Pemex no aportará 40 sino 30% de la utilidad compartida; también se reduce la participación a los estados: Diputado Daniel Gutiérrez

Mucho se comentó en medios que estados y municipios tendrán una reducción de seis mil 300 millones de pesos en aportaciones y participaciones, pero se trata de una interpretación errónea o falta de información de cómo se reordenó el presupuesto 2024. El diputado Daniel Gutiérrez Gutiérrez, especialista en finanzas del grupo parlamentario de Morena, lo explica de la siguiente manera:

—El 8 de septiembre llegó a la Cámara de Diputados el Paquete Económico integrado por la Miscelánea Fiscal, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos. Hay una parte que se entiende como recaudación federal participable que, de acuerdo con el artículo segundo de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), se compone de todos los impuestos, los derechos, los productos, los aprovechamientos y los ingresos que aporten las empresas productivas del Estado. De esta bolsa se determina un porcentaje del gasto federalizado que reciben las entidades federativas y los municipios.

“También se disponía que, del total de la utilidad de Pemex, tenía que aportar 40 por ciento a la federación, que iba a formar parte de la bolsa de la recaudación federal participable, esto es, 2 billones 253 mil 730 millones de pesos, distribuidos a todos los estados por concepto de participación y aportaciones federales.

 “La modificación al presupuesto se dio con base en las reservas aprobadas durante la votación en lo particular del dictamen. Una se refería a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y sus empresas subsidiarias de generación y distribución. En la Ley se disponía que si una de sus subsidiarias tenía un equipo o maquinaria que pasara a la otra, esa acción generaba un impuesto, lo cual era un contrasentido y no tenía por qué causarle una erogación, así que se le exentó de hacerlo”.

La otra reserva, explica, fue para beneficiar a los ahorradores, porque si el banco les retenía 1.48 por ciento de su capital, se redujo al 0.50.

“Con la tercera reserva aprobada, Pemex ya no aportará 40, sino 30 por ciento de su ingreso. Y eso fue lo que impactó la recaudación participable porque esa reducción de 25 por ciento significó 25 mil millones de pesos. De acuerdo con la LCF el 80 por ciento corresponde a la recaudación participable, es decir, 20 mil millones, y a esa cantidad aplicamos el porcentaje que más o menos eran el 29 o 30 por ciento, es decir, 6 mil 299 millones de pesos; de ahí la reducción, que en realidad no lo es, porque si el dinero que se va a distribuir proviene de lo que se recauda en el país y dejamos de percibir 25 mil millones y a eso se le aplica el porcentaje, pues necesariamente hay una reducción de 6 mil 299 millones de pesos.

Es muy claro, dice señalando los documentos sobre su escritorio como evidencia, con datos duros ilustrados con gráficas.

—Entre más recauda la federación, mejor le va a los estados, si recauda menos, reciben menos porque hay una ley que así lo determina. Lo que hacemos es aplicar el artículo 2 de la Ley de Coordinación Fiscal, donde indica el procedimiento de cómo se integra la recaudación participable, esto es, con los impuestos, los derechos, los productos, más las participaciones, las aportaciones, el IEPS, esa es la bolsa a la que se le aplica un porcentaje, y el resultado es lo que se distribuye por aportaciones. Al final se le va a entregar a la federación 2 billones 249 mil 273 millones de pesos, 6 mil 299 millones menos que lo que envió el proyecto del ejecutivo federal, a consecuencia de las modificaciones hechas al proyecto de presupuesto vía las reservas aprobadas por el pleno, particularmente a Pemex. La ley se aplica en esos términos. Se modificó lo que venía en el proyecto del Ejecutivo, éste se redujo y es lo que se va a pagar —dice el encargado del tema de las finanzas en la bancada de Morena.

Por otra parte ¿Qué hay de los 120 mil millones de pesos que están manejando los estados en el sector salud, y que ahora se va a centralizar, van a la federación?

—Cuando llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, tomó la decisión de extinguir el Seguro Popular por el mal uso que se hacía de los recursos destinados a la salud de la población no derechohabiente y se creó el Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi, pero llegó la pandemia y acabó con esa institución. Entonces decidió que fuera el Instituto Mexicano del Seguro Social el que manejara los sistemas de salud en el país, ya como IMSS Bienestar.

“Si revisamos el gasto federalizado del Ramo 33, una parte se refiere al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud; 135 mil millones se van a los estados que aplican en sus sistemas de salud. El presidente consideró las ventajas de que los sistemas de salud estatales pasaran a la federación a través de convenios para hacerse cargo tanto de los sistemas de salud como de la nómina de los maestros.

“Evidentemente, el recurso tiene que concentrarse en IMSS Bienestar. Para ello había que reformar la Ley de Coordinación Fiscal, donde se estipula que los estados que firman el convenio van a tener que regresar su dinero a la federación para que administre un sistema de salud Bienestar y los estados que no firmen los convenios van a seguir recibiendo el recurso para administrar su sector salud como lo han hecho hasta ahora. Hay 23 estados que ya han firmado el convenio; otros como Nuevo León, Jalisco y Guanajuato no firmaron porque argumentaron contar con buenos sistema de salud, ya veremos.

El IMSS va a tener dos tipos de población: derechohabientes y no derechohabiente; para ello va a absorber la infraestructura de los sistemas de salud, aparte de la del IMSS, y va a ser administrador a través del IMSS Bienestar.

El experto fiscalista con especialidad en auditoría gubernamental asegura que de esta forma se evita la triangulación de los recursos, que en ningún momento se reduce; se respeta la autonomía y soberanía de los gobiernos estatales, así como la facultad de firmar el convenio para que IMSS-Bienestar administre los recursos, se brinda certeza laboral al personal de salud, homologa la atención pública, mejora la calidad de los servicios y da recursos suficientes para la prestación de los servicios en las entidades, independientemente de que firmen o no el convenio con el IMSS-Bienestar.

Finalmente, aseguró que las entidades pueden firmar convenios en diversos temas, ya que tienen libertad de determinación.

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