El nuevo rostro de la Contraloría Interna no es de persecución sino de acompañamiento: Jorge Torres

Fue una sorpresa llegar a una entrevista con el contralor interno de la Cámara de Diputados, Jorge Torres Castillo, y encontrarme con sus directores generales, quienes también participaron en la exposición ante Cámara, periodismo legislativo, de las actividades de sus respectivas áreas, porque su trabajo lo realizan como equipo, acuerdan en sus constantes reuniones de manera colegiada y se congratulan por el liderazgo del titular, su apertura y la libertad que tienen para presentar sus propuestas de innovación, modernización y el diseño de procesos con lo que se contribuye en gran medida al abatimiento de la corrupción. La armonía, conocimiento y espíritu de trabajo del grupo es notoria.

Está satisfecho, dice el contralor, del trabajo profesional e institucional que realizan las áreas, pues con ello preservan la seriedad de la institución, “porque si la Cámara es una institución estrictamente política, la Contraloría es un ente totalmente técnico y no permiten que se contamine; hemos sido muy celosos de ello y lo presumo con gusto, con orgullo”. Confiesa que no sigue las sesiones de la Cámara como lo hacían sus antecesores, quienes estaban más atentos a los diputados que al funcionamiento de esta dependencia.

Torres Castillo habla de la modernización de los procedimientos que llevan a cabo.

—Encontramos una Contraloría un poco limitada, atrasada, pero desde la legislatura anterior logramos un crecimiento importante. Antes trabajaban con formatos físicos y acumularon enormes volúmenes de papel que requerían grandes espacios para conservarlos. Reestructuramos todo, redistribuimos el personal y con base en las disposiciones del Sistema Nacional Anticorrupción, nos abocamos a crear un modelo de formato para la captura y registro de las declaraciones patrimoniales y actas de entrega recepción de manera digital, sin que nos haya representado un incremento en el gasto. Este modelo lo compartimos con la Auditoría Superior de la Federación, a través de la Comisión de Vigilancia y su Dirección General de Evaluación.

“No ha sido fácil vencer las resistencias al cambio, la modernización, o al cumplimiento de las obligaciones que mandata la ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y aunque una Contraloría huele a auditoría no es lo mismo. Se nos veía como los policías de las instituciones, pero hemos trabajado mucho para cambiar esa percepción al dar un giro hacia el acompañamiento que proporcionamos a los servidores públicos sobre la forma correcta de presentar sus declaraciones y, particularmente, con un sistema digitalizado amigable para capturar la información”.

Una observación en una auditoría no implica necesariamente acto de corrupción 

Daniel Omar Espinoza Rubio es el director general de Auditoría, como parte integrante de la fiscalización en su conjunto. A veces se confunden los términos, pero la fiscalización abarca más elementos. Él nos lo explica: 

Nosotros verificamos las diferentes unidades administrativas, que pueden ser órganos de gobierno, grupos parlamentarios, con base en un programa anual de auditorías a algunas unidades administrativas seleccionadas por insaculación, a las que se les revisa el ejercicio de sus recursos financieros, humanos y materiales, así como sus procesos, con base en la normatividad vigente, desde manuales, ordenamientos, lineamientos y la propia ley.

Si encontramos alguna inconsistencia o irregularidad, ésta se traduce en una observación que se registra en un informe que las áreas auditadas pueden justificar mediante información complementaria. En el caso de que no suceda así, el asunto se turna al área de Quejas y Responsabilidades para que inicie un procedimiento y determine si ha lugar o no a alguna sanción administrativa o de otro tipo, que pudiera ser hasta penal.

El programa de auditorías se realiza con base en la selección de algunas áreas bajo criterios ya establecidos, tanto por su impacto presupuestal, es decir, sus recursos asignados, o por las funciones que desempeñan. En el primer trimestre de 2024 tenemos revisiones en el área de Comunicación Social, la Dirección General de Atención a Diputados, la Dirección General de Recursos Humanos y Materiales, específicamente la Dirección de Adquisiciones; a órganos de gobierno: la Junta de Coordinación Política, la Mesa Directiva y el Comité de Administración.

Una observación en una auditoría se fundamenta en el incumplimiento de alguna norma, lo que no implica necesariamente un acto de corrupción y la irregularidad se puede subsanar con documentación que la justifique. Para ello cuenta con un periodo de 45 días. No obstante, hay asuntos que pudieran derivar en un acto de corrupción que ameritan iniciar una investigación mediante un proceso distinto del que se encarga otra área.

