Educación sexual integral, clave contra el embarazo infantil y adolescente

Las niñas y adolescentes tienen el derecho a estudiar y a realizar sus sueños. Quizá ser maestras, abogadas, bailarinas, científicas, médicas o filósofas. Sin embargo, cuando ni su mente ni su cuerpo están preparados para la maternidad, en México anualmente se registran alrededor de 102 mil nacimientos de niñas y niños cuyas mamás apenas cumplieron los 10 o 17 años. Esto representa una tasa de 11.4 por cada mil mujeres en ese grupo de edad, según datos del Inegi.

Las entidades federativas con las mayores tasas de estos nacimientos son Chiapas, Oaxaca y Guerrero.

El embarazo infantil es de las más importantes barreras para el crecimiento y la movilidad social femenina. El 80% de las niñas que son madres se dedican al trabajo no remunerado de cuidados (de hijas/hijos y familiares); solamente 13.4% de ellas continúa estudiando.

Entre las variables intervinientes que propician esta tendencia social destacan las circunstancias económicas, sociales y culturales. Es un problema más frecuente en zonas rurales, especialmente en comunidades donde se habla lengua indígena. Debido a las condiciones estructurales, las niñas experimentaron violencia sexual, cuyos agresores principales fueron tíos, conocidos, vecinos y primos.

Ante la permanente problemática social del embarazo infantil y adolescente, la diputada Mónica Fernández César (Morena) reflexionó: Es necesario incorporar el enfoque de derechos humanos, la perspectiva de género e implementar la igualdad sustantiva, a fin de garantizar la educación sexual integral.

Por lo anterior propone una iniciativa que reforma el artículo 3º de la Constitución, en materia de educación sexual y reproductiva integral, orientada a la prevención del embarazo en adolescentes, a través de la impartición de cursos y pláticas a cargo de especialistas.

Explicó: el embarazo adolescente en México representa una problemática pública, la cual es urgente de resolver. Este fenómeno tiene repercusiones de largo alcance en la vida de las y los adolescentes, en las familias y en la sociedad en general. Los factores que inciden son culturales, económicos, académicos, sociales y la falta de acceso a servicios de salud, entre otros.

 De acuerdo con datos oficiales, México ocupa el primer lugar en el tema entre los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), ya que tiene una tasa de fecundidad de 77 nacimientos por cada mil adolescentes de entre los 15 a los 18 años.

El embarazo en adolescentes tiene mayor probabilidad de sufrir complicaciones y poner en riesgo la vida de la madre como del bebé. Datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) establecen que las menores tienen mayor riesgo de eclampsia, endometritis puerperal e infecciones sistémicas, en comparación de las mujeres de 20 a 24 años.

En la cuestión socioeconómica, el embarazo en adolescentes puede afectar los ingresos presentes y futuros de las familias, lo cual limita las oportunidades para una movilidad social. En el mismo sentido, se merma el acceso a las oportunidades laborales, orillando a empleos precarios. Por otro lado, tiene impacto generacional, pues las hijas e hijos de madres adolescentes enfrentan mayores probabilidades de problemas de salud, dificultades académicas y situaciones de pobreza.

Esto crea un ciclo de marginación difícil de romper sin una intervención eficaz desde la educación y la salud pública.

Educación sexual integral

Para la legisladora Mónica Fernández César es necesario la implementación de políticas públicas preventivas permanentes, que es el caso de la educación sexual integral. De acuerdo con la OMS, es adecuado recibirla desde los cinco años de edad.

Sin embargo, precisa que una educación sexual que se enfoque solamente en aspectos biológicos y anatómicos deja de lado factores emocionales y sociales clave, que muchas veces son determinantes en la prevención del embarazo adolescente.

La educación sexual integral debe tener un enfoque científico, profesional y formativo. Además, ser empática y dar relevancia a la prevención. El objetivo es defender el derecho de las niñas y adolescentes a una vida libre de riesgos, a fin de que tengan mayores oportunidades de alcanzar un mejor futuro.

Es preciso incorporar el enfoque de derechos humanos, la perspectiva de género y la igualdad sustantiva; que la educación sexual integral sea respetuosa de la identidad, autonomía y dignidad de cada niña y adolescente. Esto permitiría combatir estigmas y prejuicios de género que a menudo son factores subyacentes en el problema del embarazo en dicho grupo etario.

La intervención de especialistas coadyuvará a la prevención del embarazo en adolescentes, así como mejorar su salud mental y emocional, ya que este grupo etario se enfrenta a presiones sociales y familiares que influyen en sus decisiones. La educación integral en sexualidad permitirá que las adolescentes tengan un espacio seguro para expresar dudas, inquietudes y recibir orientación.

“Es momento de tomar acciones efectivas para que las adolescentes reciban la educación y el acompañamiento que merecen, lo que contribuirá a un México más justo, equitativo y libre de violencia. Con estas acciones se reafirmará el compromiso con el desarrollo de las y los jóvenes de nuestro país, garantizando una educación formativa, preventiva y transformadora”, concluyó.

La legisladora exhortó a la Secretaría de Salud a emprender las acciones necesarias en materia de educación sexual y planificación familiar, a fin de reducir el alto índice de niñas y adolescentes embarazadas.

Atacar la violencia sexual para disminuir el embarazo infantil

En este punto cabe mencionar que la Cámara de Diputados ha trabajado para abatir la violencia sexual contra la niñez. Reformó el Código Penal Federal. Eliminó la prescripción de los delitos sexuales contra menores de 18 años. Los ilícitos se sancionarán sin que se extinga la responsabilidad penal por el transcurso del tiempo.

Los delitos imprescriptibles por la gravedad hacia las personas afectadas son: distribución de pornografía infantil, corrupción de menores, turismo sexual infantil, acoso sexual, lenocinio, pederastia, abuso sexual, violación equiparada, entre otros.

En cuanto al embarazo infantil, nueve de cada 10 casos de niñas son resultado de una violación sexual.

90% de las agresiones sexuales contra menores provienen de personas cercanas. Entre 60 y 85% son actos cometidos por familiares.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) revela: México ocupa el primer lugar en violencia sexual contra menores y genera 70% de la pornografía infantil en el mundo.

El matrimonio infantil aumenta el embarazo a edad temprana

En 2019 se prohibió el matrimonio infantil. En el Código Civil Federal se estableció como requisito para casarse que los contrayentes tengan cumplida la mayoría de edad, 18 años.

Sin embargo, persiste bajo el pretexto de los “usos y costumbres”. Es violación de derechos humanos. El matrimonio infantil forzado oculta mayor violencia: la trata de personas y la esclavitud infantil. Las niñas-esposas se convierten en esclavas. Explotadas de sol a sol.

Por eso, en 2022 se reformó el Código Penal Federal (artículo 205-Bis, y se creó el Capítulo IX al Título Octavo). Comete delito de cohabitación forzada de personas menores de 18 años de edad, o que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o para resistirlo, quien obligue, coaccione, induzca, solicite, gestione u oferte a una o varias de estas personas a unirse informal o consuetudinariamente, con o sin su consentimiento.

Se castigará con 15 años de prisión. La pena aumentará a 22 años de cárcel si la víctima es de una comunidad indígena o afromexicana.

Compartir en Facebook Compartir en Twitter