Intocables, los privilegios en el INE

Este 2022 inauguró un tiempo nuevo para la democracia participativa. El 10 de abril se realizó un ejercicio inédito de participación ciudadana: la consulta de revocación de mandato del presidente de la República.  Este proceso sorteó obstáculos y llegó a la meta. El tema encendió el debate de ideas, disensos y consensos.

Una de las voces más aguerridas en la defensa de este derecho es la del diputado Mario Rafael Llergo Latournerie, representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE).
El legislador explicó su postura a favor de la consulta y sus cuestionamientos a las trabas y dificultades que se han presentado, recurre a dos claves:

1. El 29 de diciembre, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sentenció que el INE carecía de facultades para suspender o posponer la consulta de revocación de mandato, organismo que manifestó insuficiencia presupuestaria. La Sala Superior afirmó que está obligado a garantizar este derecho de la ciudadanía y aplicar las adecuaciones presupuestales necesarias para el ejercicio de democracia participativa.

2. El 12 de enero, el Consejo General del INE aprobó adecuaciones a su presupuesto, liberando apenas 65 millones de pesos. Alegó que persiste la insuficiencia presupuestal. También avaló solicitar a la Secretaría de Hacienda una ampliación de recursos por mil 738 millones de pesos, porque solamente así se podrían instalar las 161 mil casillas.

Por lo anterior, Llergo Latournerie sintetizó: este acuerdo del INE representó un desacato a la sentencia de la Sala Superior del TEPJF, al no seguirla al pie de la letra. El instituto únicamente simuló un ajuste a su presupuesto. Intocables han quedado los privilegios, los excesos, lo superfluo de los consejeros, los elevados sueldos, los seguros de gastos médicos mayores, los fideicomisos.

Demandó al INE ceñirse, apegarse, a la austeridad republicana. Afirmó que esta institución electoral todavía puede hacer un esfuerzo extra y aplicar más recortes en distintos rubros. Por ejemplo, en fondos como el de separación de empleados.

Sin embargo, no tocaron sus salarios, seguros de gastos médicos mayores, el seguro de retiro, ni los fideicomisos; tampoco el pasivo laboral o el fondo para la infraestructura inmobiliaria y muchos otros rubros que no entraron al estudio integral del presupuesto, como lo mandató el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, reiteró.

Llergo Latournerie aseguró que el Consejo General del INE, de manera permanente y sistemática, ha obstaculizado este ejercicio de democracia participativa.

Explicó que, como representante de Morena ante el Consejo General del INE, le ha tocado defender con la ley en la mano, ante el TEPJF, el proceso.

Por ejemplo, dinamitar la negativa inicial del INE de aprobar el uso de formatos impresos para la recolección de firmas. Al principio, la utilización de estos formatos se circunscribía únicamente en los 204 municipios considerados de muy alta marginación. En el resto del país se tenía que usar una aplicación, una herramienta tecnológica.

Nosotros acudimos al TEPJF e impugnamos esa medida. Pusimos sobre la mesa que tal acción atentaba contra la participación ciudadana. En el TEPJF finalmente nos dieron la razón; por unanimidad echaron abajo tal acuerdo del INE que lesionaba los derechos de los mexicanos.

El TEPJF le ordenó al INE ajustar su presupuesto. Pero el 12 de enero el INE concluyó que continuaba la insuficiencia presupuestal para la consulta, tras la adecuación. A nosotros nos parece que el análisis presupuestal solamente se hizo a ciertas unidades administrativas. Sin embargo, dejaron intocados los privilegios que los propios consejeros gozan, aseveró.

Privilegios

Los consejeros perciben sueldos de 262 mil pesos mensuales. Los trabajadores de los módulos del INE apenas ganan 7 mil 664 pesos al mes.

Los consejeros del INE recibieron un aguinaldo individual de 350 mil 178 pesos. Cinco mil 169 trabajadores del INE percibieron 12 mil 773 pesos cada uno.

Los consejeros gozan de sustanciosos seguros: de vida, de separación, de gastos médicos mayores y el colectivo de retiro.

Los consejeros tienen 260 asesores y otros apoyos económicos: para combustible, tres mil 500 pesos al mes; alimentos, 11 mil 970 mensuales. Otros gastos de operación: telefonía celular, equipo de telecomunicaciones, bienes informáticos, papelería, congresos y convenciones, consumibles de equipo de cómputo, arrendamiento, viáticos y pasajes.

Si el INE realmente aplicara un plan de austeridad contaría con 2 mil 972 millones de pesos adicionales. Este monto se lograría al ajustar tres aspectos: 718.8 millones en sueldos y salarios, mil 384.5 en gastos de operación y 868.7 en fideicomisos.

Por ello, para el representante de Morena ante el INE sí es posible garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía, sin derrochar dinero, pero falta exhaustividad en las adecuaciones al presupuesto del organismo.

Insistió que el INE debe apegarse a la Ley de Austeridad Republicana, acabar con el derroche de recursos públicos y respetar la sentencia del TEPJF.

Compartir en Facebook Compartir en Twitter