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Rendimiento institucional del combate a la corrupción en México


Juventina Bahena

El libro Rendimiento institucional del combate a la corrupción en México, coordinado por Fermín Edgardo Rivas Prats, David Cienfuegos Salgado, Ana Vanessa Cárdenas Zanatta y Cristina Abril Moreno Hernández, aporta ensayos de 19 investigadores de las ciencias sociales que se desempeñan en áreas estratégicas del Poder Legislativo, la academia y como funcionarios federales, actualmente o en el pasado, lo que significa haber observado muy de cerca el quid de este flagelo del que, prácticamente, ningún país se salva.
El estudio y análisis de las acciones anticorrupción y su efecto, tanto en instituciones burocráticas como fuera de ellas, hace notar el cambio de paradigmas y la integración de componentes éticos del quehacer político que no eran propios de la perspectiva neoliberal.

El texto es excepcional porque arroja luz sobre los enfoques que aborda y las esferas en que cada grupo social se desempeña, sea como gobierno, empresarios o sociedad.
Aunque no necesariamente se relacionan de manera directa, se impactan y afectan en una especie de onda expansiva mediante la corrupción que va desde lo cotidiano (en las “ventanillas”) en el ejercicio de la tramitología y que luego escala a un segundo nivel en el que participa la iniciativa privada en actos de colusión, cohecho, tráfico de influencias, conflictos de interés, lavado de dinero y demás actitudes corruptas.

Al tercer nivel lo identifican como corrupción estructural, “en la que están involucrados grupos políticos y empresariales en un contexto de acción global que actúan para modificar o crear estructuras institucionales o programas gubernamentales con el único propósito de promover ventajas económicas permanentes para una oligarquía bien definida en sectores estratégicos del Estado y de la economía: energía, impuestos, telecomunicaciones, infraestructura, alimentación, automotriz, etcétera”. Ésta es la más difícil de combatir, sancionar y desmontar.

La definición de este fenómeno se aborda desde los ángulos administrativo, económico, jurídico, social, cultural, politológico, pero en los que siempre hay dos actores: el que se corrompe y el corruptor.

También se analizan las reformas al marco jurídico del Estado y su poca efectividad, pese a la creación de los sistemas de transparencia y anticorrupción, desde el Ejecutivo. También se ocupan del Poder Legislativo donde las propuestas pasan por el tamiz del parlamento abierto como forma de participación ciudadana.

Los análisis son exhaustivos cualitativa y cuantitativamente, incluso se detallan casos de corrupción mediante fraudes y robo de identidad, como el que sucedió en el Infonavit, que costó a la institución cientos de millones de pesos y donde estuvieron involucrados funcionarios del propio organismo e integrantes del Poder Judicial local.

Incluso se propone un Sistema de Integridad Pública “que empiece por ‘pesar’ a los servidores públicos al inicio de la gestión y volverlos a ‘pesar’ una vez que la concluyan, con revisiones periódicas durante y después del ejercicio de funciones públicas”. Pero en todo se destaca la participación clave de la ciudadanía.

Consideran los investigadores que el “enfoque punitivo que se ha dado a este fenómeno por su naturaleza reactiva y no proactiva parte de delitos consumados, pero para migrar hacia un enfoque preventivo se deben estudiar los casos de corrupción con la lente del rediseño institucional para revisar cuáles son las áreas de oportunidad y cambio institucional que se requieren para ofrecer mejores resultados a la ciudadanía, al tiempo de auxiliarse del enfoque de servicios de inteligencia y de prevención de riesgos para prever y dar adecuado tratamiento a zonas en el mapa que permanecen en condiciones de riesgo o vulnerabilidad ante la corrupción”.

Lo que encontramos en el texto es una radiografía de la corrupción, su definición, identificación, clasificación, propuestas de solución y dificultades para lograrlo.


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