Diputados migrantes al Congreso de Jalisco: diputada Hortensia Noroña

Los trabajadores mexicanos que laboran en Estados Unidos son el pilar que apuntala la economía de México, a través de las remesas enviadas, las que siguen rompiendo récords: en 2022 representaron casi 59 mil millones de dólares.
Jalisco está a la vanguardia; es el máximo receptor de remesas. Sin embargo, el titánico esfuerzo laboral que realizan los paisanos de origen jalisciense en Estados Unidos no tiene correspondencia en su entidad. Por mencionar, no se les garantizan derechos políticos plenos, como ser votados.

Para combatir esta discriminación histórica, la diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada (PRI), presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Jalisco, presentó una iniciativa  de ley, por la que se crea el andamiaje jurídico para incorporar dos “diputados migrantes” a la integración del parlamento local, a partir del proceso electoral 2023-2024.

La legisladora destacó la importancia de fortalecer la vida democrática en Jalisco, al concretar figuras que ya existen en el sistema político nacional, a fin de garantizar en la entidad tapatía un desarrollo inclusivo, acorde con la realidad y los desafíos actuales.

La reforma que ha impulsado la legisladora tricolor, sobre todo, visibiliza a los jaliscienses que viven en el extranjero, incrementa sus derechos ciudadanos y les da voz en la toma de decisiones en el rumbo de su entidad.

Se estima que existen 4.3 millones de jaliscienses que viven y trabajan en Estados Unidos; se suman otros 2.3 millones que son los descendientes, hijos y nietos que radican en el vecino país. Es una población bastante significativa. ¿Cuántos de ellos pueden y desearían obtener la doble nacionalidad a fin de establecer un vínculo estrecho que genere mayor desarrollo económico, cultural y político a favor de la entidad?

El marco jurídico que ampara el voto de los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero se fundamenta en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 35. Protege su derecho de votar y ser votados en elecciones populares. Asimismo, están los preceptos de la Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales.
En el caso específico de Jalisco, si bien la Constitución Política de esa entidad otorga el derecho a los jaliscienses residentes en el extranjero para votar en procesos electorales locales, restringe el derecho de ser votado, lo que contraviene lo establecido en la Carta Magna (artículo 35).

Actualmente solo cinco entidades del país cuentan con la figura de «diputado migrante»: Zacatecas (desde 2003), Ciudad de México, Oaxaca, Chiapas y Guerrero.

Significaría un avance democrático. No resta, suma, aporta beneficios. Se podrían hermanar ciudades de Jalisco y Estados Unidos, a fin de impulsar convenios y acuerdos cuyos frutos podrían ser, por ejemplo, camiones de bomberos y escolares, patrullas, equipo médico y de cómputo, capacitación policiaca y a maestros. Sería infinito el ámbito de apoyo mutuo entre las urbes, explicó.

Además de la incorporación de dos diputaciones migrantes al Congreso, la iniciativa de la diputada Hortensia Noroña propone el reconocimiento, como jaliscienses, a los ciudadanos nacidos en Estados Unidos, siempre y cuando sean hijos de padre o madre originarios de Jalisco.

Para el ejercicio de los derechos y prerrogativas en materia electoral, se entenderá que los jaliscienses tienen residencia binacional y simultánea en el extranjero y en territorio del estado, cuando sin perjuicio tengan residencia en otro país, siempre que acrediten la clave única de registro de población y credencial para votar con fotografía.

Migrante en retorno

Por otra parte, también existe el fenómeno social de retorno voluntario o forzado de los trabajadores mexicanos que laboran en Estados Unidos. Las instituciones nacionales y estatales deben contar con un adecuado andamiaje legislativo para enfrentar y afrontar las necesidades de los jaliscienses retornados y su óptima reinserción social, económica y cultural.

Por lo anterior, la legisladora Noroña Quezada presentó otra iniciativa que reforma diversas leyes: Orgánica del Poder Ejecutivo; de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; para el Desarrollo Económico; de Educación; del Código de Asistencia Social; y de Protección y Atención de los Migrantes (ordenamientos del estado de Jalisco).

Sucede que los jaliscienses migrantes vuelven con más conocimientos y capacidades adquiridos en Estados Unidos, útiles para la adecuada reinserción a su entorno original.

Es de suma importancia y obligación de los gobiernos federal, estatal y municipal, apoyar a los jaliscienses que retornan.  Vienen con capacitación especializada. A su regreso, las autoridades, por ejemplo, de Educación Pública les deben revalidar sus conocimientos y saberes, certificarlos y reinsertarlos en la vida económica, en mejores condiciones.

Cada mexicano que regresa, especialmente el deportado, debe ser sujeto de acompañamiento institucional para una reinserción oportuna y adecuada. Jalisco debe contar con los mecanismos e instrumentos legales, administrativos y educativos debidamente armonizados con el sistema federal educativo, que permitan la validación de estudios.

Expandir derechos humanos en Jalisco

Hortensia María Luisa Noroña Quezada trabaja intensamente por ampliar los derechos humanos en Jalisco.  
Jalisco ya cuenta con una Ley de Víctimas, pero es limitada. Por eso Noroña Quezada también presentó la iniciativa para crear la nueva Ley de Víctimas del Estado de Jalisco, teniendo como modelo a la Ley General de Víctimas (federal).

Argumentó que se necesitan políticas públicas para generar estrategias de cambio social que garanticen un status más justo e igualitario. No hacerlo, condena a la ciudadanía a una violencia perpetua que enluta familias.

Actualmente la violencia que vive el país ha dejado un campo sembrado de víctimas con quienes se debe tener empatía social. Desde lo jurídico, se trata de personas, hombres y mujeres (incluso comunidades enteras) afectadas en su esfera de derechos a la vida, integridad física, a la paz y tranquilidad patrimonial. A este universo le corresponden medidas de resarcimiento institucional.

Por lo anterior, en Jalisco urge aprobar una nueva ley de atención a víctimas que dé respuesta a nuevas y más brutales expresiones de victimización, tales como las ejecuciones y las derivadas de la desaparición forzosa de personas.

Compartir en Facebook Compartir en Twitter