La premisa del nuevo gobierno es que una administración ineficiente e ineficaz es, probablemente, corrupta: Roberto Ehrman

El 9 de diciembre se conmemora el Día Internacional contra la Corrupción, un flagelo del que casi ningún país desarrollado o no, rico o pobre, escapa. Transparencia Internacional capítulo México solo mide el índice de percepción, el lugar que ocupa en el ranking mundial y únicamente mide la corrupción de ventanilla, la de impacto directo en el bolsillo de los ciudadanos, pero la corrupción es multidimensional y más dañina cuando se da entre los “hombres de negocios” y los servidores públicos de los tres poderes del Estado.

De ello platicamos con el Dr. Roberto Ehrman, director de Planeación, Evaluación y Normatividad, de la Contraloría Interna de la Cámara de Diputados. Es licenciado en Filosofía Política, doctor en Ciencias Políticas, experto en temas de corrupción y estudios de impacto legislativo en la sociedad. 

Se habla mucho de corrupción, a veces demasiado sin tener una idea clara de lo que es realmente. ¿Según usted, qué es la corrupción, cómo se puede definir? 

—Existe actualmente un amplio debate científico sobre su definición y clasificación, en el cual se pueden identificar distintas corrientes o niveles de enfoque: la tradicional o la legal-normativa que considera la corrupción como un acto contrario a una norma establecida, que no toma en consideración que a veces existe corrupción perfectamente legalizada; la micro organizacional, que entiende la corrupción como un crimen basado en el cálculo, en el entendido que las personas tienden a corromper o ser corrompidas cuando los riesgos son bajos, las multas y sanciones mínimas y las recompensas grandes. 

También tiene una definición en la teoría económica que se sustenta en el modelo del agente principal, en un contexto de economía de mercado en donde los actores pueden aprovechar su posición de dominio; la neo institucional, en la que se entiende la corrupción como un “síntoma” de cambio organizacional, de un conflicto entre normas o códigos de conductas formales e informales; y la perspectiva sociológica que concibe la corrupción como un fenómeno social en el cual ciertos grupos, ya sea públicos y/o privados, actúan conforme sus intereses aprovechando las debilidades de las estructuras institucionales del Estado.

En la mayor parte de los casos se llega a la conclusión que la corrupción tiene como premisa el abuso de cargos públicos para lograr ventajas privadas indebidas; o llevar a cabo actos contrarios al interés y beneficio público, así como contrarios a una determinada ley o normatividad.

La corrupción es un fenómeno social y político multidimensional 

En su larga experiencia como estudioso del tema de la corrupción, el doctor Ehrman explica que se trata de un fenómeno social y político que tiene distintas dimensiones. “Podemos distinguir en términos generales tres niveles: la corrupción de ventanilla, la gubernamental y la estructural. En el primer caso se da en el universo de los trámites, tales como permisos, autorizaciones y licencias, entre los más comunes, y se practica en los puntos de contacto del ciudadano con el Estado, ya que para recibir un servicio público debe cumplir con ciertos requisitos, por ejemplo, de salud, vivienda, justicia, seguridad, tránsito, agua, educación, medio ambiente, etcétera. 

“En este caso, los actores centrales son los funcionarios públicos, generalmente de nivel bajo o intermedio, en los distintos niveles de gobierno, que aprovechan su posición para favorecer u obstaculizar un trámite por beneficios personales o del grupo al que pertenecen.

“En el segundo nivel se encuentra la corrupción gubernamental, en la que se llevan a cabo actos de colusión, cohecho, tráfico de influencias y conflictos de interés, entre otros, en los procedimientos para las concesiones o adquisiciones de servicios y productos del sector privado por parte del gobierno. En este ámbito se simulan las entregas de servicios y productos a través de los esquemas de empresas ficticias (fantasmas) a cambio de un pago que se reparte entre los participantes, o se definen proyectos de infraestructura o de servicios con cuantiosos sobrecostos a repartirse entre los funcionarios y los directivos de las empresas participantes, o de ventas de propiedades públicas a costos muy por debajo de su precio de mercado, o de concesiones de servicios públicos a empresas privadas con esquemas de pago bajo la mesa, o de bonificación de cuantiosos créditos fiscales para empresas o consorcios empresariales a cambio de apoyos para el gobierno en turno; entre los casos más comunes, se incluye el lavado de dinero para ocultar las ganancias de los funcionarios.

“En este nivel se encuentra la colusión entre funcionarios directivos de secretarías de Estado, de gobiernos estatales o municipales y los directivos de empresas privadas, cuyo objetivo es hacer grandes negocios privados con recursos públicos.

“En el tercer nivel se ubica la corrupción estructural, en la que están involucradas grupos o más bien oligarquías económicas y financieras internacionales activas a nivel global, que actúan y hacen presión con distintos instrumentos, como la deuda pública y las presiones fiscales, para modificar o crear estructuras institucionales, así como políticas y programas gubernamentales con el único propósito de promover ventajas económicas permanentes en sectores estratégicos del Estado y de la economía: energía, salud, telecomunicaciones, infraestructura, alimentación, automotriz, etcétera.

