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PPEF 2024 propicia el aumento de la inseguridad y abandona a la ciudadanía: diputado Francisco Huacus Esquivel


Luz María Mondragón

El diputado Francisco Javier Huacus Esquivel (PRD) es integrante de la Comisión Bicameral para la Evaluación y Seguimiento de la Fuerza Armada Permanente en Tareas de Seguridad Pública. En entrevista para la revista Cámara disecciona el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2024 (PPEF) en materia de seguridad. Lo cuestiona. Sus argumentos son:

El primer grave error en el PPEF 2024 consiste en que solo propone un raquítico incremento del 1% en seguridad, a pesar de que es el principal problema de México, un presupuesto que ni siquiera compensa los golpes de la inflación (3%).

Por ello, quedarán abandonados los 2 mil 469 municipios del país. Sin recursos suficientes para adquirir equipo, ni patrullas, sin inteligencia para combatir al crimen. También las carreteras del país, en las que aumentan las extorsiones, el robo al transporte de carga, los secuestros, los asesinatos.

Ante la falta de recursos, en 2024 aumentará la inseguridad pública en México. No habrá fortalecimiento de la policía civil, ni de las policías locales (estatales y municipales). Se dispararán los homicidios dolosos, secuestros, desapariciones forzadas, extorsiones, cobros de piso. Habrá mayor expansión del crimen organizado.

Sin embargo, en el PEF vemos incrementos exagerados a las Fuerzas Armadas. Nuevamente el Ejército es el gran ganador. Aunque en menor grado, la Secretaría de Marina también gana. Pero su mayor presupuesto no es para tareas de seguridad, sino hacia su participación en obras públicas y otras actividades.

¿Qué hubiera sido lo ideal en el PPEF 2024, en materia de seguridad?

Regresar fondos para la seguridad pública de los ayuntamientos, de los estados. Por ejemplo, desapareció el Fortaseg (Programa de Fortalecimiento para la Seguridad), un subsidio que se otorgaba a los municipios. En la Comisión Bicameral para la Evaluación y Seguimiento de la Fuerza Armada Permanente en Tareas de Seguridad Pública llamamos al gabinete de seguridad nacional a que en este PPEF dotaran de una bolsa, a los estados y municipios, de 4 mil millones de pesos. Aunque fuese la Federación quien regulara la ejecución de estos recursos, porque el argumento para retirar recursos del Fortaseg fue que había malversación o simulación de compras.

Por eso planteamos la bolsa de 4 mil millones de pesos y que se distribuyera en los municipios de mayor índice delictivo. El objetivo: fortalecimiento de inteligencia, adquisición de patrullas, bonificaciones a elementos, becas, otras prestaciones, a fin de respaldar a las policías locales.

Sin embargo, esta bolsa no aparece en el PPEF 2024. Tampoco vienen otro tipo de recursos hacia los objetivos mencionados para fortalecer las policías locales.

Actualmente existe el FASP (Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública), pero tiene otros usos. No reparte directamente a los municipios, sino que se va hacia lo que el oficialismo llama “economías”. En realidad, son subejercicios, recursos que no se ejercen. Por ejemplo, la Secretaría de Seguridad Pública tuvo subejercicio mayor a 2 mil millones de pesos, recursos que regresaron a las arcas de la Tesorería Federal (Tesof). Este presupuesto se pudo haber usado en combatir la inseguridad, pero fue reintegrado como “economías”.

¿Los municipios quedan abandonados?

Sí, completamente abandonados. Por otra parte, en apoyo a los ayuntamientos propusimos abrir la puerta del llamado Fondo 4, el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun). ¿Cómo? Planteamos que sea obligatorio que los municipios destinen 50% de estos recursos a la seguridad pública municipal. Sin embargo, en el PPEF 2024 no quedó así.

Ahora los municipios pueden emplear hasta 80% del Fortamun en obra pública. Y destinar solo 20% en inversión para seguridad pública municipal.

Antes, los municipios solamente podían utilizar 60% en obra pública. Y estaban obligados a emplear 40% en seguridad pública.

¿Cuál es el panorama en seguridad pública para el próximo año?

Este sexenio se consolidará como el más violento en la historia de México. Únicamente ha realizado acciones paliativas. Sin presupuesto no se cortará de raíz la impunidad, la criminalidad: homicidios, secuestros, desapariciones forzadas, etcétera. En municipios no hay recursos ni para la gasolina de las patrullas de la Guardia Nacional. Por eso no realizan los debidos patrullajes. Solamente en ciertos horarios y en pocas cantidades. Debido a ello se ha desbordado la inseguridad en las carreteras.

Hay comunidades donde los habitantes tienen que costear la gasolina y hasta la alimentación de elementos de las Fuerzas Armadas.

Al gobierno federal no le interesa enderezar al país. Tiene grandes compromisos con los delincuentes. Los ciudadanos estamos a merced del crimen organizado. En el desamparado también están gobernadores y alcaldes de la oposición.

Según la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ya está fabricando armas. Pero si el municipio no tiene presupuesto, con qué dinero va a adquirir armamento.

Expansión del crimen

El PPEF 2024 no atiende la problemática de inseguridad pública en el país.

En cambio, el crimen organizado es cada vez más poderoso, en recursos y equipos. Nunca, como ahora, ha mostrado tal poderío. Por ejemplo: en 2019 el número de drones registrados en el país alcanzó la cifra de dos mil 140 unidades, un incremento de más de dos mil por ciento.

Actualmente aterroriza a los municipios con sus equipos de última generación. Basta mencionar el uso de drones cargados de bombas que lanzan sobre las comunidades.

Están aumentando los ataques con drones. Del 2020 a la fecha, la Sedena documentó 605 de estos ataques del crimen organizado. El uso ilegal de drones se reporta en 12 estados. Michoacán, Guerrero y Tamaulipas son líderes.

El legado de esta administración: mayor empoderamiento de los grupos criminales, dominio territorial de los delincuentes en amplias regiones de la República; un país con ciudades, pueblos, colonias y carreteras capturados por malhechores, quienes son dueños de las vidas y patrimonio de las y los mexicanos. 

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