Congresos locales deben frenar deuda de los estados

Es común leer en los diarios algunas noticias que reportan el creciente endeudamiento de administraciones locales y para ello es necesario tener una visión real del tema.

Para hablarnos del endeudamiento de los estados entrevistamos a la diputada Laura Imelda Pérez Segura, integrante de la Comisión de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios.

Hay dos tipos de deudas: las de corto y las de largo plazo. Las primeras no se le heredan a la siguiente administración; las de largo plazo sí, pero tienen que ser aprobadas por dos tercios del congreso local.

La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios determina las reglas para que los entes públicos, estados y municipios contraten deuda en las mejores condiciones, explica la diputada Pérez Segura.

Esta normatividad, añade, “obliga a que la contratación de deuda sea específicamente para inversión, refinanciamiento o reestructuración. Si el monto es menor a 40 millones de Unidades de Inversión (UDI), la valoración de las ofertas de las financieras a estados o municipios la hace el secretario de finanzas; pero si es mayor, se tiene que hacer una licitación pública, al menos con cinco financieras, para garantizar que se contrate la mejor”.

Contratos claros para adquirir deuda

Las financieras no incluyen en su proyecto de contrato todos los gastos que generará la deuda contraída. Solamente consideran tasas de interés y soslayan otros rangos que al final incrementan el monto, expone la legisladora.

Detectada la falla, la comisión presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Disciplina Financiera para asegurar que la contratación de deuda se realice en las mejores condiciones.

Con la reforma se incorporan dos conceptos clave: gastos adicionales y gastos adicionales contingentes. Con ello, se obliga a que las financieras presenten completa la cotización de lo que le costaría al estado o municipio contratar un préstamo.

También propicia que los gastos, tanto adicionales como adicionales contingentes, no excedan 0.25 por ciento del monto total de la cantidad contratada.

De esta forma, agrega, obligamos a las financieras a transparentar los costos reales de las condiciones que ofrecen.

 “No estamos en contra de la deuda pública; entendemos que es una forma de financiar una emergencia o falta de liquidez. El problema radica en que las financieras han creado un nicho de beneficio. El papel del Congreso es evitar que se gaste en lo que no se debe gastar”.

A la pregunta de si los congresos locales tienen libertad absoluta de autorizar deuda, la diputada asevera que en cierta manera sí. Agrega: “la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene un sistema de alertas, mediante un semáforo. Si las finanzas de un estado están en verde, tiene la posibilidad de endeudarse hasta con 15 por ciento de ingresos de libre disposición; pero si está en rojo, no se puede endeudar y si el congreso local lo autoriza estaría violentado la Ley de Disciplina Financiera que contempla este sistema de alertas”.

Por otro lado, añade, la ley prevé un techo de endeudamiento para los estados, que en realidad es muy elevado porque asciende al 3.5 del Producto Interno Bruto (PIB) nacional del año anterior; sin embargo, pensando en una eventualidad, como en el caso de que cayera el PIB por alguna razón, se podría llegar a ese techo.

 Sin embargo, el congreso local, además de este techo que es muy alto, debe poner un límite, y el límite de la deuda estatal garantizada, es decir, la deuda con la que se comprometen participaciones federales, no puede exceder el total de la suma de ingresos de libre disposición aprobada en la Ley de Ingresos del Estado. Ante estas situaciones, el congreso tendría que detener el ritmo de endeudamiento.

La diputada Laura Imelda Pérez Segura considera que, al no transparentar los costos adicionales coincidentes, las financieras pueden lucrar con o sin la complicidad de los entes públicos. No obstante, la Auditoría Superior de la Federación, aunque no tiene atribuciones para opinar sobre endeudamiento, sí tiene autoridad de revisar los recursos federales que se otorgan a los estados.

La auditoría también está facultada para detectar si hubo algún acuerdo entre alguna financiera y un estado para ocultar gastos, o saber si se prefirió a una financiera sobre otra simulando una mejor oferta.

2.1 billones de pesos del presupuesto para los estados

Este año se repartieron 2.1 billones de pesos a los estados por medio de la fórmula que se ha venido aplicando, por lo que les corresponde una proporción distinta, explica la diputada.

El reparto del gasto federalizado se aplica bajo diferentes conceptos: uno es la recaudación de impuestos federales que se hace en cada estado; el otro se relaciona con la densidad poblacional. Por ejemplo, en el estado de México el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) estimó en el último censo de población, un millón de personas menos que en el anterior. Por lo tanto, su ingreso de recursos federales descendió.

“También hay que tomar en cuenta factores como los grados de marginación y no debemos ignorar que hay zonas o regiones que han sido olvidadas durante décadas. Además, está el desarrollo de proyectos estratégicos. El gobierno federal propuso en el presupuesto y el Congreso aprobó recursos enormes para proyectos estratégicos que van a detonar la economía en el sur sureste”, destaca.

Estos proyectos, expone, tienen como objetivo detonar la economía y el desarrollo en esas regiones. “A eso se refiere el espíritu federalista, un espíritu solidario y de desarrollo integral, lo cual no significa que la Federación dé más a Chiapas porque lo ve más pobre; es una fórmula que está definida en la ley”.

Al abundar sobre este aspecto, plantea que los programas sociales en agricultura, agua y el campo en general potencian el desarrollo, pero aclaró que de ninguna forma el Ejecutivo ni el Congreso asignan recursos de manera arbitraria.

“Si bien hay proyectos que emprenden los estados, algunos con la colaboración de la Federación, proyectos como el de la refinería Dos Bocas y el Tren Maya son iniciativa del gobierno federal”.

Destaca que “a veces se les olvida a los gobernadores que no todos los recursos que tiene el Estado mexicano (Ejecutivo federal) son para repartir; hay obligaciones contraídas; no las adquirió el titular, ni son de la Ciudad de México o de un ente extraño; son, a final de cuentas, deuda de todo el país”.

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