectados; mientras que el acceso a redes aumenta a 9 de cada 10 que navegan en alguna de las redes sociales. Según la organización Statista las más utilizadas en nuestro país son Whatsapp, Facebook, Facebook Messenger, Instagram y Tiktok, y el tiempo que pasamos navegando en internet ha aumentado a 5 horas diarias. De ese tamaño es la importancia que han adquirido estas nuevas tecnologías en la forma en que nos comunicamos.

Ante este contexto, se esperaría que la propuesta de Reforma Político Electoral que ha presentado el Presidente de la República tuviera un apartado más robusto sobre el nuevo modelo de comunicación política, como en su momento ocurrió con la Reforma Electoral del 2007 cuyo foco fue dar la rectoría de los tiempos del Estado en medios de comunicación al entonces Instituto Federal Electoral (IFE), para evitar quen empresas y organizaciones alteraran la equidad de la contienda comprando espacios en medios de comunicación como ocurrió en la campaña presidencial de 2006. Las modificaciones de esa reforma en el modelo de comunicación corrigieron entonces aquel vicio.

Sin embargo, hoy, 22 años después, no somos el mismo país ni la misma sociedad. En cada una de las 8 grandes reformas electorales que hemos tenido en los últimos 45 años, los mecanismos que garanticen más equidad y certeza para los ciudadanos se han fortalecido y se han corregido muchos erroress del sistema, lo que ha tenido como resultado que el órgano electoral tenga un escrutinio más fuerte de los recursos públicos utilizados por el instituto y los partidos, más candados para evitar procesos fraudulentos y más transparencia. El acierto en esos cambios se refleja en el apoyo de más del 68% de aprobación que tienen los mexicanos sobre el trabajo del Instituto Nacional Electoral (INE), según la última encuesta de Alejandro Moreno para El Financiero.

Si revisamos detenidamente la propuesta de reforma enviada por el Presidente López Obrador, observamos que el documento deja totalmente fuera la nueva realidad social de un país mucho más conectado en términos digitales. Lo más preocupante es que en el documento de 56 páginas los conceptos internet o redes sociales ni siquiera aparecen una sola vez.

A mi juicio, más que una reforma electoral que entiende y atienda la nueva realidad del país, percibo una reforma política que busca una transformación del sistema de representación, y al mismo tiempo, una intención de hacer que la democracia sea menos costosa para los mexicanos, sin tocar a profundidad una transformación real y adaptada a nuestros tiempos en el modelo de comunicación política que mantiene el eje rector en la spotización y los tiempos en radio y televisión.

Me parece acertado que la reforma abra la discusión sobre los recursos públicos que reciben los partidos políticos y el propio INE, sin embargo, cancelar el financiamiento para el gasto ordinario de los partidos y obligarlos a que solo se puedan recibir donativos de personas físicas mexicanas con montos topados, profundiza el riesgo de que intereses oscuros o el crimen organizado se apropien de las estructuras partidistas, y por ende de quienes luego buscarían ingresar a los espacios de toma de decisión.

El proyecto presidencial plantea un ahorro de más de 24 mil millones de pesos, y en estos tiempos de crisis, sin duda resulta muy atractivo para la opinión pública. Sin embargo, revisemos losdatos de la doctora Karolina Monika Gilas, investigadora de la UNAM e integrante de la Red de Politólogas, quien plantea que “en términos presupuestales, el costo de la democracia mexicana no es significativo: juntos el INE, los ocho partidos políticos y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) implican 39 centavos por cada 100 pesos del Presupuesto de Egresos”. Aquí cabe preguntarnos si realmente vale la pena experimentar un modelo que abre puertas a la tentación de utilizar dinero sucio e incentivaría riesgos que podrían amenazar aun más nuestra frágil democracia.

Más allá de abrir el debate sobre el financiamiento a los partidos y al INE, la reforma electoral debería centrarse no en el monto de los ahorros, sino en revisar con pinzas el contexto y las consecuencias de la reforma, y sobre todo, en los otros riesgos que hoy enfrentan las democracias de todo el mundo ante los nuevos desafíos que han traído el internet, las redes sociales y el crimen organizado que con su poder económico y de control social se ha filtrado en las campañas electorales.

Con esta reflexión no planteo que se haga una regulación absurda y limitativa de lo que ocurre en internet y las redes sociales, pero sí considero que estamos en el momento indicado para abrir el debate de manera responsable, sin filias ni fobias, para que en esta nueva reforma, el modelo de comunicación política contemple evitar que el dinero pueda alterar la equidad de las contiendas electorales, y que los monstruos de redes sociales que se han visto en escándalos de manipulación de los datos como el de Cambridge Analytica en el Brexit de Inglaterra o en la elección de Trump en 2026, puedan definir el rumbo de nuestras democracias.

No podemos dejar que sean estos monstruos tecnológicos quienes tengan el poder absoluto de definir el rumbo de nuestras democracias, y menos esperar a que el crimen organizado se aproveche aún más de los huecos y debilidades del sistema de financiamiento.

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José Manuel Urquijo es Maestro en Comunicación Política y Gobernanza por The George Washington University, y ha asesorado a partidos políticos y candidatos a diversos puestos de elección popular en México y Latinoamérica.

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