Vamos por la reforma al Poder Judicial: diputado Hamlet García Almaguer

Hay tal abuso de la figura del amparo, de las acciones de inconstitucionalidad, de controversias constitucionales, o de fallos poco racionales de algunos jueces, que pareciera que el Poder Judicial ejerce una potestad que va más allá de sus facultades, incluso hasta la política se judicializa. La pregunta es si esta situación obedece a los contrapesos de un Estado democrático, o, por el contrario, se ha distorsionado la división de poderes al grado de que el Judicial ejerce su poder por encima de las decisiones de un Poder Legislativo.

De ello nos habla el diputado Hamlet García Almaguer (Morena), joven político de 35 años, exdirector Jurídico de la Autoridad del Espacio Público en la Ciudad de México, con una licenciatura en Derecho y maestría en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Panamericana.

El principio de división de poderes no implica impedir el diálogo democrático entre los distintos órganos del Estado; al contrario, la división de poderes implica colaboración, porque las problemáticas sociales tocan los tres poderes. Nosotros podemos legislar, pero si por la vía de los amparos, las acciones de inconstitucionalidad, controversias, el Poder Judicial invalida una norma, no podrá cambiar la situación de la sociedad.

“De la misma manera, si aprobamos leyes para el beneficio social, pero se carece de los recursos para que esa disposición pueda transformar la vida de las personas, es como si la norma no existiera. De ahí la importancia de que tomemos muy en cuenta las opiniones de la Secretaría de Hacienda sobre la suficiencia presupuestal. De otra manera, las leyes se convierten en letra muerta.

El diputado explica el abuso por parte del Poder Judicial debido a su origen antidemocrático. Los otros dos poderes son electos popularmente, mientras que los jueces se rigen bajo un mecanismo de designación.

A veces en ese mecanismo participan los otros poderes, como en el caso de los ministros de la Corte. Ahí el presidente propone una terna y el Senado elige, o para las magistraturas del Tribunal Electoral en el ramo federal, pero los jueces y magistrados de circuito y los magistrados de los tribunales unitarios son designados por concurso u otros esquemas implementados al interior del Poder Judicial. “Lamentablemente se han dado a conocer muchos casos de corrupción en la designación de jueces y todos ellos conocen de la materia de amparo.

“A raíz de esos casos de corrupción se han emprendido acciones dentro del Poder Judicial para intentar limpiarlo, pero han sido insuficientes, a pesar del esfuerzo que reconozco del ministro presidente, Arturo Zaldívar”.

Al referirse al ejercicio de la democracia en los poderes del Estado, plantea que en el caso del Congreso, para aprobar alguna propuesta de ley o reforma, se realiza un trabajo legislativo en democracia; “tenemos esa posibilidad, pero los jueces tienen un poder que va más allá; simplemente dictan un resolución que nadie puede desobedecer, algo muy distinto a los decretos y acuerdos que dicta el Ejecutivo, o a las leyes que nosotros aprobamos, y si una persona o un ciudadano desobedece una ley habrá consecuencias; sin embargo, las resoluciones del Poder Judicial simplemente son inatacables y ellos se atribuyen esas competencias; además, dictan resoluciones que los benefician y los fortalecen”.

Un solo juez puede desactivar una norma aprobada por 628 legisladores

Sobre la interacción de los poderes del Estado, el diputado expone que los jueces federales tienen la facultad de inaplicar normas.

—Resulta que un juez de primera instancia, una sola persona, puede desactivar una norma que fue aprobada por 628 legisladores. 500 diputados y 128 senadores. Después podrá venir un recurso de revisión y a lo mejor lo atrae la Suprema Corte, pero mientras tanto con esa facultad que tiene para conceder un amparo, abstrae la norma.

“En consecuencia, los grupos de interés ya vieron que no pueden transitar en el Poder Ejecutivo porque no hay corrupción, tampoco en el Poder Legislativo porque ya no hay moches, con la mayoría de Morena por lo menos; entonces intentan en el Poder Judicial y usan sus despachos y todos los recursos a su disposición. No descarto corrupción para el dictado de algunas sentencias.”

Pero no solo se trata de facultades constitucionales, también de particularidades y el ejercicio tradicional del poder. Así lo explica el diputado de Morena.

—La sala superior del tribunal quiere meterse en los asuntos internos del parlamento y decirnos cómo tenemos que integrar un órgano propio. Es como si nosotros decidiéramos cómo tienen que llevar sus finanzas o cómo se resuelve la adscripción de los jueces, qué juez va a cualquier plaza del país. Es una actuación injerencista y una invasión notable de facultades.

“En este momento hay una controversia constitucional que presentó el presidente de la Cámara de Diputados en contra de la sala superior del tribunal y lo más sano es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie, pero mientras tanto la sala superior ha emitido requerimientos, apercibimientos, que ya suenan a intimidación en contra de los miembros del parlamento para que hagamos lo que ellos quieren, cuando ellos quieren y como ellos quieren y ese no es un diálogo democrático.

“Ahora los jueces deciden a quién se tiene que vacunar, cómo, cuándo y dónde. Hay personas a las que se les ha suministrado dióxido de cloro, supuestamente para tratar el Covid, pero no es un medicamento, es una sustancia que puede causar daños a la salud, y todo por la resolución de jueces que se creen todólogos. Me parece que tienen que ser prudentes, cuidadosos y más respetuosos del principio de división de poderes. El principal atributo de un juez es la prudencia, por eso se habla de jurisprudencia, pero si tenemos un juez activista, protagónico, un juez militante, conservador, se pierde el principio de imparcialidad.”

