Los jóvenes de México, en la vulnerabilidad: diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega

En México hay más de 30 millones de jóvenes de entre 15 y 29 años. Representan 30% de la población. En 2020 se les reconoció como grupo poblacional constitucionalmente relevante. Pero siguen en la vulnerabilidad. Faltan oportunidades en empleo formal, vivienda, educación, seguridad social.

Y no se han concretado dos documentos fundamentales para garantizar el pleno ejercicio y la defensa de sus derechos: La Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes y la Ley General en Materia de Personas Jóvenes.  

En entrevista, la diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega (Morena) afirmó: “Los jóvenes siguen siendo una población vulnerada; no son tomados en cuenta”.

Rememoró que en la LXIV Legislatura (cuando presidió la entonces Comisión de la Juventud y la Diversidad Sexual) se lograron reformas constitucionales que establecieron que las personas jóvenes son sujetos de derechos.

Especialmente la reforma a los artículos 4º y 73 de la Constitución, en materia de juventud (DOF, 24 de diciembre de 2020). El primero establece que el Estado promoverá el desarrollo integral de las personas jóvenes a través de políticas públicas que propicien su inclusión en el ámbito político, social, económico y cultural del país. 

Sin embargo, se han frenado los avances en materia de juventudes. Es prioritario impulsar esta bandera, lamentablemente no sucede. Por ejemplo: es fundamental firmar la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes y el Pacto Iberoamericano de Juventud, así como expedir la Ley General en Materia de Personas Jóvenes.

Reyna Celeste Ascencio consideró que lo logrado en la LXIV Legislatura no ha tenido eco, repercusión, quizá porque en la LXV Legislatura han disminuido los índices de las y los diputados jóvenes. Actualmente el rango etario es mayor, entonces el tema de los derechos de las juventudes ha pasado a segundo término, ya no es una prioridad. En general, a las y los legisladores les interesan otros asuntos.

Reiteró que en la LXIV Legislatura todos los Grupos Parlamentarios estaban comprometidos con la causa de las juventudes. Por ejemplo, se dio gran impulso a los parlamentos juveniles, a fin de enfatizar la pluralidad. En este punto también hay retroceso.

Retos de la juventud

Para la diputada de Morena, uno de los principales problemas es el difícil acceso a la educación, sobre todo para las y los jóvenes de comunidades indígenas, de los pueblos originarios, de las poblaciones rurales. Quienes anhelan mejores niveles de educación, se ven obligados a abandonar los lugares donde nacieron.

Elogió programas oficiales como el llamado “Beca universal para estudiantes de educación media superior Benito Juárez”. Sin duda es un apoyo para que las personas jóvenes sigan estudiando. Sin embargo, no resuelve al cien por ciento la problemática de acceso a la educación.

Explicó que muchos jóvenes no logran ingresar a universidades públicas y tienen que estudiar en instituciones privadas. Por tanto, la beca no les alcanza para satisfacer todas sus necesidades de alimentación, hospedaje, transporte, libros, renta. La consecuencia es que no concluyen su formación universitaria, se quedan sin título académico y sin oportunidades de empleo formal. 

Otra problemática es que, al finalizar la universidad, hay jóvenes que sí desean regresar a sus comunidades de origen, pero ahí no hay oportunidades de empleo formal. Ascencio Ortega conoce profundamente esta realidad porque la observa, la vive en Michoacán. En el municipio de Paracho conoce y escucha las vivencias de chavos que estudiaron una carrera universitaria, pero no encuentran un empleo formal de acuerdo a su formación académica, y por necesidad se emplean hasta en la carpintería. 

La legisladora de Morena reconoció los beneficios que aporta el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”. Sin embargo, mencionó que los empresarios no garantizan derechos laborales (seguridad social, antigüedad). Solamente ofrecen contratos temporales. Así, las juventudes un día tienen trabajo y al otro día ya carecen del empleo.

Por lo anterior, urgió a seguir con nuevas reformas, a la firma de los tratados internacionales y a la expedición de la ley en materia de personas jóvenes, a fin de reconocer como fundamental la inclusión de los jóvenes como grupo vulnerable, quienes deberán ser incorporados en oportunidades de empleo pleno, productivo y decente, con avances en la igualdad salarial entre hombres y mujeres

Llamó a la juventud a aprovechar todos los programas oficiales para su beneficio, como “Jóvenes construyendo el futuro”. Participar en las convocatorias que surjan, por mencionar: Michoacán convoca al Parlamento de Mujeres.

Que los jóvenes entren a la política, que participen, que luchen por sus derechos. De lo contrario se quedarán fuera y su situación de vulnerabilidad no cambiará, aconsejó.

Finalmente, se le preguntó: ¿Por qué el gobierno de México no ha ratificado la Convención Iberoamericana?

Debido al tema del servicio militar. Habría un debate: si las y los jóvenes, principalmente los hombres, deben cumplir obligatoriamente con el servicio militar o no. No se les podría obligar. Eso ha frenado la Convención, resumió.

Ratificar la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes

La Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes (CIDJ) es el único tratado internacional centrado en los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de esta población. Es de cumplimiento obligatorio para los Estados que la han ratificado. Salvaguarda de la vulnerabilidad a las juventudes.

Sin embargo, a quince años de su firma, el gobierno de México (ayer Enrique Peña Nieto; hoy Andrés Manuel López Obrador) no ha ratificado la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes.

El titular del Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, debería concretar el proceso de ratificación de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, así como su Protocolo Adicional (denominado Pacto Iberoamericano de Juventud) con el fin de ampliar el marco jurídico nacional de protección a sus derechos y establecer obligaciones concretas.

Debe remitir al Senado de la República estos documentos, a fin de ser aprobados por la Cámara Alta.

La Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes entró en vigor en 2008. Sucedió que cuando este tratado fue suscrito por el representante de México estampó a un lado de la firma la leyenda "ad referéndum". Conforme a lo dispuesto por el artículo 12 párrafo segundo de la Convención de Viena de 1969, Sobre el Derecho de los Tratados, significa que la firma requiere de la confirmación posterior del Estado parte. 

Luego, el Pacto Iberoamericano de Juventud fue aprobado durante la XXV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno (octubre de 2016, en Cartagena de Indias, Colombia).

En resumen, el Presidente de la República, a través de la SRE, debe remitir al Senado el documento de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes (adoptada en octubre de 2005, en Badajos, España).

Ratificar la Convención significaría la aceptación del Estado mexicano de la necesidad de generar las condiciones adecuadas para el desarrollo de la juventud y el reconocimiento de ciertos derechos. Por mencionar: el derecho al trabajo, especialmente la dignidad del primer empleo, y el derecho a ser objetores de conciencia frente al servicio militar obligatorio.

Una de las principales causas que vulneran a la población joven es la problemática del primer empleo con el salario suficiente para enfrentar todas sus necesidades. Hasta ahora faltan estas políticas públicas.

Asimismo, la ratificación de la CIDJ abriría la puerta a la objeción de conciencia frente al servicio militar obligatorio. Favorecería un debate sobre esta cuestión. Es importante establecer que la CIDJ no sólo reconoce derechos. También crea un instrumento para supervisar el cumplimiento de las políticas públicas de México en materia de juventudes.

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