Turismo, tierra y desarrollo

Principalmente en los medios académicos se reconoce la diferencia entre crecimiento y desarrollo. Con el primero se entiende la simple alza de determinadores indicadores y, con el segundo, como una mejor distribución de los beneficios de lo que se creció. En términos económicos, por ejemplo, puede haber crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) a la par de mayores índices de pobreza, lo que indica que hubo crecimiento pero no desarrollo, dada una mayor concentración de la riqueza generada.

Durante décadas en México se privilegió el crecimiento económico antes que el desarrollo, con lo que no solo no disminuyeron los índices de marginación sino que, además, se incurrió en graves daños ecológicos. Buscando el ansiado crecimiento se devastaban los recursos naturales, se sobre explotaron nuestros mares, se contaminaron ríos y lagos y se infringieron tremendos daños a la flora y a la fauna.

Aún hoy día, buena parte de nuestros bosques son talados de forma clandestina para destinar las tierras al pastoreo o al cultivo de productos agrícolas, principalmente de exportación, lo que, en general, genera deseconomías o, en otras palabras, se paga a sobre precio el exiguo crecimiento.

Al amparo de políticas públicas poco visionarias, centros turísticos de relieve internacional como Cancún y Nuevo Vallarta, entre otros, surgieron y crecieron a costa de graves daños ambientales y despojos de tierras a núcleos ejidales y comunales con compras a precios irrisorios. Los grandes capitales turísticos, en sospechoso contubernio con instancias gubernamentales, por décadas infringieron las normas ambientales y fueron ajenos a toda empatía social; por ello, no obstante sus multimillonarias ganancias, jamás coadyuvaron a revertir los índices de pobreza y marginación de las comunidades de sus alrededores.

En el tiempo las derramas económicas de los grandes centros turísticos han mostrado beneficios netos negativos por su nula solidaridad social y por la polución generada. Así, dentro del marco de las agendas internacionales, es imperativo implementar políticas públicas para desarrollar la industria turística que vinculen a los tres órdenes de gobierno, que garanticen los legítimos intereses utilitarios del capital, pero que también atiendan las necesidades de las poblaciones y comunidades del entorno. Sin un enfoque holístico la industria del turismo no puede ser sostenible. La empatía social hace la diferencia.

En virtud del contenido de los objetivos de la Agenda 2030, el actual gobierno mexicano orienta la actividad turística en modelos sostenibles, convergentes en lo ecológico, en lo económico y en la equidad social. Así, en el Programa Sectorial de Turismo 2020-2024 se exponen cuatro objetivos del sector orientados a garantizar un enfoque social y de respeto de los derechos humanos; a impulsar el desarrollo equilibrado de los destinos turísticos; a fortalecer la diversificación de mercados turísticos en los ámbitos nacional e internacional, y a fomentar el turismo sostenible.

Respecto de fomentar el turismo sostenible, por ejemplo, se reconoce que se deberá fomentar la sostenibilidad respetando los recursos naturales y culturales del país, la planeación territorial, generando mayores consideraciones de los ecosistemas y mejores medidas contra el cambio climático; que al sector le corresponde construir el proceso transformador para dejar en el pasado el modelo de crecimiento depredador, inequitativo y sin justicia social, y que la correlación entre el tamaño del destino y el volumen de residuos es un reto importante para fomentar el turismo sostenible en el territorio nacional.

Asumiendo nueva línea argumentativa, pero en estrecha correlación con todo lo expuesto, se tiene que la superficie total de México, conforme al Programa Sectorial Agrario 2007-2012, comprende 196.4 millones de hectáreas en la que existen, según la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (CONANP), citada en el Programa Sectorial de Turismo 2020-2024, 182 Áreas Naturales Protegidas con más de 90.8 millones de hectáreas, 191 zonas arqueológicas y más de 117 mil monumentos históricos del siglo XVI al XIX de interés turístico.

Las más de 196.4 millones de hectáreas se distribuyen en diversos regímenes de propiedad, como la pública, la privada y la social, dentro de las cuales, a su vez, se identifican las figuras ejidales y las comunidades , las colonias agrícolas y ganaderas , los terrenos nacionales y la pequeña propiedad. La propiedad social, representada por los ejidos y las comunidades, representa el 53% de la extensión total del territorio nacional; la privada, el 38%; los terrenos nacionales, el 4%; las colonias agrícolas y ganaderas, el 2%; y el restante 3%, a otros regímenes de propiedad.

Conforme a la Ley Agraria, los ejidos y las comunidades pueden ser objeto de cualquier contrato de asociación o aprovechamiento celebrado por el núcleo de población ejidal, o por los ejidatarios titulares. Los comuneros, a su vez, pueden constituir con sus tierras sociedades civiles o mercantiles, asociarse con terceros, encargar la administración o ceder temporalmente el uso y disfrute de sus bienes para su mejor aprovechamiento. Por ende, dadas estas disposiciones, es común que las zonas turísticas no solo se encuentren en áreas urbanizadas sino también en espacios susceptibles de desastres naturales y en otros de histórica vocación agrícola y ganadera.

Dados los regímenes de propiedad de la tierra, para una planeación exitosa de la actividad turística y del ordenamiento turístico del territorio nacional se requiere de la participación consensuada de los dueños del capital, de los ejidatarios y comuneros y de los entes públicos federales, estales y municipales. Dicha participación, debidamente regulada, sin duda contribuye a maximizar la eficiencia económica territorial, la sostenibilidad y la cohesión social, política y cultural comunitaria.

Cuando se planea la explotación turística de la tierra la participación de todos los entes públicos y privados vinculados no solo es necesaria sino imprescindible a efecto de optimizar resultados, disminuir conflictos sociales, lograr una mejor y más justa distribución de los beneficios económicos. Ignorar en la planeación turística del territorio a los dueños de la tierra no solo provocaría descontento social, sino también marginación, devastación ambiental y apropiación unilateral de los beneficios económicos generados.

En palabras de Jair Miramontes “… todas las necesidades y actividades que desarrollamos como individuos y como sociedad se llevan a cabo en un espacio físico, la propiedad está detrás de cualquier acción de aprovechamiento.” . Así, en virtud del régimen de tenencia de la tierra se permiten o no determinadas actividades económicas, pues bien puede tratarse de áreas naturales protegidas, en cuyo caso son improcedentes, dado el tema que nos ocupa, las Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable, entendidas como ”… aquellas fracciones del territorio nacional, claramente ubicadas y delimitadas geográficamente, que por sus características naturales o culturales constituyen un atractivo turístico.”

Para propiciar mejores índices de desarrollo de las comunidades se requiere explorar alternativas económicas como la actividad turística que, a la par que respete el medio ambiente, genere derramas económicas que abatan carencias y rezagos. En este contexto, declarar Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable a tierras de propiedad social solo es procedente si estas no se encuentran en áreas naturales protegidas, si se cuenta con la participación activa de los ejidatarios y comuneros, y si con su explotación se generan beneficios económicos para las comunidades. El desarrollo, de ninguna manera, puede justificarse ni mucho menos sustentarse en la violación de los derechos humanos de los dueños de la tierra, en la depredación de los recursos naturales y en la concentración de los beneficios económicos para unos cuantos.

Las opiniones vertidas en este texto son responsabilidad única y exclusiva del autor o autora.

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