La auditoría no debe ser molesta, sino un instrumento de confianza: diputado Javier Octavio Herrera Borunda

Pese a la relevancia de su actividad en el entorno nacional, la Comisión de Vigilancia que supervisa a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) lleva a cabo sus funciones en un ambiente discreto y altamente especializado; observa cada peso gastado del presupuesto autorizado por la Cámara de Diputados y desde hace unos cinco años creó un data center para agilizar los procesos con herramientas de inteligencia artificial.

Se logró mediante convenios con IBM y Google, así como la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Secretaría de Economía, a fin de tener acceso a la gran cantidad de datos que se producen diariamente, que técnicamente se conoce bajo el término de Big Data.

En entrevista con la revista Cámara, periodismo legislativo, el diputado Javier Octavio Herrera Borunda (PVEM), presidente de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, explica los procesos de fiscalización, es decir, cómo gasta el gobierno el dinero de los mexicanos.

Este proceso, dice, comienza cuando la Secretaría de Hacienda presenta en el mes de abril del año que concluyó el ejercicio fiscal de lo que gastó y cómo lo gastó.

—La Constitución establece que los diputados somos los únicos responsables de revisar que se haya gastado correctamente el dinero federal, el dinero público, el dinero de los mexicanos, el que recauda la Federación, y que se reparte a todos los estados, a todas las legislaturas de los estados y los municipios; por supuesto, también se distribuyen a las secretarías federales, a la Presidencia, al Congreso y al Poder Judicial. Más de 9 billones de pesos fueron destinados a casi 6 mil entes de gobierno, que interactúan con cerca de 37 mil proveedores.

El diputado, también secretario de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción; y de la de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, explica que la Auditoría Superior de la Federación, integrada por 3 mil 200 auditores, revisa que ese dinero se haya gastado bajo principios de legalidad, eficacia, economía.

“Nosotros, como Comisión de Vigilancia, supervisamos el trabajo de la ASF; que las auditorías se hayan realizado con estricto rigor metodológico: con imparcialidad, pero, sobre todo, coherencia; es ahí donde la Comisión de Vigilancia adquiere especial relevancia en la Cámara de Diputados”.

¿Los organismos autónomos también son auditados?

—Todo ente público que recibe dinero de los mexicanos, dinero del erario, está sujeto a que lo fiscalicemos, incluidas las universidades, porque no hay que confundir autonomía con la falta de rendición de cuentas. Ese debate quedó superado hace mucho tiempo. Se entiende que la autonomía protege y salvaguarda su identidad ideológica, su libertad de cátedra y de gestión; sin embargo, al recibir recursos de la Federación tienen que rendir cuentas a los mexicanos.

De acuerdo con el diputado Herrera Borunda, desde 2017 la fiscalización en el país, a través de la ASF, llega aleatoriamente a las universidades públicas; además, a la Comisión de Vigilancia, la UNAM y otras universidades públicas entregan sus estados financieros auditados por una fiscalización externa que permite a los diputados verificar que el dinero que se les asigna se está utilizando correctamente. “Las universidades públicas del país benefician a casi 5 millones 400 mil estudiantes y es por eso que cuidamos que cada peso se gaste en beneficio de ellos”.

¿Qué pasa con las irregularidades que se pudieran detectar en la rendición de cuentas, quién las detecta y cómo se sancionan las anomalías si las hubiera?

—Desde 2017 entró en vigor el Sistema Nacional Anticorrupción, apoyado en varias leyes, entre ellas la Ley de Fiscalización, pero también la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Nuestros ojos en la Cámara de Diputados es la ASF; son los primeros que, tras las auditorías tanto de desempeño como financieras, forenses o de cumplimiento, identifican posibles irregularidades, incluso detectan áreas de oportunidad para las que emiten recomendaciones con el propósito de generar mayor eficacia e impacto del presupuesto.

“Si hay irregularidades las puede determinar como pliegos de observación, es decir, solicita una aclaración al ente que ejerció el recurso para determinar si se configura un delito o una falta administrativa, en cuyo caso y conforme a la Ley General de Responsabilidades, se determinan las sanciones para que los órganos internos de control apliquen las amonestaciones o sancionar a quienes gastaron el dinero; si es una falta grave, entonces la remite como parte denunciante, como parte acusadora al Tribunal Administrativo, donde se determina mediante investigación si hay un delito”.

La Ley General de Responsabilidades tiene un catálogo de delitos graves y faltas administrativas, y el Código Penal también tipifica los delitos en los que incurren los servidores públicos, como puede ser el peculado, el desvío de recursos, de tal suerte que, amparada siempre en la ley, la ASF tiene facultades para presentar esas denuncias ante las diferentes dependencias.