“En este caso, el nivel de análisis detecta una forma de ‘dominación social’ que, de manera organizada, opera como un sistema altamente sofisticado. En su seno integra de forma orgánica a los subsistemas económico, legal, social, administrativo y político con la finalidad de capturar un conjunto de Estados, muchas veces a nivel regional, para garantizar su poder, sus rentas y ventajas políticas y económicas.

“Así emerge otro poder, que Norberto Bobbio llamó el ‘Poder Invisible’, que tiene la posibilidad de ejercer, gracias al desarrollo de las tecnologías de comunicación e información, un poder casi ilimitado.

“Si bien, en muchos casos, los tres niveles de corrupción están interrelacionados, se consideran por separado considerando las distintas soluciones que se pretenden o se requieren implementar en cada nivel”.

Hablando de soluciones, ¿cuál es su opinión sobre la reciente reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal relativa a la creación de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno? 

—Se trata de una propuesta que cambia radicalmente el enfoque hacia la problemática de la corrupción. Si en la administración anterior el énfasis se centraba en el combate, es decir hacia los mecanismos de investigación y sanción de delitos y faltas administrativas graves, con la presente propuesta se amplía el ámbito de acción hacia la parte preventiva. 

¿Cuáles son los cambios más importantes? 

—El primero tiene que ver con una mayor autonomía e independencia de la nueva Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Desde las primeras modificaciones de los incisos iniciales del artículo 37, que define las facultades de la nueva Secretaría, se evidencia la eliminación de las referencias al Comité Coordinador del SNA como órgano rector para la definición de las normas en materia de control interno y fiscalización que incluyen desde luego las requeridas para la prevención y lucha a la corrupción. 

“Las normas que antes eran definidas y acordadas en el seno del Comité Coordinador, ahora están establecidas por la Secretaría. Este cambio anticipa, evidentemente, el destino que se prevé para el Comité Coordinador del SNA y en general para toda la estrategia para la prevención y la lucha a la corrupción a nivel nacional.

“El segundo cambio, como he mencionado anteriormente, corresponde a un mayor énfasis a los procesos y actividades de prevención de la corrupción. Uno de los mecanismos más interesantes en este ámbito corresponde a una gestión gubernamental eficiente y eficaz. El supuesto descansa en la premisa que, en principio, una administración ineficiente e ineficaz es, muy probablemente, una administración corrupta.

“Por lo anterior, muchos de los cambios que se observan en el proyecto van, justamente, en la dirección de ‘impulsar la modernización administrativa’ conforme a ‘las mejores prácticas en la materia’, ‘proponer medidas que permitan el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales, así como la mejora continua’, ‘evaluar la gestión gubernamental y sus resultados’.

“Otro de los mecanismos preventivos reside en el control de las contrataciones públicas, y en este sentido la nueva Secretaría ya podrá tener la facultad, que no tenía antes, de emitir normas en la materia. Y no solamente eso, tendrá la facultad de participar en las compras consolidadas con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

“Un tercer elemento preventivo lo encontramos en la apertura que la Secretaría concede a la participación ciudadana en la ‘ejecución y evaluación de la gestión pública’, lo cual es de suma importancia para que la sociedad pueda vigilar el desempeño gubernamental y, en su caso, detectar actos que puedan constituir delitos de corrupción.

Aunado a este se subraya la nueva responsabilidad de la Secretaría compartida con la Secretaría de Educación Pública para impulsar la formación cívica de los ciudadanos.

“El tema de la integridad de la persona servidora pública representa otro eje en materia de prevención, y muy importante. En este caso tenemos dos vertientes, la primera se enfoca en la definición y correcta aplicación del Código de Ética y de las Reglas de Integridad incluyendo, y ésta es la novedad, al sector privado en cuanto participe en la gestión gubernamental y como tal en la prevención y combate a la corrupción.

“La segunda lo representa la nueva atribución de la dependencia en cuanto a la conducción del ‘proceso de evaluación de la confiabilidad de las personas servidoras públicas que ocupen cargos estratégicos, de riesgo o de alto nivel que determine la propia Secretaría’, lo anterior ‘mediante la aplicación de exámenes médicos, toxicológicos, socioeconómicos, psicológicos, psicotécnicos y, en su caso, cualquier otro que determine la Secretaría’.

“Muy interesante y evidente es que las medidas preventivas tienden a ser muy efectivas en cuanto se dirigen expresamente a las personas servidoras públicas que están expuesta de mayor medida a los riesgos de corrupción.

“Finalmente, podemos concluir que la nueva propuesta representa no solamente un cambio importante en la orientación de la política pública en materia, sino también expresa líneas de acción atrevidas, podríamos decir, en línea con la personalidad de la nueva titular, Raquel Buenrostro.

“Hay muchas expectativas de que, por lo menos en cuanto al nivel de corrupción gubernamental, podremos tener muy buenos resultados”.

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