Trabajo Legislativo / Entrevista
- Jun 11, 2025
El despojo es una pandemia nacional: diputada Dionicia Vázquez García
Juventina Bahena
Quién no recuerda el caso de Doña Carlota, una mujer de 73 años que disparó contra dos personas que se hacían pasar por inquilinos esgrimiendo un contrato de arrendamiento apócrifo de una vivienda que pertenecía a su hija. A cambio de abandonar el inmueble exigían 90 mil pesos. El despojo no se consumó; los dos supuestos invasores perdieron la vida y la mujer, su hija y un hijo están en la cárcel. Todo por la omisión de las autoridades.
El despojo de inmuebles continúa en aumento. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México recibe en promedio seis denuncias al día , de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
A mediados del siglo pasado se impuso este fenómeno de la ocupación irregular de terrenos abandonados, pero con propietario, áreas naturales protegidas o incluso zonas de riesgo, por la llamada Asamblea de Barrios. Actualmente, han surgido otros grupos que se autonombran “sindicatos”. Emprenden el delito de despojo de inmuebles en complicidad con ministerios públicos, jueces y notarios. Este fenómeno va más allá con el robo de ranchos, plantaciones, minas.
En entrevista con la revista Cámara, periodismo legislativo, la diputada Dionicia Vázquez García (Morena) nos habla de este problema y de las medidas legislativas que ha tomado para impedir este delito.
La diputada explica que el delito de despojo consiste en la ocupación ilegal y generalmente violenta de bienes inmuebles ajenos, que ha alcanzado niveles alarmantes en el país, particularmente en el Estado de México y la Ciudad de México, donde se concentra más del 30% de las denuncias a nivel nacional, lo que evidencia la vulnerabilidad del derecho de propiedad, así como la deficiencia en los mecanismos de protección y reacción de las autoridades judiciales.
—Tenemos que poner mucho énfasis en esta pandemia nacional para que las autoridades sean más estrictas y se castigue a las personas que cometen este delito. La mayoría de los afectados son gente humilde y no venden sus terrenos o propiedades para conservarlos y heredárselos a sus hijos, a sus nietos, pero llegan estas personas y se los quitan.
“Es necesario que tomemos cartas en el asunto para detener este abuso. Estoy proponiendo una iniciativa de reforma al artículo 19 constitucional, para que el despojo se considere un delito grave y, por lo tanto, amerite prisión preventiva oficiosa para responder a la situación de inseguridad patrimonial que enfrenta un amplio sector de la población, en especial personas mayores, familias en condición de vulnerabilidad y comunidades desplazadas”.
Artículo 19
…
El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, extorsión, despojo, delitos previstos en las leyes aplicables cometidos para la ilegal […]
Este delito lo comete generalmente un grupo de personas, ¿se pudiera considerar también como delincuencia organizada? ¿Ayudaría a sancionar con una mayor pena el delito de despojo?
— Nosotros también pensamos que sí es delincuencia organizada porque no es una persona, son varias las que intervienen y se dedican a eso. Se dice que hay delincuencia organizada cuando participan tres o más en cometer el delito, pero lamentablemente el despojo todavía no está reconocido bajo este supuesto, pero vamos a insistir en ello porque se está convirtiendo en una pandemia porque ven un predio, ven una casa abandonada o desocupada, se meten, se apoderan del inmueble y ya nadie los saca. La autoridad les da la preferencia a ellos más que a los dueños, a pesar de que uno batalla años para tener una casita y ellos en 5 minutos nos despojan y nos sacan.
La diputada de Morena refiere un estudio del Instituto Belisario Domínguez, del Senado de la República, donde se indica que entre 2015 y 2019 se denunciaron 118 mil 893 casos de despojo, con un incremento constante año con año. Este fenómeno, dice, ha afectado a miles de personas, en especial adultos mayores o personas en situación de vulnerabilidad, no solo en su patrimonio, sino en su seguridad, integridad y dignidad.
Ejemplifica la falta de acción eficaz frente al delito de despojo con el caso de Doña Carlota, quien, tras haber sido víctima junto con su familia de la invasión de su propiedad en Chalco, Estado de México, disparó contra dos hombres que presuntamente ocupaban su inmueble, privándolos de la vida.
Considera este hecho como signo del hartazgo social ante la ineficacia institucional para proteger el derecho a la posesión y la propiedad. La familia de Doña Carlota había denunciado el despojo, sin que las autoridades ofrecieran una solución efectiva, lo que refleja la impunidad que prevalece en estos delitos.
También recordó el caso del estado de Sonora, donde células criminales presuntamente vinculadas a un cártel, entre 2019 y 2025 despojaron con violencia 42 ranchos y dos minas. Las propiedades despojadas, señala, fueron utilizadas para financiar actividades ilícitas de grupos delictivos, lo que afectó a comunidades rurales enteras, desplazó a los habitantes y destruyó ciclos productivos de la región.
El asunto no sería tan grave si no existiera contubernio y complicidad de notarios, ministerios públicos, autoridades, policías. Tendremos, aunque sea parcialmente, un nuevo Poder Judicial, con ello ¿se abrirán posibilidades para otorgar justicia a las víctimas de despojo y, además, prevenir estas situaciones?
—Yo creo que sí tendremos esa oportunidad, puesto que por esa razón se sustituyó a ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque muchas veces nos fallaron, más que nada los ministerios públicos, los jueces distritales, que se inclinan más por el dinero que por hacer justicia. Esperemos que esto funcione bien, y esperemos que así sea porque ahora ya son elegidos por el pueblo.