Se emiten dos recomendaciones, la correctiva, cuando solicitamos que se justifique documentalmente aportando elementos para aclarar la anomalía; y la preventiva, para que esta situación no vuelva a ocurrir.

 Las áreas han mejorado mucho en cuanto al cumplimiento puntual de sus obligaciones normativas con la implementación de manuales y lineamientos; no lo hemos logrado al 100 por ciento porque implica hacer un cambio estructural, pero la Contraloría con todas sus áreas ha ayudado a que mejoren los procesos y lineamientos al implementar mecanismos, controles y sistemas.

Las declaraciones patrimoniales aumentaron mil por ciento 

Hugo Eduardo Martínez Padilla es el director general de Registro y Evolución Patrimonial. El área es relativamente nueva y se originó en los acuerdos del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) que diseñó un formato único de declaración patrimonial de aplicación nacional, de tal suerte que se vuelve un centro de captación de la información municipal, estatal y federal, los congresos locales, etcétera. Todos convergen en este lugar. 

Eduardo nos platica de los cambios radicales que experimentó el área:

En la Cámara de Diputados solo estaban obligados a presentar declaración patrimonial los 500 diputados, los directores y directoras generales y lo hacían ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no ante la Contraloría Interna. Después, la ASF nos entregó todo el volumen declaraciones en papel. La nueva Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos establece que tienen que declarar absolutamente todos aquellos que perciban un ingreso del erario, es decir, del gobierno.

En la Cámara estamos hablando de personal contratado por lista de raya, honorarios, de base, sindicalizado, así que pasamos de 600 a siete mil declarantes, es decir, las declaraciones aumentaron en más de mil por ciento y tuvimos que crear un mecanismo para la sistematización de la información. La Unidad de Tecnologías desarrolló un software de captura de la declaración patrimonial en un formato autorizado por el SNA.

La parte difícil fue concientizar a 5 mil trabajadores, incluidos los de limpieza y sindicalizados, de la obligatoriedad de declarar; hasta se llegó a argumentar que no sabían leer. De pronto se encontraban con que el artículo 33 de la LGRSP dispone que una omisión puede significar la pérdida del empleo. Sin llegar a amedrentarlos, se les sensibilizó sobre las necesidades de transparencia y rendición de cuentas que a todos beneficia. Lo hacen en un formato digital muy amigable.

Hay dos versiones: una completa y la simplificada. La primera se aplica a trabajadores que perciban más de 35 mil pesos mensuales –de jefe de departamento en adelante– y tiene que incluir domicilio, bienes, autos, cuentas bancarias, menaje, cónyuge y dependientes, quien gane menos hace una versión simplificada.

La declaración se presenta en mayo y tienen otros 30 días de gracia –en junio– para presentarla extemporánea, después de esos 30 días, se notifica por escrito al declarante lo que debe hacer y el asunto se remite a Denuncias y Quejas, que se encarga del procedimiento de sanciones.

Adicionalmente, Recursos Humanos nos reporta las altas del personal de nuevo ingreso, quienes cuentan con 60 días hábiles para hacer su declaración, si no la hacen se les extiende el plazo otros 30 días para presentarla.

Se tiene la percepción de que todo nuestro trabajo se reduce al mes de mayo, pero no es así, ya que hay una fluctuación laboral muy alta, sobre todo en los grupos parlamentarios y no me refiero a la estructura burocrática, sino a los que colaboran directamente con los diputados, que va de 100 a 150 a la quincena, a quienes hay que hacer altas y bajas. A esos movimientos permanentes le sumamos las 7 mil declaraciones de mayo, son 30 días donde el sistema se satura.

La plataforma es tan amigable que cada quien puede consultar su declaración patrimonial en cualquier momento, incluso las anteriores. Nadie puede acceder a la información porque es privada; por obvias razones solo tenemos acceso dos o tres personas. A veces tenemos solicitudes por resolución judicial, de ministerios públicos, que tienen autoridad para solicitarnos las declaraciones patrimoniales que no son públicas que se tienen que certificar para enviarlas

Las versiones públicas se generan cada tres meses y se suben al portal de transparencia para consulta de la ciudadanía.

El área de Evolución y Revisión realiza una revisión, establecida por ley. Es una especie de auditoría sobre los dos tipos de declaraciones patrimoniales. Se hace a través de un muestreo mediante sorteo –tenemos dos años haciéndolo– a cinco diputados y 15 funcionarios públicos. Les notificamos que se les van a revisar sus declaraciones y se les van a notificar los hallazgos.