Al ahondar en el tema, Herrera Borunda, licenciado en Derecho con maestrías en Estudios Políticos y Sociales e Imagen y Consultoría Política, explica que, en caso de delitos de peculado, desvío de recursos, daño patrimonial en perjuicio de los mexicanos, se presenta una denuncia en la Fiscalía General de la República para que se sancione. 

“Éste es el procedimiento que sigue la rendición de cuentas; de tal suerte, la ASF, que depende de esta Cámara de Diputados a través de la Comisión de Vigilancia, tiene una misión importante en el cuidado del dinero de los mexicanos y que se utilice en lo que fue aprobado por nosotros; si encuentra una desviación, pasa a otras instancias para que lo sancionen”.

En el caso de ciertos delitos cuando hay dolo, daño patrimonial al Estado, intencionalidad, ¿se privilegia la devolución de recursos al erario?

 —Lo que hacemos los diputados es fiscalizar al organismo público que recibió el dinero; si el ente auditado gastó mal el dinero se le pide resarcir el daño devolviendo el dinero a la Federación, a través de la Tesorería; incluso en el siguiente ejercicio fiscal se le puede debitar del presupuesto público asignado, si es que ya se le determinó. Lo que buscamos es que el dinero de los mexicanos que había sido asignado para un objeto y no se cumplió, se regrese a la Federación. 

“Ahora bien, las instituciones no operan solas, las operan personas; si estas personas comenten un delito y con ello generan daño patrimonial, se va a la última instancia; independientemente de que la institución haya resarcido el daño, se puede perseguir al responsable o responsables y se sancione hasta con prisión”. 

¿Las irregularidades pueden afectar la asignación de su próximo presupuesto? 

—Es correcto, como lo mencioné, si se determinó un resarcimiento, les afecta directamente su presupuesto; además, hay programas federales que tienen reglas, como las del Ramo 33, y en caso de incumplimiento o no esté debidamente comprobado el uso de los recursos, la Federación puede no darle ese dinero a un municipio que esté en falta. En efecto, se perjudica el programa y el objeto, pero no le podemos seguir aportando presupuesto a  una administración que no está gastando bien los recursos, porque entonces perjudica a la colectividad, a todos los mexicanos. 

Hoy día tenemos instrumentos que estamos impulsando en la Comisión de Vigilancia junto con la ASF, para hacer una fiscalización mucho más integral, utilizando instrumentos como la inteligencia artificial, que nos permite tener auditorías mucho más completas, más robustas, y determinar, en segundos, conductas atípicas de las personas que gastan el dinero.

 Las tecnologías son herramientas útiles para que la fiscalización llegue a más lugares. Hace 10 años solamente se auditaba cerca de 200 o 300 municipios. Hoy estamos auditando en este ejercicio cerca de 850 municipios tan solo en un ejercicio y todos sus fondos federales.

¿Es la primera vez que se utiliza inteligencia artificial?

—En el marco de la pandemia, cuando todos estaban usando herramientas como el zoom o las tecnologías remotas para el trabajo a distancia, nos percatamos que en la Ley de Fiscalización no se permitían auditorías remotas o el uso de nuevas tecnologías. La legislatura pasada hizo un cambio en la Ley de Fiscalización y admitió las nuevas tecnologías para practicar auditorías.

A partir de ahí, impulsado por esta Cámara y la ASF, se diseñó la pista de aterrizaje que significó hacer un data center, porque se maneja información sensible; se firmaron convenios con IBM y Google para contar con herramientas de inteligencia artificial y hacer cruces de información.

Se firmaron convenios con la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaría de Economía, y estar en posibilidades de acceder al Big Data de todos los CFI, a todas sus bases de datos y con algoritmos especiales cruzar información. Estamos en condiciones de elaborar auditorías mucho más eficaces.

 Con esta dinámica, que sigue en construcción, llevamos casi cinco años, pero está avanzando, como todas las cosas impulsadas por la tecnología, a pasos agigantados. Los resultados son claros; hoy cuidamos mucho mejor el dinero de los mexicanos.

¿Pretenden auditar todo? ¿Se podría?

—En un mundo ideal debería ser fácil auditar todo y hay que entender que la auditoría no debe ser molesta, sino un instrumento de confianza. Nada perjudica más a la democracia, que la ciudadanía no tenga confianza en cómo se gasta su dinero. Lo contrario, socava la democracia y la confianza en las instituciones.

En la medida que podamos fiscalizar más sin interrumpir el trabajo eficaz que hacen las instituciones, los mexicanos, de manera simple, puedan entrar a un portal y dar seguimiento al uso de sus impuestos y en beneficio de qué se utilizó. Ello generaría mucha más interacción, más confianza en el gobierno y que las grandes obras sucedan más fácil, sin resistencias.

 Espero que al final de esta legislatura podamos apoyarnos más en el uso de inteligencia artificial para abarcar más el universo del dinero público gastado y auditado en todos los niveles de gobierno.

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