El diputado Hamlet García Almaguer es muy claro cuando afirma que necesitamos una reforma judicial.

—Presenté una iniciativa en el periodo anterior para que los jueces y magistrados federales sean rotados a un circuito diverso que hay en cada estado. Hay estados pequeños, por ejemplo, Aguascalientes, en donde solamente hay seis u ocho jueces federales y esas personas lo deciden todo al interior de la entidad, al tiempo que van creando lazos de complicidad y de corrupción con la clase política.

Otro esquema, propone, es que los jueces sean electos, eso le daría un perfil democrático al Poder Judicial, que hoy no tiene. Yo he solicitado que se me informe cuántos jueces de origen indígena, o de pueblos originarios, existen en el país, cuántos son afromexicanos, que pertenecen a minorías étnicas; juezas, magistradas y ministras de la Corte son minoría clara y casi no hay jueces menores de 40 años. En general los jueces son personas ya mayores y plenamente conservadores.

¿Y qué tal el nepotismo? En el gremio jurídico al Poder Judicial se le conoce como el poder judicial familiar, “porque hay un grave problema con esa práctica, aceptada incluso por el presidente la Suprema Corte. Él ha dicho que hicieron una investigación interna y hay cientos de secretarios, proyectistas y funcionaros que son familiares de jueces y magistrados”.

Queremos una reforma de fondo, insiste García Almaguer, porque los grandes, graves y múltiples problemas que tiene este país no se pueden resolver con buenas intenciones o con la actividad meramente legislativa, porque es un proceso muy complicado, tardado y engorroso. Entonces parto de la idea de que vayamos a un congreso constituyente, para que tengamos una nueva Constitución; ahí podríamos dejar muy claras las reglas de este diálogo entre los diferentes poderes.

Falta colaboración entre poderes, pero también al interior del Congreso. Desde antes de 1997 hubo oposición de izquierda, pero a partir de 2018 la hay de derecha; sin embargo, la actitud es la misma, ven la colaboración como traición a sus principios políticos. ¿Cómo podemos interpretar la oposición al interior del Congreso?

—Me parece que ahí hay un desafío a la voluntad popular y por eso les va como les va en las urnas, por eso Morena tiene ahora 22 de 32 gubernaturas, porque la oposición no ha sabido leer, entender, cuál es la voluntad ciudadana. En otras democracias, cuando un partido obtiene la mayoría existe un voto de confianza, incluso de la oposición y todo el ánimo y la voluntad no de hacer lo que el partido mayoritario diga, sino de respetar la voluntad popular que se expresó en las urnas y que llevó a un partido obtener la mayoría.

“Pongo el ejemplo de la reforma eléctrica: el pueblo de México votó mayoritariamente por una plataforma nacionalista, que privilegiara la inversión pública sobre la inversión privada, por una plataforma que no ve a la energía como un negocio si no como un derecho.

“Tenemos del lado de la oposición a los cabilderos sentados en las curules de los diputados de la oposición, y ellos votando como se los instruye el sector privado, ni siquiera nacional, sino transnacional. Me parece que tienen un extravío. Están regateando lo que la ciudadanía decidió y ahí es donde se equivocan.

“Desde los primeros precedentes que existen de la Suprema Corte de Estados Unidos, hacen una valoración muy amplia de la línea política que marca el gobierno en turno, incluso cuando se trata de un tema de interés nacional o de seguridad nacional, o de la permanencia o la supervivencia del Estado, los jueces suelen tener deferencia hacia esas políticas.

“Por el contrario, en México parece que los jueces están realizando un trabajo militante, frenando las grandes obras de infraestructura de este sexenio, interviniendo en los asuntos internos del parlamento, prácticamente utilizando su espacio como una trinchera para frenar la 4T, pero la realidad es que esa oposición no va a vencer, ni siquiera la que están tomando los jueces, vamos a insistir en una reforma, primero la electoral que es importante e inminente, pero después una gran reforma al Poder Judicial.

¿Qué posibilidades de éxito hay? Porque si se requiere una reforma constitucional, Morena y sus aliados no tiene mayoría.

—Algunas cosas se pueden ajustar desde la legislación secundaria y la Ley Orgánica del Poder Judicial federal nos permite cierto margen, porque a diferencia de la materia electoral que tiene muchas derivaciones en la Constitución –es muy detallado el capítulo sobre el Instituto Nacional Electoral, los partidos–, las disposiciones sobre el Poder Judicial son muy breves, y en su Ley Orgánica habría margen para aplicar alguno de estos cambios; pero, reitero, por ahora es proponer y que la ciudadanía conozca lo que vamos a hacer, al igual que hicimos con la reforma eléctrica, vamos a salir a informar. Y ya serán los ciudadanos los que juzguen la actuación de sus representantes en el parlamento, y en su momento la ciudadanía va a emitir un juicio en las urnas.

Respecto de redactar una nueva Constitución, señala que éste es el momento adecuado en el nivel federal porque hay disposiciones que hay que actualizar, otras que quizá se tendrían que eliminar, otras que tendrían que incorporarse al nuevo texto, “y me parece que en todo el espectro político hay interés de muchos actores de poder llevar nuevas disposiciones a la Constitución, que se ha reformado cientos de veces desde 1917. Es un momento adecuado para tener una nueva. Muchos países de la región latinoamericana han redactado nuevas constituciones con muy buenos resultados; yo creo que lo podemos hacer igual. Puede ser la solución de largo plazo.

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