La tecnología ha hecho crecer la extorsión exponencialmente: diputado Carlos Madrazo

Un ciudadano puede hacer todo aquello que la ley no le prohíbe, pero un servidor público solo puede hacer aquello que la ley le mandate. En el caso del Congreso, la Constitución determina en el artículo 73 y sus XXIX fracciones en qué temas va a legislar, es decir, no puede conducirse con autonomía y debe sujetarse a ese paquete de disposiciones que abarcan un amplio universo temático. Ése es el principio que atendió el Congreso cuando el 5 agosto aprobó una reforma constitucional al artículo 73, fracción 21, inciso a) para facultar al Congreso a legislar y expedir una ley general del delito de extorsión, atendiendo las nuevas circunstancias que detonaron su crecimiento. De ello nos habla el diputado Carlos Arturo Madrazo Silva (PVEM), secretario de la Comisión Seguridad Ciudadana e integrante de las de Gobernación y Población, y la de Justicia.

—La extorsión está tipificada desde hace 40 años tanto en el Código Penal Federal como a nivel estatal; sin embargo, las penas son muy variables; mientras en el ámbito federal la pena por extorsión va de 2 a 8 años, en Chihuahua alcanza hasta 30 años y en Oaxaca apenas llega a 3 años. Es un delito que en los últimos años ha crecido exponencialmente afectando a millones de comerciantes, empresarios, establecimientos, porque se han expandido las modalidades.

“En agosto recibimos en la Cámara de Diputados por parte del Ejecutivo federal una iniciativa para reformar el artículo 73, fracción 21, inciso a) que faculte al Congreso a expedir una ley general del delito de extorsión en sus distintas modalidades y que sistematice, armonice y homologue el Código Penal Federal con todos los códigos de los estados.

“Con esta nueva normatividad se busca, además, imponer penas más severas a las organizaciones criminales que intenten o sigan cometiendo este delito. Estas nuevas disposiciones enmarcarán la Estrategia Nacional de Seguridad propuesta por la presidenta e implementada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a cargo de Omar García Harfuch, junto con la Sedena y la Marina.

“Lo anterior va de la mano con una reforma aprobada recientemente al artículo 21 constitucional para dar mayores facultades de investigación y poder desactivar estas bandas que han encontrado en el delito de extorsión un nicho importante para hacerse de recursos”.

El diputado Carlos Madrazo expone el comportamiento de este delito que impacta gravemente la economía, el patrimonio y la seguridad de las personas.

—Hay datos preocupantes. Entre 2023 y 2024, 4.9 millones de personas padecieron este delito; de ellas, el 85.2 % fue vía telefónica y cerca del 13% pagaron. Todo mundo piensa que la extorsión se da únicamente por teléfono con amenazas y exigencias económicas sobre supuestos plagios de familiares o fingiendo pertenecer a alguna institución financiera para obtener datos de sus cuentas, o directamente el cobro de piso, pero se ha diversificado, por ejemplo, mediante el cobro de cuotas ilegales en instituciones donde algunas autoridades cobran a sus trabajadores un porcentaje de su salario a cambio de seguir manteniendo su empleo. Eso es una extorsión, porque están condicionando la permanencia en el trabajo, a cambio de ceder una parte de su ingreso.

“Hablamos de un delito registrado desde hace 40 años en el Código Penal, pero no era de alto impacto porque no les resultaba tan redituable como un secuestro o un asalto. Pero ahora extorsionan lo mismo a una empresa que a un comercio mediano o grande, mediante actos intimidatorios como la quema de establecimientos, incluso homicidios, además de que ya no se enfocan solamente en las grandes empresas, sino que ya alcanzó hasta los vendedores ambulantes, pequeños negocios, tiendas de abarrotes o una carnicería, y si no pagan los amenazan con lastimarlos o a algún familiar, algún amigo; se han dado casos de homicidios por no pagar”.

Los diputados y las diputadas tienen 180 días, a partir de que se aprobó la reforma al artículo 73, para legislar en la materia y darle sustento legal a la Estrategia Nacional de Seguridad.

—Debemos atacar frontalmente a quienes cometan estos delitos con mano dura. Hay personas que desean abrir un negocio, quizá uno pequeño, pero se desalientan porque inmediatamente llegan a exigirles una cuota periódica. Ya no contestamos números que no conocemos por temor a que sea un extorsionador. Esto no lo podemos permitir.

