Trabajo Legislativo / Entrevista
- Abr 04, 2023
Eliminar la Prisión Preventiva Oficiosa no procederá: diputada Mary Carmen Bernal
juventina Bahena
Hay sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ordenan al Estado mexicano desincorporar del sistema judicial la figura de prisión preventiva oficiosa y dejar sin efecto el arraigo. Así entonces, en febrero, la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo (PRI) presentó una iniciativa que busca eliminar este tipo de prisión preventiva y, en su lugar, aplicar la prisión preventiva justificada. En su propuesta plantea dar facultades al Ministerio Público para solicitar al juez la prisión preventiva y que sea él, después de un análisis individualizado, quien resuelva sobre la procedencia o no de la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Con esta iniciativa rescata propuestas presentadas en la legislatura pasada por otros diputados priistas para eliminar las medidas cautelares de arraigo y de la prisión preventiva oficiosa. En la anterior legislatura se aprobaron reformas al artículo 19 constitucional a fin de ampliar el catálogo de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa, por su alto impacto social.
Las recomendaciones de la Corte Internacional de los Derechos Humanos (CIDH) no son vinculatorias ni coercitivas porque cada país tiene una realidad diferente. Este organismo mundial emite sus recomendaciones en términos generales, pero no es obligación de un país acatarlas.
Lo anterior no significa que carezcan de importancia, pero no aplican a la generalidad de los Estados, afirma la diputada Mary Carmen Bernal Martínez (PT), secretaria de las comisiones de Puntos Constitucionales y Justicia e integrante de la de Seguridad Ciudadana.
Respecto de la iniciativa presentada por diputadas y diputados del PRI en la actual y en la pasada legislatura, deduce que al buscar modificar el artículo 19 constitucional pretenden eliminar la Prisión Preventiva Oficiosa.
“Recordemos que esta modificación constitucional la aprobamos en 2019 para la ampliación del catálogo de delitos que ameritan esta medida cautelar. Entre esos delitos está el de corrupción. Fue a partir de una iniciativa del Ejecutivo que se le tipifica como delito grave, al igual que el enriquecimiento ilícito, el feminicidio y algunos otros delitos que en su momento se determinaron”.
La diputada Bernal Martínez plantea que la iniciativa responde más a un sentido político que jurídico por todo lo que se ha venido observando en el país. “Creo que con esta propuesta se intenta proteger a algunos personajes por actos de corrupción de algunos servidores públicos o cualquier persona”.
La diputada Bernal, licenciada en derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, señala que en 2019 hizo un análisis profundo sobre la iniciativa de reforma constitucional que determinó la importancia de ampliar e implementar el catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa, considerándolos como delitos graves.
Prevé que para la coalición “Juntos Hacemos Historia” la iniciativa presentada es un contrasentido y probablemente no la van a apoyar. Puntualiza que en este caso cada estado puede o no homologar su código, “aunque lo correcto es que lo hagan”.
La reforma propone “dar facultades al Ministerio Público para solicitar al juez la prisión preventiva y que sea él quien resuelva sobre la procedencia o no de esa medida cautelar”.
—Es lo mismo. Es querer eliminar la prisión preventiva desde un principio, porque recordemos que tenemos un nuevo sistema de justicia penal y las providencias precautorias son determinaciones del juez de control que se pueden imponer en la fase inicial desde que se abre la carpeta de investigación, porque el imputado de un delito grave no puede andar en libertad, porque, se presume, pudiera escapar de la justicia.
La propuesta que acaban de presentar es que la prisión preventiva la determine el juez de control cuando ya inicia el juicio. Con ello, lo que pretenden es eliminar esta medida precautoria; están jugando con los tiempos, aunque no lo quieran reconocer, al final lo que quieren es eliminar esta figura para que quede como estaba antes de la modificación de 2019.
Juegan con los plazos, con las etapas del procedimiento; que no se aplique en la primera etapa del procedimiento, sino en la segunda o la tercera, pero, al final, es lo mismo porque la eliminan.
“La coalición no va a permitir que eso suceda porque la reforma de 2019 fue una iniciativa que envió el Ejecutivo para tipificar la corrupción como delito grave que amerita la prisión preventiva oficiosa; fue de las primeras que aprobamos. Por parte de la coalición no creo que avance, sería un retroceso e iría en contra de lo que se aprobó en 2019. Fui diputada en la legislatura pasada y sería incongruente de mi parte aprobarla.”
