Garantizamos el derecho a la información y protegemos los datos personales: Ricardo Álvarez

Las obligaciones de transparencia se desprenden del artículo 6º constitucional, que establece el derecho de los ciudadanos al acceso a la información, y el Poder Legislativo como ente público, también tiene ciertas obligaciones con las cuales hay que cumplir conforme a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados, dándole certeza a los solicitantes de la información que en gran parte es pública y de fácil acceso.

Estamos obligados a publicar información, a dar atención a las solicitudes de información, ya sea a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y dar atención a las solicitudes de información de cualquier ciudadana o ciudadano. Le pedimos aspectos más específicos del desarrollo de este tema en la Cámara de Diputados al encargado de la Unidad de Transparencia, Ricardo Álvarez Montiel.

¿Cuántas solicitudes de información reciben directamente o a través de la plataforma nacional?

—En este año hemos recibido cerca de mil 900 solicitudes de acceso a la información, de las cuales 96 o 97 por ciento se presentaron por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, son muy pocas las que llegan directamente. Recibimos las solicitudes por correo electrónico o se presentan directamente en las instalaciones, o con cualquier sujeto obligado. En este año solo recuerdo 22 que se presentaron de manera física mediante un escrito libre, pero el proceso de atención y los plazos son los mismos, pues se les entrega un folio con el que queda registrada en la plataforma nacional y queda sujeta a los plazos que establecen las leyes.

Ricardo Álvarez es maestro en Administración y Dirección y maestro en Impuestos, además de una sólida especialización en el área de transparencia y acceso a la información, tanto en sus aspectos jurídicos como teóricos y técnicos. Señala que la información legislativa es pública.  

—Así es, y se publica a través de la página de internet. Toda la información de lo que se presenta en comisiones, en el Pleno, en los órganos de gobierno, es pública y está en línea. Esta condición facilita en gran medida el trabajo de la Unidad de Transparencia, porque no está resguardada, desde el Orden del Día de las sesiones o de alguna comisión, hasta las votaciones de cada uno de los legisladores. Toda esa información es pública, si alguien la solicita, no es necesario que la turnemos al área que la genera.

Las áreas parlamentarias principalmente van actualizando el sitio web al igual que las áreas administrativas que manejan los recursos materiales, humanos, económicos. Hay obligación de cada una de las direcciones generales de presentar informes y los publican en sus respectivos micrositios; nosotros la aprovechamos para dar respuesta a una gran cantidad de solicitudes de información. Sabemos dónde se aloja y no es necesario turnarla a la unidad administrativa responsable, sino que los redireccionamos a través de los micrositios mediante una guía, paso a paso, de cómo acceder a ella. Procuramos ser muy gráficos para que sea muy sencilla la navegación.

¿Qué es lo que más piden de información?

—Es muy diversa, pero lo que más buscan son los temas parlamentarios, el proceso legislativo; los recursos presupuestales ejercidos, su destino y la aplicación por área, los costos de alguna obra, las adquisiciones. La plataforma sirve para todos los sujetos obligados del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial u organismos autónomos; las solicitudes a la Cámara las revisamos, las analizamos y de ahí decidimos si es procedente turnarla a alguna o algunas áreas o si internamente les podemos dar la atención requerida. Procuramos que sea desde la Unidad de Transparencia con la información que es pública.

La ley nos obliga a dar cualquier información que se genere en la Cámara ¿hay alguna reservada?

—Así es. Hay límites que están bien establecidos en las leyes. Por ejemplo, el artículo 113 de la Ley General de Transparencia establece las causales; no se puede proporcionar información referente a las medidas de seguridad que se implementan en la Cámara ni del personal responsable de la vigilancia, que pudiera servir para vulnerar el recinto legislativo. También tenemos la obligación de proteger los datos personales de niños o de terceros que no son funcionarios públicos cuando llegan a la Cámara. No podemos divulgarla sin el consentimiento de los titulares de la información.

Previo a su cargo actual, Ricardo Álvarez fue secretario Técnico en el Órgano Rector de las Políticas y Lineamientos en Materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Cámara de Diputados. Señala que las percepciones de servidores públicos, de los diputados y diputadas son públicas pero ¿hasta qué punto son datos personales y hasta qué punto pueden ser públicos?

—El punto es que todos los que laboramos en el sector público somos funcionarios públicos y las percepciones se reciben de manera pública, así que la información debe ser abierta.  Hay un registro de todos los funcionarios de la Cámara con los cargos de cada uno y sus percepciones. El formato de declaraciones patrimoniales que se presenta en mayo o al inicio o el término de una gestión, se presenta en una versión pública, que no contiene otros datos personales como el domicilio, teléfonos particulares ni los nombres de los familiares más cercanos; por ninguna razón se deben divulgar.

¿Con el avance tecnológico, la digitalización de los servicios, las solicitudes han aumentado o han disminuido?
 
—Las solicitudes se han incrementado año con año, pero en algunos casos disminuyó con la creación de micrositios, como fue el caso de los recientes procesos de designación de los consejeros del INE o de los titulares de los órganos autónomos, pues la información se registró en los micrositios. En otros casos se ha incrementado el número de solicitudes en ciertos días o semanas por los temas coyunturales que se discuten.

“El ciudadano está cada vez más interesado en participar en los temas que son de importancia en el país. Pero de inicio no conocen esta información, sino a través de la prensa, pero hay cada vez más personas que se dan la oportunidad de investigar y la Cámara de Diputados les brinda esa oportunidad de conocer la información que aquí se genera y nosotros estamos para apoyarles. Muchas veces nos llaman por teléfono y tratamos de eliminar la burocracia y en lugar de registrar una solicitud les orientamos por teléfono

La Unidad tiene una plantilla de 20 personas, ubicados en tres direcciones, la Dirección de Atención a Solicitudes y Recursos de Revisión; Dirección de Transparencia, Coordinación Interinstitucional, Normatividad y Capacitación, y la Dirección de Datos Personales, Archivo y Gestión Documental.

Ricardo Álvarez es integrante del Comité de transparencia. Ahí han elaborado un catálogo que funciona como referencia rápida para que cualquier funcionario pueda, en caso de alguna duda, determinar si una información contiene o no datos personales con base en diversos criterios y resoluciones sobre el tema que se han aplicado en la Cámara de Diputados, pero siempre bajo el axioma de garantizar el derecho a la formación y por otro lado, proteger datos personales.

—Cuidamos que no se entregue información sensible, por ejemplo, los relacionados con el patrimonio de las personas o sus condiciones de género, que no estamos autorizados a divulgar; al contrario, la protegemos para no vulnerar las condiciones de privacidad y seguridad de las personas.
    
¿Les solicitan información patrimonial de los legisladores?

—Cuando se presentan las declaraciones patrimoniales en mayo y al inicio o término de su mandato, el formato de declaración contiene secciones marcadas en color para indicar la información pública que se va a proteger como el patrimonio y el nombre de la familia cercana.

El artículo 70 de la Ley General de Transparencia establece todas las obligaciones comunes, y de acuerdo a la fracción VII debemos publicar en la página de internet el directorio de todos los servidores públicos, a partir de jefe de departamento; también está dentro de la plataforma nacional de transparencia y debemos actualizarlo cada tres meses. También la obligación de publicar la remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza con todas sus precepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y compensaciones.

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