Nuestra obligación como legisladores es cuidar la integridad, la vida, los bienes, el patrimonio de los ciudadanos.

“Hace unos 12 o 13 años, el delito que estaba al alza era el secuestro. La lógica era secuestrar a personas de mayores recursos, empresarios, pero después empezaron a secuestrar sin importar nivel económico, pedían desde 10 mil pesos hasta millones, ya no les importaba, no hacían diferencia estos delincuentes. Cuando se tomó la decisión de atacar este delito de una manera frontal por parte del gobierno, aunque no se ha logrado erradicar, los números van a la baja. Vamos a lograr lo mismo con la extorsión, estamos seguros que lo vamos a conseguir de la mano con las autoridades federales.

“Además, tienen a su favor la tecnología; hoy la ciencia les permite tener acceso a muchísimas posibilidades de diversificar el delito.

“Los delitos cibernéticos no existían hace 10 años, y no los teníamos contemplados, como sucede con la pornografía infantil. Tenemos que estar atentos para hacer las modificaciones pertinentes”.

Como todos los temas importantes que se discuten y legislan en la Cámara de Diputados, se abren las puertas a los expertos, académicos, organizaciones civiles para que aporten ideas y propuestas en un ejercicio de parlamento abierto. En esta ocasión será igual.

—Vamos a tener mesas de trabajo con especialistas que conozcan muy bien el tema, que nos proporcionen datos, cifras exactas de cómo nos afecta este delito, que abarca desde el derecho de piso, las extorsiones telefónicas, el cobro de las cuotas ilegales que se da en los ámbitos empresariales, sindicales, laborales. Esas cuotas son una extorsión, porque si se exige a cambio de condicionar algo, hablamos de una extorsión, no es voluntaria.  

“Tenemos que cubrir todos esos aspectos y hacer una ley muy completa. Es un trabajo arduo, pero estamos comprometidos a que debe salir en estos 180 días, que ya están corriendo.

“Vamos a ponernos a trabajar en las comisiones donde nos toca dictaminarlas, con el apoyo de especialistas, con la gente de la Sedena, de la Marina, que atienden este tipo de delitos para que nos retroalimenten con datos, con estadísticas.

“Estará muy bien tipificado, con una definición muy amplia, sin lagunas ni resquicios que puedan aprovechar los delincuentes para eludir su responsabilidad.

“Las penas deberán ser muy severas para impedir liberarlos bajo fianza. Cuando se buscó la cadena perpetua, no se consiguió como tal, pero un secuestrador puede estar 70 años en la cárcel o cumplir dos o tres condenas de 70 años acumulativos que le suman 140 o 210. Finalmente, es una cadena perpetua al sumar condenas consecutivas.

“Cuando se aplicaron estas penas el delito bajó porque cumplió su función disuasoria y los delincuentes lo piensan antes de enfrentar 30 o 40 años de cárcel, pero cuando son penas de cinco o seis años que podían atenuar con buena conducta van para afuera y otra vez a seguir delinquiendo. No podemos permitir eso”.

El delito de extorsión escaló al despojo. Son dos delitos asociados ¿se verán como delitos distintos o uno será agravante el otro?

—Tenemos que cubrir todas las posibilidades, porque efectivamente el delito de despojo ha ido creciendo en el país. Antes había asociaciones delincuenciales que se presentaban como sindicatos o como asociaciones de defensa de las colonias o de barrios y se apropiaban de un predio. Cuando aparecía el propietario, esperaba un juicio de años y cuando por fin lograba el desahucio, resulta que ya otro lo había invadido y se daban por vencidos. Ese delito va de la mano de la extorsión, porque hoy invaden una propiedad, un predio, una bodega, cualquier inmueble y a cambio de abandonarlo exigen una cierta cantidad de dinero. Entonces, extorsión y despojo van de la mano.

“Dentro de esta ley que estaremos expidiendo, contemplaremos la posibilidad de que el despojo de un bien pueda estar asociado a una extorsión a un propietario. Tenemos que proteger a los dueños, propietarios legítimos de esos inmuebles que tienen desocupados por las razones que sean, pero finalmente es su casa, su departamento, una herencia.

“Debemos contemplar que son delitos que se vinculan con otros y que pueden ser agravantes. Seremos muy cuidadosos en la redacción, desde la definición y cubrir todas sus variantes. Nos enfocaremos también en el tema tecnológico”.

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