Representación política de las mujeres. Del acceso hacia la representación afectiva.

El reconocimiento de los derechos político-electorales de las mujeres mexicanas, al igual que todos los avances logrados en las esferas de nuestra vida pública y privada, ha supuesto una labor de reestructuración ardua, lenta, y llena de obstáculos. Basta con señalar la deuda histórica que supone el rezago en el reconocimiento constitucional, hasta 1953, del derecho de las mujeres a votar y a ser votadas, así como el dilatado proceso de 66 años que implicó transitar de estas incipientes proclamaciones formales de derechos, hacia el reconocimiento real del principio de paridad horizontal y vertical entre hombres y mujeres para la integración de los órganos del Estado.

A pesar de esta larga y extenuante lucha por la conquista de nuestros derechos, en la que cabe reconocer el importante y encomiable papel que han desempeñado los tribunales electorales en la interpretación progresiva de nuestro marco jurídico para la generación de criterios creativos e innovadores en la materia; es de reconocer que uno de los avances más significativos para la participación de las mujeres dentro de los espacios de toma de decisiones, es el cambio de paradigma que supuso la transmutación de lo que durante décadas configuró la obligación de los Estados de adoptar medidas especiales y temporales de carácter correctivo para suprimir progresivamente la brecha de desigualdad, (que en el caso mexicano, fue una tarea que, desde 1993 corrió a cargo de los partidos políticos en la postulación de los cargos de elección popular) hacia la institucionalización normativa del principio de paridad de género, mismo que erigiéndose como una medida definitiva y de rango constitucional, implicó la reformulación del poder político, concibiéndose ahora, como un espacio que debe ser compartido permanentemente en partes iguales entre hombres y mujeres.

Este cambio de paradigma se hizo patente dentro de nuestro marco jurídico nacional a partir de la reforma de paridad electoral de 2014, misma que dio como resultado un avance positivo en la representación de las mujeres en el Poder Legislativo Federal, de forma que, el número de mujeres electas en los comicios de 2018, respecto de aquellas que lo fueron en las elecciones de 2012 previas a la reforma, representó un incremento porcentual del 37.4% al 48.2% en la integración de la Cámara de Diputados; mientras que, en la Cámara de Senadores significó una alza del 36.0% al 49.2%.

Fue esta reforma la que dio pie a que, durante el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, tuviera lugar una transformación arrasadora y determinante: la reforma en materia de paridad total de 2019, impulsada en su mayoría por senadores de MORENA y por virtud de la cual se amplió la obligación de observar el principio de paridad tanto en las postulaciones a los cargos de elección popular, así como en los nombramientos de cargos por designación dentro de los tres órdenes de gobierno.

Así pues, el inicio de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión en 2021 significó, como resultado de acciones contundentes y sin politiquería, la materialización en términos absolutos de una integración paritaria de hombres y mujeres en ambas Cámaras, lo que además de configurar un elemento clave para el logro de la igualdad sustantiva como valor ético-jurídico de carácter superior y esencial dentro de las sociedades contemporáneas, configuró una gran acierto del Ejecutivo Federal y del grupo mayoritario en el Congreso para el fortalecimiento de una democracia sólida y efectiva.

Por esta razón, vale la pena destacar la importancia que, al menos desde el punto de vista teórico, representa el desarrollo de los trabajos legislativos de la presente legislatura en materia de igualdad de género, pues gozan de una mayor legitimación democrática en cuanto a su contenido, en virtud de haberse realizado a partir del cumplimiento del presupuesto de rango constitucional de representación descriptiva que exige la integración paritaria entre hombres y mujeres; los cuales, cabe destacar han sido dignamente dirigidos en ambas Cámaras por dos grandes legisladoras de MORENA, que como Presidentas de sus respectivas comisiones, en poco más de un año han dado como resultado un total de 18 decretos de reforma publicados en el Diario Oficial de la Federación cuyo contenido incide positivamente en la materia de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, lo que da cuenta del compromiso por el impulso y promoción de la paridad.

Sin embargo, debemos tener presente que, atendiendo a su origen, la realización del principio de paridad no configura un fin, sino sólo un medio destinado a garantizar condiciones iniciales de representación que tienda a ser efectiva, que amplie formalmente los espacios de participación política de las mujeres y que asegure mejores condiciones para tal fin; por lo que debemos reconocer que el establecimiento e incluso la realización de dichas medidas de forma aislada no es suficiente para tener por asegurada la verdadera participación política de las mujeres, pues se requieren de otros instrumentos complementarios para cumplir con este propósito.

Cabe decir que, aunque son múltiples los obstáculos que en la práctica entorpecen, e incluso impiden la realización de una representación efectiva de las mujeres, preocupa especialmente la latencia y sistematicidad de la violencia política por el simple hecho de ser mujer, la insuficiente voluntad política de algunos partidos para educar y capacitar a las mujeres, la feminización de la pobreza , pero sobre todo, la persistencia de una cultura parlamentaria androcéntrica que beneficia a los hombres, en especial, a aquellos que forman parte de los círculos de mayor jerarquía dentro de los propios partidos políticos y grupos parlamentarios, de los cuales muchas mujeres no forman parte, o formando parte, se ven aisladas de la toma de decisiones, y al mismo tiempo, limitadas en la posibilidad de asumir puestos de liderazgo y decisión dentro de los órganos internos y comisiones legislativas.

No queda duda que al día de hoy las mujeres nos enfrentamos a la incompetencia y las ausentes intenciones de la mayoría de los partidos políticos que hacen evidente su incapacidad de hacer frente al desafío que supone la necesidad de una representación efectiva que impulse y actúe eficazmente en favor de los intereses y necesidades de las mujeres. Esto, ante el necesario cuestionamiento sobre qué ha de proceder luego del gran avance que representa la realización del principio de paridad de género en la integración del Poder Legislativo Federal, delinea una ruta clara sobre hacia dónde dirigir la mirada.

Pese a los grandes retos a los que nos enfrentamos, estoy convencida de que México y sus mujeres estamos en buenas manos, y evidencia de ello son los grandes avances que representan la reforma de paridad total de 2019, su posterior realización práctica en 2021, y los acelerados trabajos legislativos en materia de igualdad de género que durante la LXV ha desplegado el grupo parlamentario mayoritario en ambas Cámaras, lo que da muestra de una destacada inercia en la promoción de nuestra agenda pública y política y hace patente la tendencia progresiva del actual gobierno para su desarrollo.

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