Las revisiones se hacen por sorteo porque se ha dado el caso, por ejemplo, de que la información personal de un trabajador consta de tres libros y una sola persona tiene que revisar cinco expedientes y no nos da para revisar más de 15 funcionarios.

El área de Verificación hace un tracto sucesivo de la información, de tal suerte que lo que contiene la declaración inicial debe evolucionar de manera lógica, esto es, si se declara un auto y luego se vende, pero se adquiere otro, debe reflejarse claramente la evolución de los bienes y el dinero. Se notifican todos los hallazgos y se les da un periodo de aclaraciones.

También cotejamos sus expedientes de recursos humanos para verificar la veracidad de la información. Cuando incurren en falsedades no ejercemos acción alguna, sino que los instamos a hacer las correcciones pertinentes.

Nuestra verificación no va más allá de las declaraciones patrimoniales en el supuesto de que se oculte información porque no la conocemos y trabajamos sobre la que se proporciona, a menos que hubiese una denuncia por enriquecimiento ilícito, entonces el área de Quejas ya me pedirá las declaraciones patrimoniales y podrían hacer lo que se llama una evolución patrimonial.

Si no hubiese aclaración iríamos a la investigación y ahí tendríamos que revisar cuentas bancarias mediante el sistema nacional bancario para que nos informe sobre las cuentas que existan a nombre de esta persona; pedirle al Registro Público de la Propiedad si es propietario de bienes o inmuebles y ahí es donde saldría el ocultamiento de los bienes; esto en el caso de que se niegue a aclarar todo lo que encontramos en su declaración patrimonial.

Las faltas graves se envían al TFJA; las no graves se resuelven aquí

La dirección general de Quejas, Denuncias e Inconformidades es el área donde se reciben las quejas de personas físicas o morales o servidores públicos cuando algún empleado de la Cámara de Diputados cometa alguna falta administrativa como malos tratos, abuso de autoridad, cohecho, peculado y desvío de recursos públicos; no presentar declaración patrimonial o su acta de entrega; todas estas faltas están consideradas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas; también reciben las inconformidades que presentan los proveedores y contratistas cuando hay violaciones a la norma de adquisiciones de la Cámara.

El titular del área, Alfredo Zavaleta Cruz explica que las inconformidades se investigan y substancian, tanto las faltas administrativas graves como las no graves, pero únicamente resuelve e impone sanción de las no graves, cuando califican las faltas administrativas como graves las envían al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y sale del ámbito de la Contraloría. Ellos resuelven e imponen la sanción y únicamente nos notifican para efectos de ejecución o para el registro.

Somos los receptores de todas las áreas de la Contraloría porque recibimos las quejas que se reciben de toda la Cámara, las vistas que nos da Control y Evaluación; Auditoría; Registro y Evolución. Las faltas graves, consideradas en la Ley General de Responsabilidades, son el cohecho, peculado o desvío de recursos públicos, y las no graves son las de no cumplir con sus funciones, no presentar declaración patrimonial y no cuidar la información que tiene bajo su resguardo. Las quejas se pueden presentar a través de internet, desde cualquier lado.

La parte preventiva ha transformado el rostro de las contralorías

Yanina de la Cruz Posadas, directora general de Control y Evaluación, tiene muy claro que la Contraloría ha expandido sus funciones que le dan un nuevo rostro. Nos comenta que las contralorías son instancias de la administración pública que iniciaron sus funciones a partir de los años 90 con la actualización y modernización del sector público no solo en México sino a nivel mundial y desde entonces se vio la necesidad de contar con áreas preventivas, y en lugar de revisar y sancionar cuando ya ocurrieron los hechos, se prevengan.

En las contralorías identificamos tres esferas de actuación, la preventiva, la correctiva y la sancionatoria y la DGCE es una parte del control preventivo, un área que acompaña los procesos y a los servidores públicos para cotejar su quehacer contra su normatividad y si ésta está actualizada, si cuentan con procedimientos y los perfiles del personal son los adecuados.

Un área preventiva va con los servidores públicos, y durante el proceso ve cómo pueden hacer las cosas de una mejor manera; sin tener que sancionar se da una recomendación sobre la necesidad de actualizar procesos. Se trata de evitar una observación de la parte correctiva, la auditoría, que es la que, además de levantar una observación, puede sancionar. En la parte preventiva se observan los procesos, se registra y se acuerdan acciones de mejora y qué se debe hacer para no incurrir en una falta.

