Juventina Bahena
Resulta un tanto difícil encontrar la mejor forma de recaudar y distribuir los recursos debido a todas las carencias, algunas ancestrales, que padece este país. Por ello, recurrimos al diputado Alfonso Ramírez Cuéllar (del Grupo Parlamentario de Morena) para que nos hable del panorama de la política fiscal y su opinión sobre las medidas para contrarrestar la desigualdad y la pobreza en México.
Para iniciar la entrevista, el Diputado Ramírez Cuéllar expone algunas de las deficiencias del sistema fiscal actual, y concluye con su propuesta para avanzar hacia una reforma fiscal progresiva en la que se grave más a las personas con mayor capacidad económica.
¿Cuáles considera que son las deficiencias del sistema fiscal actual en el país?
—Una de las principales deficiencias del sistema fiscal radica en su dependencia de los impuestos al consumo, como el IVA. Estos impuestos son regresivos, lo que significa que afectan más a las personas con ingresos bajos, ya que una proporción mayor de sus recursos se destina a cubrir bienes gravados. En contraste, los impuestos progresivos, como el Impuesto Sobre la Renta (ISR), tienen un mayor potencial redistributivo, pero su alcance es aún limitado. Aunque las personas con mayores ingresos aportan una proporción significativa, las tasas aplicadas no reflejan el nivel de concentración de riqueza en el país.
“Para avanzar hacia un sistema más justo es esencial rediseñar la estructura fiscal vigente con base en la progresividad. Esto significa que quienes tienen ingresos mayores deben contribuir en mayor medida al financiamiento del Estado. Esto es recomendable no solamente en términos de equidad y justicia social, sino también porque es la forma más eficiente de reducir las brechas de desigualdad”.
¿Qué hay del gasto federalizado y la recaudación local de impuestos?
—A nivel subnacional, el panorama es igualmente preocupante. Las entidades federativas y los municipios dependen en gran medida de las transferencias federales, lo que limita su autonomía fiscal y los deja vulnerables a recortes presupuestarios o cambios en las prioridades del gobierno central. Este modelo, lejos de fomentar el desarrollo local, perpetúa disparidades económicas y sociales entre las distintas partes del país.
“El problema de la dependencia fiscal de las entidades federativas a los recursos del gobierno central ha sido ampliamente documentado. Para 2023, los ingresos de 31 estados dependían desproporcionadamente de la Federación. A excepción de la Ciudad de México, entidad en la que casi 45% de los ingresos eran propios, en las 31 entidades restantes la proporción de ingresos que provenían de la federación oscilaba entre 61.2% (Baja California) y 97.6% (Guerrero). En promedio, los ingresos federales representaban el 82.1% de los ingresos totales de los estados, mientras que los ingresos propios únicamente el 15.7%. Este indicador sugiere que en México hay un fuerte desequilibrio fiscal vertical. Es decir, las entidades federativas dependen financieramente de las transferencias del gobierno federal”.
Ramírez Cuéllar señala que una de las formas de combatir la desigualdad y contar con mayores fuentes de financiamiento público es el fortalecimiento de la autonomía fiscal de los gobiernos subnacionales. Esto no solo aumentaría sus recursos disponibles, sino que también fomentaría el desarrollo local. Por otro lado, se requiere de un rediseño constitucional para construir un sistema fiscal progresivo; es decir, un modelo tributario en el que se grave más a los grupos sociales que tienen mayores ingresos.
“Una reforma fiscal progresiva tiene sentido cuando se observan los altos niveles de concentración de la riqueza. En México, 60 de cada 100 pesos de la riqueza privada nacional están en manos del 0.23% de la población, mientras que más del 40% de la población vive por debajo de la línea de pobreza.
“La progresividad fiscal no es solo un tema técnico, es un principio de justicia social. En un país donde una pequeña porción de la población concentra una parte desproporcionada de los recursos, el diseño de un sistema tributario más equitativo es una necesidad ineludible. No se trata únicamente de recaudar más, sino de redistribuir mejor, garantizando que los beneficios del crecimiento económico lleguen a todos los sectores de la población”.
Finalmente, señala que México tiene la oportunidad de emprender una transformación fiscal que fortalezca al Estado, reduzca las brechas sociales y siente las bases para un desarrollo más equitativo. Las decisiones que se tomen hoy, puntualizó, no solo definirán el presente, sino también el futuro de generaciones completas. Es hora de priorizar la justicia fiscal como un pilar fundamental del progreso nacional.