En este punto, el papel de la Contraloría es apoyar la función de los servidores públicos para que puedan hacer mejor su trabajo. También acompañamos el proceso de adquisiciones. En la parte de fiscalización asistimos a ciertos procesos para atestiguar cómo se hacen las cosas y participamos como asesores o testigos en las actas de entrega recepción entre el servidor público que se va y el que llega para que se conserve toda la información en una especie de rendición de cuentas de la persona que se va, de lo que hizo durante su gestión, qué queda pendiente y la persona que llega tenga a su disposición toda la información que requiere a fin de retomar ese nuevo proceso y no se interrumpa.

Hasta el momento no hemos tenido fallas de seguridad, la información no ha sido vulnerada, tenemos cinco años de funcionamiento y el sistema no ha tenido fallas ni ha habido filtraciones; son sistemas robustos y muy confiables. Hay que reiterar que la Contraloría es un órgano técnico y aunque hubo una connotación negativa de ser una entidad sancionadora, se ha transformado extendiendo su radio de acción hacia la parte preventiva, de acompañamiento a quien hace declaraciones patrimoniales o la parte que acompaña ahora Alfredo Zavaleta con el tema de género. Se trata de nuevas tendencias para tratar de inhibir el enriquecimiento ilícito de los servidores públicos a través de las declaraciones patrimoniales, o inhibir actos de hostigamiento o de acoso sexual y laboral.

La parte preventiva es la que ha transformado el rostro de las contralorías y esto hay que difundirlo entre los servidores públicos, en el sentido de que más bien estamos acompañando, asesorando y previniendo y cuando hay que corregir habrá que hacerlo para evitar que haya una recurrencia, pero finalmente la misión que tenemos es lograr que haya confianza en la forma en que trabaja la Cámara de Diputados y sus servidores públicos.

Automatizamos un proceso, no las ideas ni las grandes intenciones de las personas

La Unidad de Soluciones tecnológicas se creó en enero de 2020 para dar cauce al reto que teníamos de pasar de 600 a siete mil declaraciones de servidores públicos al registro digital; así lo había establecido el Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en el sentido de que las declaraciones se hicieran a través de un sistema digital. Hicimos un diagnóstico de cómo estaban las tecnologías de información dentro de la Contraloría Interna para determinar cuál era su grado de avance. El resultado fue que prácticamente todos los procesos eran manuales.

Creamos un sistema digital y empezamos con las declaraciones patrimoniales. En la automatización de un proceso intervienen muchos factores, no solamente el tecnológico, también el humano, porque se tuvo que sensibilizar a los servidores públicos de que lo que hacían en papel lo tenían que hacer de otra forma y convencerlos no fue fácil.

Partimos de la premisa de que automatizamos un proceso, no automatizamos las ideas ni las grandes intenciones de las personas. Se automatizan los procesos para que trasciendan las administraciones para que lo que hoy vamos a dejar pueda retomarlo la otra administración y darle continuidad.

También somos una parte integradora porque no somos islas de información. Las áreas se canalizan generalmente con Alfredo; esto es, los resultados de un proceso son insumos para otro proceso y se tienen que integrar. Hemos automatizado ya el proceso de registro patrimonial; acabamos de implementar en agosto de 2023 el sistema de actas de entrega recepción, también es un cambio fundamental en el quehacer cotidiano, que, como lo demás, se hacía completamente en papel. Ahora se hace a través del sistema en internet, de tal forma que también les permitimos la movilidad a los servidores públicos.

La tecnología también sirve para hacerle frente a la corrupción. Generalmente, cuando se hacen los procesos de forma manual no se generan históricos de datos, útiles para analizar lo que no se ve a simple vista y que se salen de la línea normativa, sin embargo, a través del análisis de ciertos algoritmos es posible detectarlos.

Nosotros, como humanos, tenemos la capacidad, tal vez, de hacer ciertas operaciones, la tecnología puede realizar millones de operaciones en segundos. Debemos invertir en herramientas tecnológicas porque “los malos” tienen la ventaja porque probablemente sí están invirtiendo en ello y del lado de quienes estamos tratando de ayudar para que no existan actos de corrupción pues no tenemos las herramientas para detectarlo; entonces, hay que poner la balanza un poquito a favor y, desde mi punto de vista, creo que la tecnología abona a dar este equilibrio, más cuando tenemos encima la inteligencia artificial, que a la gente le causa asombro, y a mí, miedo.

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